Eustacio Alcal¨¢, un defensor del territorio asesinado: radiograf¨ªa de una zona de guerra en Michoac¨¢n

Asesinaron a Eustacio Alcal¨¢ en Michoac¨¢n, a unos kil¨®metros de su casa, en Huizontla, en la regi¨®n Sierra Costa. Lo mataron a balazos, mientras llevaba en camioneta a unas misioneras, que hab¨ªan llegado a la zona en misi¨®n de evangelizaci¨®n. El s¨¢bado, un grupo armado intercept¨® el veh¨ªculo, dej¨® marchar a las religiosas y se llev¨® a Alcal¨¢, uno de los l¨ªderes m¨¢s destacados de su comunidad. Como el resto de sus vecinos, Alcal¨¢ participaba en la lucha de Huizontla contra la explotaci¨®n minera en su territorio.

Seg¨²n fuentes cercanas al l¨ªder comunitario y a las autoridades de Huizontla consultadas por EL PA?S, los atacantes lo estaban buscando. ¡°Cuando los interceptaron les preguntaron sus nombres. Y cuando escucharon el de Eustacio, le dijeron, ¡®a ti te est¨¢bamos buscando¡¯. Se lo llevaron¡±, explica una de las fuentes. Alcal¨¢ apareci¨® muerto este lunes, con varios disparos en su cuerpo, seg¨²n ha informado la Fiscal¨ªa local. Ten¨ªa 68 a?os.

Alcal¨¢ era una de las personas m¨¢s respetadas de Huizontla, comunidad nahua del municipio de Chinicuila, cerca de los l¨ªmites de Michoac¨¢n con Jalisco y Colima. De joven se fue a probar suerte a Estados Unidos. Le fue bien. Trabaj¨® all¨ª durante a?os y luego se jubil¨®. Sus hijos y su primera esposa decidieron quedarse all¨ª. Alcal¨¢ prefiri¨® volver a Huizontla, donde se junt¨® con otra mujer, con la que viv¨ªa hasta que lo mataron. Ambos subsist¨ªan de la pensi¨®n de Alcal¨¢ y del ma¨ªz que cultivaban en su huerto.

Parec¨ªa una buena soluci¨®n, al menos hasta la irrupci¨®n del crimen. Chinicuila, Coalcom¨¢n, Aguilla... La regi¨®n Sierra Costa y sus l¨ªmites con la regi¨®n de Tierra Caliente funciona desde hace a?os como escenario para la guerra de baja intensidad entre diferentes grupos criminales, el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG), por un lado, y Carteles Unidos, por otro, un remedo de viejas mafias locales.

Expresi¨®n algo ambigua, guerra de baja intensidad refiere aqu¨ª a una realidad que combina tranquilidad serrana, normalidad y rutina, con choques brutales y repentinos de autoridades con criminales y de delincuentes con delincuentes. As¨ª ocurri¨® en enero, por ejemplo, cuando presuntos integrantes del CJNG atacaron a militares en Coalcoman, algo al norte de Chinicuila. Al menos un militar muri¨® y seis resultaron heridos, en un ataque perpetrado poco despu¨¦s de la detenci¨®n de un cabecilla local del CJNG.

Pero no son solo los choques. Sin que haya un motivo probado, criminales atosigan, persiguen, atacan y desaparecen a l¨ªderes comunitarios en la zona. El caso de Alcal¨¢ es uno de tantos. Hace algo m¨¢s de dos meses, criminales se llevaron a Ricardo Lagunes y Antonio D¨ªaz Valencia de la misma zona. Lagunes es abogado y ha colaborado con varias organizaciones de defensa de derechos humanos en la regi¨®n. D¨ªaz, de 71 a?os, vecino de Aquila, comunidad aleda?a a Huizontla, ha criticado la actividad minera en su municipio. Ambos siguen desaparecidos

Con los tres, la pregunta es por qu¨¦ y por qu¨¦ ahora. La omnipresencia de siglas y reyertas, su asociaci¨®n con actividades delictivas, el narcotr¨¢fico, sin ir m¨¢s lejos, desv¨ªa la atenci¨®n de cuestiones m¨¢s mundanas. La dificultad de mapear las relaciones entre la industria extractiva en la zona y los grupos criminales deja a las comunidades en el limbo. La incapacidad de las autoridades para investigar y alumbrar esos v¨ªnculos -u otros, algunos, los que sean- acaba de dibujar una situaci¨®n de impunidad.

