Los archivos del Ej¨¦rcito marcan el l¨ªmite del poder de L¨®pez Obrador

Las ¨²ltimas tres semanas de gresca pol¨ªtica en M¨¦xico han servido para constatar, de nuevo, el poder del Ej¨¦rcito en el pa¨ªs. Equipos de investigadores dentro y fuera del Gobierno han denunciado las trabas que militares han puesto a su trabajo, en investigaciones paradigm¨¢ticas de violaciones a derechos humanos, cometidas en los ¨²ltimos 60 a?os. Desde Palacio Nacional, patrocinador de estas investigaciones, la respuesta ha sido criticar a los expertos, huir del detalle y se?alar conspiraciones.

Es dif¨ªcil criticar los esfuerzos del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en la materia estos a?os, por lo menos al principio. Entre 2018 y 2021, creo dos comisiones de la verdad, una para el caso Ayotzinapa, y otra para los cr¨ªmenes cometidos durante la Guerra Sucia. Tambi¨¦n apadrin¨® el nacimiento de una unidad especial en la Fiscal¨ªa para el caso Ayotzinapa y la vuelta de un grupo de investigadores independientes, el GIEI, para ayudar en las pesquisas. La voluntad exist¨ªa y las v¨ªctimas y sus familias, en ambos casos, dejaron volar el optimismo.

Los logros han sido importantes estos a?os. En el marco de los trabajos sobre la Guerra sucia, el presidente de la comisi¨®n, Alejandro Encinas, inform¨® ayer de avances en la presentaci¨®n de su primer informe. Destaca el hallazgo de siete osamentas de un grupo de personas represaliadas en 1971, por su supuesta cercan¨ªa con la guerrilla. Sobre el caso Ayotzinapa, caso pol¨¦mico donde los halla, los equipos de investigaci¨®n lograron ubicar restos de dos de los 43 estudiantes desaparecidos y la detenci¨®n de actores importantes. Pero al final, en ambos casos, los esfuerzos han topado con el Ej¨¦rcito, incapaz de abrir sus archivos sin condiciones.

Ante las peticiones de los investigadores, el Ej¨¦rcito ha contestado que carece de lo demandado. Se trata de documentos de la Guerra Sucia y el caso Ayotzinapa, importantes para conocer lo ocurrido, las consecuencias de la contrainsurgencia y el destino de los 43. Los investigadores han denunciado que mando militares han movido la documentaci¨®n requerida para evitar su consulta, la han manipulado y censurado. Pero L¨®pez Obrador, que ha llegado a insistir a la c¨²pula militar en la apertura de los archivos castrenses, ha acabado por aceptar su versi¨®n: todo lo que hay se ha dado.

Al mandatario le han molestado las interpretaciones que han surgido a su respuesta, aquello de que el Ej¨¦rcito, en cuestiones l¨ªmite, no le hace caso. Le desobedece. Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, L¨®pez Obrador ha insistido varias veces en que ¨¦l es el ¨²nico que manda y que los militares le hacen caso. Aparece as¨ª un vac¨ªo inefable: el espacio entre las concreciones de los investigadores sobre los obst¨¢culos castrenses y la negativa inapelable del mandatario.

No hay experto que valga para L¨®pez Obrador si sus pesquisas muestran mala praxis militar. No importa si dependen de equipos de investigaci¨®n enraizados en la jerarqu¨ªa gubernamental, como la comisi¨®n para la Guerra Sucia, o si son independientes, como el GIEI, que ha investigado el caso Ayotzinapa estos a?os, comisionado por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA). De hecho, la filiaci¨®n del GIEI se ha convertido, solo a partir de su salida en julio y las cr¨ªticas a la opacidad castrense, en un motivo de cr¨ªtica para el mandatario.

Tampoco importa el nivel de detalle de las denuncias de los investigadores, basadas en argumentos desgranados exhaustivamente, en informes hechos p¨²blicos estos meses. Se ignoran los argumentos y se trata de zanjar el debate a golpe de frases terminales. ¡°Esos documentos no existen, el Ej¨¦rcito est¨¢ colaborando¡±, ha dicho el mandatario, indistintamente, interpelado por las cr¨ªticas de los investigadores a la Secretar¨ªa de la Defensa, precisamente por el caso Ayotzinapa y la Guerra Sucia.

