De M¨¦xico a Chile, las crisis de seguridad consumen a Latinoam¨¦rica

Dos fotograf¨ªas han conectado en los ¨²ltimos d¨ªas los m¨¢s de 6.300 kil¨®metros que separan el Estado de Quintana Roo, en M¨¦xico, y Santiago de Chile. Las im¨¢genes son radicalmente distintas, pero hablan de lo mismo: una crisis de seguridad. En la primera, unos militares patrullan en las playas de uno de los para¨ªsos tur¨ªsticos de M¨¦xico. Del Caribe al Pac¨ªfico, de Canc¨²n a Acapulco, la consigna es la misma, proteger a los visitantes en plena temporada vacacional despu¨¦s de que la Semana Santa em...

Dos fotograf¨ªas han conectado en los ¨²ltimos d¨ªas los m¨¢s de 6.300 kil¨®metros que separan el Estado de Quintana Roo, en M¨¦xico, y Santiago de Chile. Las im¨¢genes son radicalmente distintas, pero hablan de lo mismo: una crisis de seguridad. En la primera, unos militares patrullan en las playas de uno de los para¨ªsos tur¨ªsticos de M¨¦xico. Del Caribe al Pac¨ªfico, de Canc¨²n a Acapulco, la consigna es la misma, proteger a los visitantes en plena temporada vacacional despu¨¦s de que la Semana Santa empezara con ocho asesinatos en esos dos destinos. La segunda instant¨¢nea muestra al presidente de Chile, Gabriel Boric, junto con los exmandatarios Sebasti¨¢n Pi?era, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, en el funeral de Daniel Palma, el tercer carabinero asesinado en poco m¨¢s de tres semanas.

Entre la militarizaci¨®n del litoral mexicano y esa se?al de unidad de la clase pol¨ªtica chilena se puede trazar una l¨ªnea imaginaria, que en realidad se hace muy palpable en el d¨ªa a d¨ªa de la regi¨®n. Atraviesa Centroam¨¦rica, Ecuador, Per¨² y se extiende hasta Colombia e incluso Argentina. Tras ella, el crimen organizado, la violencia, las mafias que explotan los flujos migratorios y la miseria complican los planes de los gobiernos, ralentizan las reformas y encabezan las listas de los principales problemas de los latinoamericanos. El caso m¨¢s flagrante del fen¨®meno, el m¨¢s reciente aunque en t¨¦rminos absolutos no tan profundo como en otros pa¨ªses, amenaza con provocar una crisis en la coalici¨®n de gobierno de Boric. Esta semana el bloque se rompi¨® en el Congreso ante la votaci¨®n de una ley que aumenta el poder de la polic¨ªa, que result¨® finalmente aprobada. El a?o pasado fue el m¨¢s violento de la ¨²ltima d¨¦cada en el pa¨ªs sudamericano, con una tasa de homicidios de 4,6 por cada 100.000 habitantes.

El dato se sit¨²a muy por debajo de los 40,4 que registr¨® Venezuela, pero representa una anomal¨ªa que pone en una situaci¨®n complicada al joven presidente de izquierdas. Esta emergencia se mezcla, adem¨¢s, con los desaf¨ªos migratorios. Los sospechosos del ¨²ltimo asesinato son venezolanos y ante la llegada masiva de extranjeros, el Ejecutivo ya ha desplegado al Ej¨¦rcito en la frontera norte. ¡°Cuando se trata del combate a la delincuencia en el Estado chileno no hay fisuras... No hay Gobierno y oposici¨®n, no hay izquierda ni derecha, no hay mayores ni j¨®venes. Estamos en esta cruzada todos unidos¡±, proclam¨® Boric esta semana. Seg¨²n una encuesta regional publicada a finales de febrero por la consultora Gallup, el 71% de los chilenos considera que la delincuencia se hab¨ªa disparado en los cuatro meses anteriores.

Esa percepci¨®n se intensifica hasta un 85% en Ecuador, uno de los pa¨ªses que, desde el comienzo de la pandemia de covid-19 hace justo tres a?os, vive una de las peores escaladas de violencia en la regi¨®n por el afianzamiento de las bandas criminales. Cerca de la mitad de la poblaci¨®n, un 48%, declara adem¨¢s que un miembro de su hogar fue v¨ªctima de un robo o de un atraco entre septiembre y diciembre de 2022. A ese panorama se suma el caos en la ciudad m¨¢s violenta del pa¨ªs, Guayaquil, donde se han perpetrado casi 600 asesinatos en menos de cuatro meses. Los equilibrios pol¨ªticos de Quito son muy distintos a los de Santiago y el presidente, el conservador Guillermo Lasso, acaba de autorizar a los ciudadanos a llevar armas. Una pol¨¦mica medida que echa para abajo una normativa dise?ada precisamente para contener la violencia: ahora cualquier ecuatoriano de m¨¢s de 25 a?os que supere unas pruebas psicot¨¦cnicas, entre otros requisitos, podr¨¢ tener acceso a una pistola.