El litigio

Desde hace m¨¢s de diez a?os, Huizontla pelea contra la miner¨ªa. En 2012, la comunidad descubri¨® que un grupo de criminales estaba explotando de manera ilegal una mina en su territorio. ¡°Todos se organizaron¡±, explica Claudia Ignacia ?lvarez, de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoac¨¢n. ¡°Conformaron una guardia comunitaria y articularon una alianza con otras comunidades, caso de Ostula, Aquila y Coahuayana¡±, a?ade. ?lvarez y sus compa?eros acompa?an a la comunidad desde esa ¨¦poca.

Huizontla logr¨® echar a los criminales. A?os despu¨¦s, inici¨® un proceso para saber si el Gobierno hab¨ªa concedido esa u otras minas a empresas para que las explotaran. Fueran criminales o no, el tema era el mismo: el intento de extraer recursos de su territorio, a la brava, sin la reglamentaria consulta previa. En octubre de 2018, todav¨ªa durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), descubrieron que la Secretar¨ªa de Econom¨ªa hab¨ªa otorgado seis concesiones distintas a dos empresas, una, filial de la gigante ArcelorMittal, y otra, filial de Ternium, la empresa que explota la mina de Aquila.

Apoyada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro, la comunidad inici¨® un litigio legal para que se cancelaran o al menos se suspendieran las concesiones. En un escrito presentado ante un tribunal local, la comunidad contaba c¨®mo se hab¨ªa enterado de las concesiones y por qu¨¦, a su juicio, eran ilegales. No era un tema solo de la consulta a la comunidad, requisito para iniciar cualquier trabajo. Era conservar o no un sistema de vida. Las minas ¡°implican la destrucci¨®n material de nuestro territorio y la utilizaci¨®n de los recursos naturales que conforman nuestro territorio, los mismos que cuidamos y preservamos: el agua, bosques, pastizales y vegetaci¨®n en general que constituye nuestro h¨¢bitat¡±, lee el escrito. Uno de los firmantes era Eustacio Alcal¨¢.

A principios del a?o pasado el tribunal les dio la raz¨®n. Las concesiones quedaron suspendidas. La buena noticia para Huizontla fue adem¨¢s que el tribunal reconoc¨ªa los l¨ªmites territoriales que han defendido a lo largo de d¨¦cadas, siempre en duda por las sucesivas reformas agrarias que M¨¦xico ha vivido a lo largo del siglo XX. La mala noticia es que la Secretar¨ªa de Econom¨ªa, ya con Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador al frente del Gobierno, pidi¨® que se revisara la decisi¨®n.

Meyatzin Velasco, abogada del Centro Pro, explica que la insistencia de Econom¨ªa era pura estrategia. ¡°Si no pidieran que revisaran la decisi¨®n, ser¨ªa como reconocer que no est¨¢n consultando a las comunidades antes de entregar concesiones mineras y que no est¨¢n siguiendo los procedimientos que deben hacerse en casos as¨ª¡±, explica. Extra?a la actitud de Econom¨ªa, visto el impulso del mismo Gobierno a cambios en la Ley de Miner¨ªa, en una l¨®gica de respeto a pueblos y comunidades ind¨ªgenas. Por un lado, Econom¨ªa defiende concesiones irregulares. Por otro, el Ejecutivo trata de proteger a los pueblos de decisiones como las que tom¨® la dependencia. Los tribunales deber¨¢n resolver el entuerto en los pr¨®ximos meses.

El asesinato de Alcal¨¢ queda de momento en manos de la Fiscal¨ªa de Michoac¨¢n. En casos as¨ª, de todas formas, podr¨ªa intervenir la Fiscal¨ªa federal especializada en delitos contra la libertad de expresi¨®n. ¡°En la comunidad est¨¢n muy preocupados¡±, dice Velasco. ¡°En los ¨²ltimos meses, se ha incrementado la violencia. Durante mucho tiempo, se ha vivido una calma tensa, pero justo a finales del a?o pasado incrementaron amenazas contra la comunidad y contra algunas personas en concreto¡±, a?ade.

¡°En la Sierra Costa, el bien en disputa son los recursos minerales. En Huizontla se sabe que hay hierro y otros minerales. Pensamos que este crimen est¨¢ relacionado con la miner¨ªa, pero no tenemos pruebas¡±, dice Claudia ?lvarez, que se?ala viejas relaciones entre el crimen y empresas mineras. ¡°En 2012, se dec¨ªa que los camiones bajaban de la mina ilegal de Huizontla hacia las instalaciuones de Ternium. Recabamos testimonios que se?alaban esa relaci¨®n. No sabemos si ten¨ªa que ver con alianza, o con pago de piso. Pero asumimos que existe una relaci¨®n entre miner¨ªa y crimen en esta zona¡±, zanja.

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