La Suprema Corte aplaza la decisi¨®n sobre la liberaci¨®n de Mario Aburto
El alto tribunal pide tiempo para analizar un recurso de la Fiscal¨ªa que impedir¨ªa la salida de prisi¨®n del asesino confeso de Colosio este 23 de marzo, tras haber cumplido 30 a?os de prisi¨®n
Mario Aburto va a seguir en prisi¨®n. La Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) ha aplazado la decisi¨®n sobre el caso del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio al menos otras dos semanas. La primera sala del alto tribunal ha pedido m¨¢s tiempo para analizar el recurso de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), que busca impedir que el homicida sea liberado este 23 de marzo, tras haber cumplido 30 a?os de prisi¨®n, como ha ordenado un tribunal colegiado. Esta pr¨®rroga llega en un momento ¨¢lgido en el que la Fiscal¨ªa ha derribado la teor¨ªa de que Aburto actu¨® en solitario aquel mi¨¦rcoles de 1994 en Tijuana.
El proyecto 805/2023 ha llegado con expectativa al m¨¢ximo tribunal de M¨¦xico, despu¨¦s de un largo camino por los juzgados. Mario Aburto fue condenado a 45 a?os de prisi¨®n el 22 de diciembre de 1994 por el homicidio calificado de Colosio, que era en ese momento el candidato a la presidencia del PRI. Esa sentencia se bas¨® en las penas que contemplaba el C¨®digo Penal Federal, en las que se pod¨ªa sancionar un asesinato con hasta 50 a?os de c¨¢rcel. Sin embargo, en Baja California, el Estado donde se cometi¨® el magnicidio, la pena m¨¢xima para ese delito era entonces de 30 a?os.
Con base en esta diferencia, la Defensor¨ªa P¨²blica Federal interpuso un amparo a favor de Aburto, porque ¡°desde el a?o 2010 existe jurisprudencia firme de que, cuando los jueces federales juzgan delitos del orden com¨²n por su conexidad o relaci¨®n con delitos federales, las normas penales que deben aplicarse son las de la entidad federativa en la que se cometi¨® el hecho delictivo¡±. Con ese argumento, los defensores solicitaban que la pena de Aburto se ajustara al C¨®digo Penal de Baja California y, por tanto, se rebajara a 30 a?os, que se cumplir¨ªan este 23 de marzo.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito admiti¨® el amparo en octubre de 2023 y orden¨® que se dictara una nueva sentencia para el homicida, teniendo en cuenta el C¨®digo Penal de Baja California, por lo que no pod¨ªa superar las tres d¨¦cadas de c¨¢rcel. Como Aburto lleva encarcelado desde el 23 de marzo de 1994, su salida de prisi¨®n, seg¨²n esta decisi¨®n judicial, era inminente. Ante esa posibilidad, la FGR interpuso un recurso de revisi¨®n contra la sentencia del tribunal colegiado. Esa reclamaci¨®n de la Fiscal¨ªa es la que est¨¢ ahora en manos de la Suprema Corte, a cargo de la ponencia de la ministra Margarita R¨ªos.
El presidente de la primera sala, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, se ha declarado impedido para analizar el caso. Pardo era juez federal en 1996 y particip¨® en la exoneraci¨®n de Oth¨®n Cort¨¦s, quien era el ch¨®fer Colosio y al que la antigua Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica acusaba de haber colaborado con Aburto y ser el segundo tirador que hab¨ªa acabado con la vida del candidato. Los ministros acordaron en sesi¨®n privada aplazar la votaci¨®n dos semanas para estudiar m¨¢s a fondo el asunto. El proyecto de la ministra R¨ªos propon¨ªa desechar la reclamaci¨®n de la Fiscal¨ªa, lo que implicaba que la liberaci¨®n de Aburto se concretase en los pr¨®ximos d¨ªas.
A punto de cumplirse 30 a?os del asesinato de Colosio, el caso ha recobrado actualidad pol¨ªtica, en el contexto del proceso electoral presidencial de este a?o en M¨¦xico. A la par de sus esfuerzos por impedir la liberaci¨®n de Aburto, la Fiscal¨ªa ha reabierto el expediente y ha desempolvado la teor¨ªa del segundo tirador. La Fiscal¨ªa sostiene ahora que Aburto form¨® parte de una conspiraci¨®n para asesinar al carism¨¢tico candidato presidencial del PRI el 23 de marzo de 1994 en el poblado de Lomas Taurinas, Tijuana, y ha retomado la antigua hip¨®tesis de que, adem¨¢s de ¨¦l, hubo un segundo asesino en la escena del crimen (aunque cambi¨® de sospechoso). La nueva investigaci¨®n apunta a la participaci¨®n de Jorge Antonio S¨¢nchez Ortega, un agente del Cisen, el ¨®rgano de inteligencia y espionaje del Gobierno.
La Fiscal¨ªa llev¨® la acusaci¨®n contra S¨¢nchez Ortega ante la justicia y pidi¨® una ¨®rden de captura, pero el juez la neg¨®. Tambi¨¦n se implic¨® en el caso al omnipresente Genaro Garc¨ªa Luna, que en ese momento era subdirector de Operaciones del Cisen y se encarg¨® de maniobrar para encubrir al segundo tirador y sacarlo sano y salvo de Tijuana, seg¨²n la Fiscal¨ªa. Garc¨ªa Luna, a la postre, escalar¨ªa posiciones en el aparato estatal y se convertir¨ªa en el zar del Gobierno de Felipe Calder¨®n en la lucha contra el crimen organizado. Hoy est¨¢ detenido en EE UU, a la espera de una sentencia por colaborar con el narco.
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