Texcaltitl¨¢n: cuando un Estado pierde el control territorial

El poder institucional puede presumir de que controla el presupuesto de este pa¨ªs, pero no puede reivindicar algo tan b¨¢sico como tener el control del territorio. Esta es una de las realidades m¨¢s amargas de la actualidad mexicana. Las instituciones est¨¢n all¨ª, s¨ª, solo que llegan hasta donde llegan y nada m¨¢s. Y eso excluye vastas ¨¢reas geogr¨¢ficas en las que imperan otros poderes, es decir, el crimen organizado. Los alcances de los grupos de delincuentes son asombrosos y no se limitan al tr¨¢fico de sustancias ilegales. Tambi¨¦n abarcan la extorsi¨®n, el cobro de ¡°derecho de piso¡± urbano (al comercio) y rural (a comunidades), el tr¨¢fico de personas, la ¡°orde?a¡± de la delincuencia ¡°com¨²n¡±, el apropiamiento de negocios leg¨ªtimos, etc¨¦tera.

Un ejemplo del hartazgo de la poblaci¨®n contra este tipo de situaciones reiteradas son los hechos ocurridos en Texcaltitl¨¢n, Estado de M¨¦xico, en los que un enfrentamiento entre pobladores y presuntos integrantes de la Familia Michoacana dio como resultado catorce muertos, entre ellos un supuesto l¨ªder del grupo delincuencial, de nombre Rigoberto de la Sancha Santill¨¢n, apodado como el ¡°Payaso¡±.

La gente de la Familia Michoacana, seg¨²n las versiones de prensa, lleg¨® al pueblo a pedir ¡°el piso¡± de la m¨¢s reciente cosecha. Pero fueron atacados por una nutrida multitud de pobladores, mujeres y hombres unidos. Once de los presuntos criminales murieron, igual que tres de los habitantes de Texcaltitl¨¢n.

Esta no es una historia aislada. A la extorsi¨®n, tristemente habitual en amplias zonas del pa¨ªs, en sus cuatro puntos cardinales, se han ido sumando, cada vez con mayor frecuencia, levantamientos de civiles cansados de la inacci¨®n de las autoridades y del control casi absoluto que ejercen las bandas. Esto significa un doble fracaso de las instituciones y una muestra del naufragio del Estado de Derecho: primero, porque las autoridades no son capaces de garantizar la seguridad plena, el derecho a la vida y a la propiedad de la gente; segundo, porque tampoco son capaces de actuar para que no se produzcan linchamientos, sino que se limitan a lamentarlos.

El aumento de las acciones violentas, en las que los ciudadanos toman en sus propias manos la defensa de sus patrimonios y vidas, al margen de las corporaciones policiales y los cuerpos de seguridad del Estado, no deja de crecer. Seg¨²n cifras manejadas por investigadores de la Universidad Aut¨®noma Metropolitana y publicadas en junio pasado, entre 2016 y 2022 se produjeron 1,423 linchamientos en el pa¨ªs, m¨¢s otros 196 que no llegaron a consumarse. El altiplano mexicano, es decir, los estados de M¨¦xico (en donde est¨¢ Texcaltitl¨¢n), Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, con la adici¨®n de Oaxaca, en el sur, concentraron el 75 por ciento de los casos.

El tema del control territorial est¨¢ completamente fuera de la agenda para las elecciones federales de 2024 y, sin embargo, ser¨¢ uno de los mayores dolores de cabeza para quien sea que herede el poder de la actual administraci¨®n. Porque es un problema complejo en extremo y est¨¢ en el coraz¨®n de la inseguridad y la ola de violencia bajo cuyo pie vive el pa¨ªs hace a?os.

La transformaci¨®n de la Polic¨ªa Federal en Guardia Nacional, que se realiz¨® en 2019, no ha significado mucho m¨¢s que un cambio de membrete y de control pol¨ªtico (dentro de un escenario mayor de militarizaci¨®n en el pa¨ªs), pero no ha resuelto ninguno de los problemas de fondo. Tampoco lo ha hecho el aumento de la presencia militar en la vida p¨²blica mexicana.

El gobierno que surja de los comicios de 2024 tendr¨¢ que adoptar medidas mucho m¨¢s eficaces y enfocadas que esas si quiere recobrar el control efectivo del territorio y evitar m¨¢s episodios de desborde y violencia civil como el de Texcaltitl¨¢n. La duda real es si querr¨¢ y podr¨¢ hacerlo

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