Los a?os m¨¢s oscuros de M¨¦xico permanecen en la impunidad

Martha Camacho Loaiza dio a luz a su primer hijo en la oscuridad de un cuartel militar donde estuvo en cautiverio durante 50 d¨ªas en los a?os de la Guerra Sucia. El 19 de agosto de 1977, ella y su esposo Jos¨¦ Manuel Alapizco fueron sacados a la fuerza de su casa en Culiac¨¢n, la capital de Sinaloa (noroeste de M¨¦xico), por polic¨ªas judiciales y militares. En ese entonces ella era estudiantes de Econom¨ªa y ¨¦l profesor en la Universidad Aut¨®noma de Sinaloa. Ambos eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo subversivo que buscaba un cambio social. El 29 de septiembre, en condiciones insalubres y de tortura, Martha dio a luz a un ni?o al que llam¨® Miguel. ¡°Me encontraba vendada de los ojos y amarrada de las manos. Al nacer me descubrieron los ojos s¨®lo para que viera que mi hijo ten¨ªa una ametralladora apunt¨¢ndole en su cabeza¡±, relata a este diario la mujer de 62 a?os.?

Cuando fue liberada, ante el miedo de que su hijo fuera secuestrado, tom¨® la decisi¨®n de no ponerle el apellido de su padre. Hasta los 15 a?os Miguel conoci¨® la historia de sus padres en esos a?os de persecuci¨®n policial. En el 2000, cuando lleg¨® la alternancia pol¨ªtica encabezada por el presidente Vicente Fox del conservador PAN y prometi¨® castigar los delitos cometidos en el pasado, Martha pens¨® que por fin se iba lograr justicia. ¡°Yo pens¨¦ inocentemente que al llegar al poder el PAN se iban a evidenciar los actos de injusticia que se cometieron en el pasado (con el PRI) y se podr¨ªa llevar a juicio a los perpetradores¡±, cuenta la v¨ªctima de la llamada guerra sucia.

En 2001,?en plena transici¨®n democr¨¢tica despu¨¦s de 70 a?os de gobiernos del PRI, Fox?cre¨® la Fiscal¨ªa Especial para los Movimientos Sociales y Pol¨ªticos del Pasado (Femospp) para investigar una de las etapas m¨¢s oscuras en la historia de M¨¦xico. La instancia represent¨® la esperanza para cientos de v¨ªctimas como Martha que anhelaban castigos para los altos mandos del Estado mexicano que en los a?os 60, 70 y 80 criminalizaron y combatieron a grupos estudiantiles, sociales y algunos movimientos armados que protestaban contra el autoritarismo.

Tras a?os de vivir tortura psicol¨®gica a trav¨¦s de llamadas intimidatorias, mensajes hostiles hechos con recortes de peri¨®dicos y autos que vigilaban su domicilio, finalmente en 2002 Martha decidi¨® presentar su denuncia, pero su caso nunca avanz¨®.?La Fiscal¨ªa especial se disolvi¨® en 2007 --tras acabar el Gobierno de Fox-- dejando inconclusos?570 expedientes, entre ellos el de Martha. Las indagatorias fueron enviados a una instancia de la Fiscal¨ªa General (Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, PGR). A m¨¢s de once a?os de que la PGR retom¨® las indagatorias los avances son nulos, se desprende de un oficio otorgado por la PGR a este diario en respuesta a una petici¨®n de informaci¨®n. Ning¨²n caso ha llegado a manos de un juez y mucho menos se ha logrado una sentencia. Adem¨¢s 234 expedientes contin¨²an en ¡°integraci¨®n¡±, en 169 se determin¨® el no ejercicio de la acci¨®n penal (se dio carpetazo definitivo), y el resto est¨¢n pr¨¢cticamente archivados.

La batalla legal de Martha

En 2012, despu¨¦s de que el expediente de Martha estuviera diez a?os en investigaci¨®n, la PGR decret¨® el no ejercicio de la acci¨®n penal. Los delitos que se investigaban bajo el C¨®digo Penal de Sinaloa, como el de privaci¨®n ilegal de la libertad, s¨®lo castigaba a particulares y no inclu¨ªa a los servidores p¨²blicos, mientras que los de homicidio y abuso de autoridad, ya hab¨ªan prescrito. ¡°Lo ¨²nico que llegaron a hacer fue una reconstrucci¨®n de los hechos, pero s¨®lo fuimos revictimizados¡±, recalca.

Martha, con apoyo del Centro Prodh, puso un amparo en contra del carpetazo decretado por la PGR. En 2014 obtuvo un fallo a su favor y logr¨® que el caso de su esposo fuera considerado por la autoridad judicial como crimen de lesa humanidad, el cual no es prescriptible. Ante el fallo, la PGR se vio obligada a reabrir el expediente. ¡°Desde hace m¨¢s de tres a?os de que el caso se reabri¨® no hay avances. Hace semanas fui a ver c¨®mo iban y s¨®lo han mandado algunos oficios dirigidos a los panteones a ver si hay una fosa com¨²n, al hospital civil de Culiac¨¢n para preguntar si recibieron el cuerpo de mi esposo, pasos muy lentos¡±, lamenta la historiadora.

El fracaso de una fiscal¨ªa medi¨¢tica

El tema m¨¢s ambicioso que lider¨® la llamada Femospp fue la investigaci¨®n de la represi¨®n ejercida por las fuerzas gubernamentales en contra del movimiento estudiantil de 1968 y que culmin¨® con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de ese a?o. Tambi¨¦n recogi¨® denuncias de hechos pol¨ªticos y sociales ocurridos en todo el pa¨ªs, como los homicidios de presuntos militantes y simpatizantes del izquierdista PRD ocurridos en 22 estados, los homicidios de diversos estudiantes ocurridos en la Universidad Aut¨®noma de Sinaloa, la muerte de siete campesinos en Sonora que hab¨ªan invadido un predio y fueron desalojados a balazos por polic¨ªas judiciales, y la persecuci¨®n de los grupos insurgentes en Guerrero, entre otros cientos de casos.

