El deseo de Lenia Batres de bajar su remuneraci¨®n choca con la Constituci¨®n y la interpretaci¨®n que de ella hizo ya la Corte

La ministra Lenia Batres ha solicitado a la Corte que su sueldo sea recortado respecto de lo que cobran sus colegas y que sea integrada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero el director general de Recursos Humanos, Pedro Estuardo Rivera Hess, le ha respondido que no puede conceder ese deseo porque el tribunal est¨¢ ¡°obligado a destinar los recursos presupuestados y aprobados para las remuneraciones de los ministros¡±, como recoge la Constituci¨®n y atendiendo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tampoco puede ser afiliada del ISSSTE porque los ministros no son trabajadores del Estado, sino titulares de la Suprema Corte, o sea, patrones, lo que ¡°a la postre implicar¨ªa un beneficio adicional¡± al que ya tiene asignado, en lugar de suponer un recorte de prestaciones. Visto as¨ª, la ministra habr¨ªa dado toda una vuelta para quedarse en el mismo sitio.

Siguiendo la l¨ªnea ideol¨®gica del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, la nueva ministra de la Corte anunci¨® que se recortar¨ªa el sueldo para no cobrar m¨¢s que el presidente, algo supuestamente obligado por la Constituci¨®n para los servidores p¨²blicos. El problema es que la Constituci¨®n no habla de salario, sino de remuneraci¨®n, que no es lo mismo. El art¨ªculo 127, en efecto, se?ala que la remuneraci¨®n no puede ser mayor que la del presidente, pero nadie conoce el monto de esta, porque no se ha cuantificado. Se sabe que el salario de L¨®pez Obrador es de 136.700 pesos, seg¨²n la Procuradur¨ªa Federal de Defensa del Consumidor, as¨ª como el de los ministros es de 206.948 pesos, seg¨²n el portal de transparencia de la Corte. ¡°Pero el presidente vive en el Palacio Nacional, as¨ª como su familia, recibe alimentaci¨®n, salubridad, atenciones m¨¦dicas, transporte y una enorme cantidad de cosas cuyo monto no se ha determinado. Todo ello forma parte de la remuneraci¨®n¡±, explica Javier Mart¨ªn Reyes, del Instituto de Investigaciones Jur¨ªdicas de la UNAM. Hasta que no se conozca un equivalente en dinero de todo eso, no se puede hacer un c¨¢lculo para establecer cu¨¢nto deben bajarse su remuneraci¨®n los ministros para obedecer la Constituci¨®n. Por tanto, el asunto queda en los mismos t¨¦rminos que ya estableci¨® la Corte en su d¨ªa ante una acci¨®n de inconstitucionalidad presentada en 2019.

Lo que s¨ª podr¨ªa hacer la ministra es renunciar a parte de su salario, hasta equipararlo o reducirlo respecto al sueldo de sueldo L¨®pez Obrador. ¡°Eso s¨ª se vale, y lo que no quiera se reintregrar¨ªa en la Tesorer¨ªa de la Federaci¨®n¡±, dice Mart¨ªn Reyes. El investigador opina que estamos ante ¡°un di¨¢logo de sordos¡±, que se aclarar¨ªa si el Congreso legislara lo que cuesta cada remuneraci¨®n que se percibe, m¨¢s all¨¢ del salario, y en ese caso, habr¨ªa que hacer nuevos c¨¢lculos que no solo afectar¨ªan a los ministros de la Corte sino a muchos otros funcionarios o empleados p¨²blicos, como el fiscal general o los senadores, por poner algunos ejemplos. ¡°Creo que es una discusi¨®n tramposa y que la ministra est¨¢ utilizando este asunto como una suerte de denuncia pol¨ªtica o para criticar a la Corte, en el mismo sentido que lo ha hecho el presidente. Y creo tambi¨¦n que si el Congreso no se pone en serio a determinar el costo de las remuneraciones es porque sabe que las que recibe un presidente saldr¨ªan muy altas¡±, afirma Mart¨ªn Reyes.

Los ministros tienen un seguro m¨¦dico al que tambi¨¦n parece querer renunciar la ministra Batres cuando pide que sea inscrita en el ISSSTE, en su carta del 29 de diciembre a la presidenta de la Corte, Norma Pi?a. Tampoco puede concederse esa petici¨®n, seg¨²n explica el coordinador de la Comisi¨®n Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de M¨¦xico, Carlos Ferr¨¢n Mart¨ªnez. ¡°No es lo mismo un trabajador p¨²blico que un ministro de la Corte. Los primeros se adscriben al ISSSTE y los que trabajan en empresas privadas al IMSS, pero los ministros no est¨¢n regulados por ese art¨ªculo 123 de la Constituci¨®n, como tampoco lo est¨¢ el presidente del Gobierno ni los diputados, por ejemplo, porque no tienen una relaci¨®n laboral, sino electoral¡±, dice Ferr¨¢n Mart¨ªnez. La paradoja en este caso es que teniendo los ministros un haber de retiro vitalicio, regulado por el art¨ªculo 163 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de la Federaci¨®n, si la ministra se inscribiera al ISSSTE saldr¨ªa ganando, puesto que tendr¨ªa dos pagas por jubilaci¨®n. ¡°Esa prestaci¨®n, adem¨¢s del retiro vitalicio, s¨ª que terminar¨ªa siendo anticonstitucional¡±, se?ala el experto en Derecho. ¡°Ese retiro regulado en la Suprema Corte como remuneraciones es tan irrenunciable como las prestaciones del IMSS¡±, a?ade.

La tercera petici¨®n que hace Batres a la Corte es que se le otorguen las prestaciones que conforme a derecho correspondan, ¡°sin incluir seguro de separaci¨®n individualizado, ni cajas de ahorro especiales¡±, conforme a lo dispuesto en la Ley de Austeridad Republicana. Este reclamo es m¨¢s f¨¢cil, a juzgar por la respuesta que da el responsable de Recursos Humanos: ¡°El seguro de separaci¨®n es de car¨¢cter voluntario, por lo que bastar¨ªa no efectuar la inscripci¨®n al mismo, por lo cual el Tribunal no realizar¨¢ aportaci¨®n alguna¡±. O sea, que si no lo quiere no tiene por qu¨¦ tenerlo.

Para resolver todas estas cuestiones, los expertos consultados se?alan con detalle los art¨ªculos constitucionales y de otras leyes y se preguntan si la ministra los desconoce. ¡°Eso dar¨ªa para otro debate¡±, sugiere jocoso Ferr¨¢n Mart¨ªnez. A juicio de Mart¨ªn Reyes, el asunto cae m¨¢s del lado pol¨ªtico, ideol¨®gico, que del jur¨ªdico. Es decir, la ministra est¨¢ utilizando los mismos argumentos, sin soporte jur¨ªdico, que el presidente ha venido usando contra la Suprema Corte en su sexenio, a cuyos miembros ha calificado de privilegiados y de cobrar mucho m¨¢s que ¨¦l. Incluso envi¨® un requerimiento al tribunal para que explicaran por qu¨¦ desobedec¨ªan la Constituci¨®n en este punto, algo que ya hab¨ªan explicado en su resoluci¨®n al recurso sobre el art¨ªculo 127 de la Constituci¨®n. En definitiva, una vuelta para quedar todo en el mismo sitio, a menos que la reforma del Poder Judicial anunciada por el presidente encuentre la mayor¨ªa calificada necesaria en el Congreso una vez hayan hablado las urnas en junio de 2024.

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