Conversaciones entre el narco y la polic¨ªa

Los primeros en expresar sus cr¨ªticas estos a?os han sido los integrantes del GIEI, grupo de expertos respetado a nivel internacional, cuya presencia en M¨¦xico respond¨ªa al deseo de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, en el Estado de Guerrero, en septiembre de 2014. El GIEI investig¨® el caso en una primera etapa entre 2015 y 2017, aun con Enrique Pe?a Nieto en el Gobierno (2012-2018). A su llegada, L¨®pez Obrador dio un nuevo impulso a las pesquisas, cre¨® una comisi¨®n de la verdad, y pidi¨® la vuelta del GIEI. Sus integrantes accedieron. De 2019 a mediados de 2022, el GIEI, la comisi¨®n, que tambi¨¦n preside Alejandro Encinas, y la unidad especial de la Fiscal¨ªa, investigaron de manera paralela el caso.

De los avances de estos a?os, tanto la comisi¨®n como el GIEI han destacado el hallazgo de dos documentos en el archivo militar, que recog¨ªan intercepciones de comunicaciones a cuatro integrantes de la red criminal de Iguala, perpetradora del ataque contra los estudiantes. Se trata de dos conversaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, n¨²cleo de la red criminal, y polic¨ªas municipales, una del mismo d¨ªa del ataque, el 26 de septiembre de 2014, y otra del 3 de octubre. En la primera conversaci¨®n, por ejemplo, un polic¨ªa y un criminal hablan de un grupo de 17 estudiantes, parte de los 43, encerrados en una cueva, y su posible destino.

El contenido de estas conversaciones prueba que el Ej¨¦rcito estaba espiando en tiempo real los intercambios de los criminales que atacaron a los estudiantes. La pregunta l¨®gica apuntaba al resto de conversaciones que intercept¨® en la ¨¦poca, a los documentos en que habr¨ªa quedado fijado su contenido y, finalmente, su ubicaci¨®n. Hasta su salida en julio, el GIEI dedic¨® su tiempo a tratar de contestar estas preguntas. El grupo denunci¨® que las evasivas, negativas y maniobras de mandos militares han impedido contestarlas, de momento. En julio, decidieron dejar el caso. A partir de entonces, las cr¨ªticas de L¨®pez Obrador arreciaron.

Los l¨ªmites del aparato contrainsurgente

Esta semana, uno de los cinco equipos de trabajo de la comisi¨®n para la Guerra Sucia, el Mecanismo para el Esclarecimiento Hist¨®rico (MEH), aprovech¨® la presentaci¨®n del primer informe de la matriz, para divulgar un documento de denuncia sobre las trabas del Ej¨¦rcito a su trabajo. La labor del MEH consiste en fijar los l¨ªmites del aparato contrainsurgente del Estado entre 1965 y 1990. Entender qu¨¦ agentes, de qu¨¦ agencias de seguridad, atacaron a disidentes pol¨ªticos, d¨®nde y c¨®mo; calcular la cantidad de asesinados, de desaparecidos, de torturados; establecer la geograf¨ªa de la represi¨®n; entender qu¨¦ otros delitos ampar¨® la lucha contra la izquierda, contra qu¨¦ personas, etc¨¦tera¡­

As¨ª, el Ej¨¦rcito acept¨® abrir sus archivos y colaborar con la comisi¨®n y con el MEH. Y as¨ª fue hasta que el Ej¨¦rcito consider¨® que el MEH ped¨ªa documentos que trascend¨ªan el mandato de la comisi¨®n, cerr¨¢ndose a su entrega. Eso en el mejor de los casos, porque el MEH ha denunciado tambi¨¦n que ¡°las personas archivistas militares revolvieron y alteraron el contenido de al menos nueve expedientes¡± de los requeridos.

Y m¨¢s irregularidades. ¡°La Sedena ha apelado a la protecci¨®n de datos personales, a la seguridad nacional, a la conservaci¨®n de buenas relaciones con otros pa¨ªses y al hecho de que solo puede obedecer aquello que se le ha mandado, para negar la revisi¨®n de expedientes y documentos¡±, dice el MEH. En este sentido, la Sedena niega documentos posteriores a 1990, aunque traten casos de d¨¦cadas anteriores, o niega documentos que contienen informaci¨®n de posibles perpetradores o mandos militares de la ¨¦poca, con la excusa de que primero tendr¨ªa que pedirles permiso.

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