Antes de que la Femospp fuera disuelta, lo ¨²nico que consigui¨® fue llevar a tribunales al expresidente Luis Echeverr¨ªa por la matanza de estudiantes, pero tras a?os de litigio, el exgobernante fue exculpado, sepultando con ello la esperanza de justicia. En los 570 asuntos que dej¨® inconclusos la Fiscal¨ªa especial se denunciaron casos de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, ilegalmente detenidas, o sujetas a hostigamiento y vigilancia por fuerzas militares y de seguridad. Entre los perpetradores investigados hab¨ªa miembros del Ej¨¦rcito mexicano, de la extinta Direcci¨®n Federal de Seguridad, de la PGR y de la Fiscal¨ªa de Ciudad de M¨¦xico, as¨ª como polic¨ªas estatales y municipales.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que uno de los motivos de su fracaso fue no tomar en cuenta el contexto hist¨®rico en el que ocurrieron los hechos. Las investigaciones obviaron el patr¨®n sistem¨¢tico de represi¨®n y violaciones a los derechos humanos en contra de quienes se opon¨ªan al r¨¦gimen en esos a?os, ha sostenido el Centro Prodh, una organizaci¨®n que ha dado seguimiento a los casos. S¨®lo algunas de ellas fueron abiertas por el delito de desaparici¨®n forzada y un par, como las que se abrieron para investigar la matanza de estudiantes en 1968 y 1971, por genocidio.

Luis Tapia Olivares, coordinador del ¨¢rea de Defensa del Centro Prodh, explica que se omiti¨® caracterizar los hechos investigados como cr¨ªmenes de lesa humanidad y en su lugar la mayor¨ªa de las averiguaciones previas fueron abiertas por delitos comunes sujetos al r¨¦gimen de prescripci¨®n. ¡°En vez de calificar como tortura, lo tipifican como lesiones. A una desaparici¨®n forzada la califican como privaci¨®n ilegal de la libertad y una ejecuci¨®n arbitraria como un homicidio, entonces esos delitos ciertamente prescriben¡±, detalla.

Durante los a?os que la Femospp recibi¨® cientos de denuncias, s¨®lo hizo Investigaciones de gabinete, donde s¨®lo se enviaban oficios y no se investigaba en el lugar de los hechos, reprocha el defensor que ha acompa?ado a diversas v¨ªctimas. ¡°Se present¨® una oportunidad hist¨®rica y hubo una promesa del presidente Fox de investigar los delitos del pasado, pero termin¨® siendo una promesa vac¨ªa¡±, asevera. Uno de los mayores obst¨¢culos que se tuvieron para poder documentar las indagatorias fue el Ej¨¦rcito mexicano, que fue opaco a la hora de entregar sus archivos hist¨®ricos. Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa siempre careci¨® de independencia, capacidad t¨¦cnica y personal, asegura.

La Coordinaci¨®n General de Investigaci¨®n, la instancia de la PGR que retom¨® los expedientes, sufre de los mismos vicios que la Femospp, explica Tapia Olivares: hay m¨¢s altos mandos que ministerios p¨²blicos investigando los hechos. ¡°Esta coordinaci¨®n se hizo cargo de los casos porque iba a ser muy grave que se cerraran todas las investigaciones, entonces una forma de administrar la demanda de justicia, fue trasladarlos ah¨ª, pero no es una oficina sustantiva donde se tenga una pol¨ªtica de investigaci¨®n de los hechos y se est¨¦ buscando identificar responsables y llegar a la verdad, sino que se hacen investigaciones de tr¨¢mite¡±, sostiene.

La guerra sucia en Guerrero

La PGR ha archivado casi todas las averiguaciones, pero resguarda en su acervo documental cerca de 20.000 fojas que fueron los insumos que la Femospp us¨® al indagar los cr¨ªmenes. Uno de los expedientes consultados por este medio brinda detalles de la llamada operaci¨®n Telara?a, el primer plan contraguerrillero secreto orquestado desde el Estado en contra de civiles. Su objetivo era erradicar a la guerrilla encabezada por Lucio Caba?as, un maestro del Estado de Guerrero que se form¨® en la Normal Rural de Ayotzinapa (donde estudiaban tambi¨¦n los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014) y que fund¨® el partido de los pobres, una organizaci¨®n pol¨ªtica que se convirti¨® en?un movimiento armado.

En el expediente, compuesto por partes militares, se documenta c¨®mo en la b¨²squeda de estos guerrilleros, los militares detuvieron, torturaron y mataron a campesinos, muchos de los cuales no ten¨ªan nexos con Caba?as y su gente. En 1974, en plena Guerra Sucia en Guerrero, las denuncias en contra del Ej¨¦rcito no cesaban. En uno de los reportes se lee que un campesino originario de Atoyac de ?lvarez levant¨® un acta ante el agente del ministerio p¨²blico local para denunciar que unos quince elementos del Ej¨¦rcito llegaron a su poblado y entraron a varias casas a sacar a los habitantes con brutalidad. ¡°Se llevaron a seis personas a la cancha de juego del poblado y ah¨ª fueron masacrados, posteriormente detuvieron a otros pobladores, que despu¨¦s de haber sido golpeados brutalmente fueron puestos en libertad¡±, se expon¨ªa en el parte policial.