Una jueza ordena la liberaci¨®n de ocho militares relacionados con el ¡®caso Ayotzinapa¡¯

Una jueza de distrito del Estado de M¨¦xico ha ordenado la liberaci¨®n de ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa. Los soldados fueron apresados en junio de 2023, luego de que la Fiscal¨ªa los relacionara con la desaparici¨®n de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014. Gustavo Rodr¨ªguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andr¨¦s Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada D¨ªaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo D¨ªaz enfrentar¨¢n el proceso judicial en libertad condicional.

Acusados de desaparici¨®n forzada, los miembros del Ej¨¦rcito deber¨¢n cumplir con una serie de condiciones para recuperar su libertad como el pago de una fianza de 50.000 pesos, la firma peri¨®dica cada 15 d¨ªas ante el juzgado, la retenci¨®n de su pasaporte y la prohibici¨®n de acercarse a testigos y v¨ªctimas del caso, as¨ª como evitar acudir al Estado de Guerrero. Los militares podr¨ªan salir esta misma semana del campo militar n¨²mero 1-A, donde permanecen presos.

En casi 10 a?os, las familias de los 43 estudiantes han insistido al Gobierno investigar el papel que los miembros del Ej¨¦rcito jugaron en las horas posteriores a la desaparici¨®n de los j¨®venes. La Comisi¨®n para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha apuntado en los ¨²ltimos a?os a mensajes intercambiados entre las tropas y los miembros del cartel Guerrero Unidos, por lo que la Fiscal¨ªa ha buscado descifrar el papel de los soldados en Iguala y su relaci¨®n con el grupo del crimen organizado. Los padres de los estudiantes han protestado por la falta de transparencia y disposici¨®n de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena) para explicar las acciones de los militares.

El subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, ha mostrado en un comunicado su inconformidad con la decisi¨®n de la jueza de liberar a los ocho militares. ¡°Una vez m¨¢s, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las v¨ªctimas, las madres y los padres de los j¨®venes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos¡±, se?ala el comunicado. Medina Padilla ha puntualizado que en la nueva orden judicial ¡°no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuar¨¢n sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente¡±.

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) tambi¨¦n ha expresado su rechazo a la decisi¨®n judicial y ha asegurado que los jueces involucrados en la decisi¨®n han dado ¡°ventajas indebidas¡± a los militares. ¡°Ante dicha cerraz¨®n, absolutamente injusta para las v¨ªctimas y para el Estado mexicano, dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representaci¨®n social federal presentar¨¢ de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las v¨ªctimas¡±, se?ala el Ministerio P¨²blico en un comunicado publicado durante la tarde del domingo.

En las ¨²ltimas semanas, las familias de los 43 estudiantes han sufrido desencuentros con la Administraci¨®n del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. El Gobierno ofreci¨® a los padres abrir solo para sus ojos los expedientes con pruebas del caso, sin embargo, cuando los familiares pidieron la asistencia de un grupo de expertos comisionado a M¨¦xico por la CIDH para revisarlos, el Gobierno se neg¨®. Adem¨¢s, buena parte de las fisuras entre el Gobierno actual y las familias de los estudiantes radican en la necesidad de que el Ej¨¦rcito mexicano entregue documentos y pruebas, que han sido reiteradamente negados por las Fuerzas Armadas. Una negativa que ha sido respaldada por L¨®pez Obrador.

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