L¨®pez Obrador contesta a la Suprema Corte y blinda por decreto la informaci¨®n del Tren Maya
Unas horas despu¨¦s de que el alto tribunal invalidara el acuerdo de 2021, el presidente publica uno nuevo para proteger como seguridad nacional al Corredor Interoce¨¢nico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque
Solo unas horas ha tardado el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en contestar a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN). Este jueves a medio d¨ªa, el pleno del alto tribunal ha declarado inconstitucional el acuerdo que proteg¨ªa los grandes proyectos del Gobierno al considerarlos seguridad nacional. Los ministros han argumentado que el decreto, publicado en 2021, vulneraba el derecho de acceso a la informaci¨®n, por lo que votaron por invalidarlo. Sin embargo, esta misma tarde, en el Diario Oficial de la Federaci¨®n se ha notificado un decreto de art¨ªculo ¨²nico en el que el presidente blinda el Tren Maya, el Corredor Interoce¨¢nico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, de nuevo, como proyectos de inter¨¦s p¨²blico.
¡°Son de seguridad nacional y de inter¨¦s p¨²blico la construcci¨®n, funcionamiento, mantenimiento, operaci¨®n, infraestructura, los espacios, bienes de inter¨¦s p¨²blico, ejecuci¨®n y administraci¨®n de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoce¨¢nico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo¡±, se lee en el documento. Con esto, L¨®pez Obrador protege la informaci¨®n relativa a los cinco grandes proyectos sin finalizar que le quedan en su sexenio.
En el decreto se detalla porque se consideran seguridad nacional los proyectos: el Tren Maya por ser el proyecto de infraestructura m¨¢s importante del Gobierno, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum ¡°por su ubicaci¨®n geogr¨¢fica¡± clave ¡°para la vigilancia y control del espacio a¨¦reo en la frontera sur¡± y el Corredor Interoce¨¢nico, del Istmo de Tehuantepec, porque permite comunicar el oc¨¦ano Pac¨ªfico con el golfo de M¨¦xico y el Atl¨¢ntico.
As¨ª, el presidente es m¨¢s espec¨ªfico de lo que fue en el de 2021, ahora tumbado, en el que se inclu¨ªa a todos los proyectos relacionados con el sector ¡°aduanero, fronterizo, hidr¨¢ulico, h¨ªdrico, medio ambiental, tur¨ªstico, salud, v¨ªas f¨¦rreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energ¨¦tico, puertos y aeropuertos¡±. Esa generalidad ha sido uno de los argumentos esgrimidos por los ministros para invalidarlo.
¡°Es inconstitucional este acuerdo, porque su amplitud y su ambig¨¹edad obstaculizan e inhiben el acceso a la informaci¨®n de toda la ciudadan¨ªa respecto de las obras del Gobierno de M¨¦xico¡±, ha expuesto el ministro ponente del proyecto Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara Carranc¨¢. ¡°El acuerdo es en tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho de acceso a la informaci¨®n p¨²blica y transparencia, que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la informaci¨®n, adem¨¢s de que en la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa del proyectos u obras¡±, ha a?adido.
Con los votos a favor de ocho ministros y tres en contra ¡ªde Arturo Zald¨ªvar, Yasm¨ªn Esquivel y Loretta Ortiz¡ª, la SCJN ha dado esta ma?ana la raz¨®n al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que fue quien impugn¨® el decreto en diciembre de 2021. A diferencia de lo que ocurri¨® entonces, el organismo aut¨®nomo no puede impugnar ahora el nuevo decreto.
El INAI se encuentra paralizado desde abril, puesto que necesita que se nombren a los tres comisionados que faltan en su pleno, que se compone de siete. Los anteriores terminaron su mandato y desde entonces, Morena est¨¢ bloqueando en el Senado los nuevos nombramientos, como parte de la estrategia del Gobierno contra el INAI, al que acusan de ser un gasto innecesario. As¨ª, el pleno no sesiona desde hace m¨¢s de un mes porque no tiene qu¨®rum. Solo el pleno, ni siquiera el Consejo Consultivo del INAI, puede presentar una acci¨®n de inconstitucionalidad como la que se necesitar¨ªa para impugnar este nuevo acuerdo.
La respuesta directa de L¨®pez Obrador a la Suprema Corte se ha convertido en otro ejemplo de la guerra abierta que el presidente mantiene con el poder judicial. Desde la entrada de Norma Pi?a como presidenta de la SCJN, las fricciones con el Ejecutivo no han dejado de escalar. Esta ¨²ltima semana, el mandatario se ha lanzado contra los privilegios de los ministros y ha propuesto que su nombramiento sea elegido por medio de una consulta popular.
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