Aunque Lasso y Boric se encuentran en las ant¨ªpodas ideol¨®gicas, los dos mandatarios tienen que lidiar con un elevado desgaste de popularidad reflejado por todas las encuestas. Donde, en cambio, apenas se percibe un retroceso de la aprobaci¨®n presidencial es en M¨¦xico. Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, que est¨¢ a punto de comenzar su ¨²ltimo a?o de mandato, cambi¨® radicalmente la estrategia de seguridad con respecto a sus antecesores Enrique Pe?a Nieto y Felipe Calder¨®n. El lema de ¡°abrazos, no balazos¡±, tan criticado por sus adversarios pol¨ªticos y que alud¨ªa a una pacificaci¨®n del pa¨ªs a trav¨¦s de una acci¨®n pol¨ªtica integral contra la pobreza en lugar del enfrentamiento directo con el crimen organizado, se ha estrellado no obstante con la realidad. El Gobierno ha tenido que hacer frente a una nueva guerra entre c¨¢rteles, un aumento sustancial de la migraci¨®n ¡ªlo que supone tambi¨¦n un incremento de la presencia de las mafias que explotan a los migrantes¡ª, la pandemia del fentanilo y unas presiones cada vez mayores de Estados Unidos, especialmente de los sectores m¨¢s radicales del Partido Republicano. Aunque los homicidios se redujeron el a?o pasado en un 7,1%, seg¨²n el Gobierno, las cifras siguen siendo estratosf¨¦ricas y desalentadoras: 30.968 personas. Y con vistas a las elecciones de 2024, la inseguridad encabeza las inquietudes de los ciudadanos.

L¨®pez Obrador no ha sido el ¨²nico mandatario en buscar un enfoque estructural de paz. El proyecto de la llamada ¡°paz total¡± que persigue el colombiano Gustavo Petro pasa ahora, en un pa¨ªs que est¨¢ saliendo de m¨¢s de medio siglo de conflicto entre el Estado y las FARC, por un momento especialmente delicado. El atentado que hace dos semanas mat¨® a nueve militares complica las conversaciones con el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), la guerrilla en activo m¨¢s antigua de Am¨¦rica. Y el propio mandatario no ocult¨® su profundo enfado. ¡°Est¨¢ enfurecido¡±, lleg¨® a trasladar su entorno.

Venezuela encabeza desde hace d¨¦cadas las estad¨ªsticas de la violencia en Am¨¦rica Latina, pero su poblaci¨®n, que est¨¢ experimentando una palpable mejora econ¨®mica tras la reanudaci¨®n del negocio petrolero entre el Ejecutivo de Nicol¨¢s Maduro y Estados Unidos, no est¨¢ tan preocupada como en los pa¨ªses vecinos. Un 35% de los venezolanos tiene una percepci¨®n de incremento de la delincuencia en su comunidad. Esto es, muy por debajo de Per¨² (un 79%), que desde el autogolpe fallido de Pedro Castillo en diciembre tiene un Gobierno d¨¦bil que se ha centrado en aislarse y en reprimir las protestas. Pero los ¨ªndices de percepci¨®n de la inseguridad de Venezuela quedan lejos tambi¨¦n de un destino que fue tradicionalmente un oasis: Costa Rica. El pa¨ªs centroamericano, que aboli¨® el ej¨¦rcito hace 75 a?os, registr¨® un aumento de los asesinatos en un 66,5% desde 2012.

La violencia y el crimen organizado no dan tregua a ning¨²n Gobierno. El narco, especialmente la organizaci¨®n conocida como Comando Vermelho, est¨¢ ganando terreno en R¨ªo de Janeiro y el presidente de Brasil, Luiz In¨¢cio Lula da Silva, rescat¨® hace semanas su antiguo plan de seguridad p¨²blica. Pero tambi¨¦n Argentina vive en alerta y el Congreso ha aprobado un plan para reforzar la seguridad en la ciudad de Rosario, que fue escenario hace un mes de un ataque a un supermercado de los suegros de Lionel Messi.

La excepci¨®n es El Salvador, donde, seg¨²n reconoce InSight Crime, ¡°la ofensiva directa del Gobierno contra las pandillas caus¨® una dr¨¢stica reducci¨®n en las tasas de homicidios, aunque presuntamente a costa de violaciones sistem¨¢ticas a los derechos humanos¡±. ¡°Cero homicidios¡± o ¡°el mes m¨¢s seguro¡±, suele presumir Nayib Bukele a trav¨¦s de las redes sociales. La otra cara de la moneda es la represi¨®n y, seg¨²n denuncian organizaciones como Human Rights Watch, un c¨²mulo de abusos en la huida hacia adelante de un presidente que cambi¨® las reglas del juego constitucionales para reelegirse.

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