Un empate en la votaci¨®n de la Suprema Corte pospone la decisi¨®n sobre la liberaci¨®n de Mario Aburto
La primera sala del Tribunal deja en suspenso el futuro del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio y turna una pr¨®xima resoluci¨®n a un ministro de la segunda sala para romper el empate
Cuatro de los cinco magistrados de la primera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) han votado la tarde de este martes un proyecto en el que se determinar¨ªa si se revocaba o no un amparo que le daba la libertad a Mario Aburto, el asesino confeso del excandidato a la presidencia de M¨¦xico, por el PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. El ministro presidente de la sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se ha abstenido de participar, debido a su participaci¨®n en el caso cuando era juez federal en el Estado de M¨¦xico. Por lo que la votaci¨®n se defini¨® entre los magistrados restantes. El alto tribunal ha informado que un magistrado o magistrada de la segunda sala ser¨¢ llamada pr¨®ximamente para romper el empate.
Durante la sesi¨®n de este martes, el magistrado presidente de la primera sala, Pardo Rebolledo, turn¨® su presidencia al ministro Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena, al verse impedido de participar en la resoluci¨®n, pues en 1996, mientras se desempe?aba como juez de distrito en Toluca, fue quien dict¨® sentencia de exoneraci¨®n a Oth¨®n Cort¨¦s, se?alado por la Fiscal¨ªa como un presunto segundo tirador en el homicidio de Colosio.
La decisi¨®n qued¨® en las manos de sus cuatro compa?eros: la ministra Loretta Ortiz y el ministro Juan Luis Gonz¨¢lez Carranc¨¢ [autor del proyecto que se discut¨ªa], quienes votaron a favor de dar revisi¨®n al juicio de amparo para determinar si el juez de amparo deb¨ªa de llamar a las v¨ªctimas indirectas del asesinato ¡ªla familia de Colosio¡ª, y que dejar¨ªa la puerta abierta para que la pena de c¨¢rcel aplicada fuera la de 30 a?os, que Aburto ha cumplido el pasado mes de marzo, y que le dar¨ªa la libertad. Los magistrados Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena y Margarita R¨ªos Farjat votaron en contra.
Solo R¨ªos Farjat pidi¨® la palabra para manifestar la raz¨®n de su voto: ¡°Hasta antes de la reforma constitucional en el a?o 2000, en 1994, fecha en que ocurrieron los hechos, las normas penales no establec¨ªan el reconocimiento de una calidad espec¨ªfica a las v¨ªctimas, pues eran representadas por el Ministerio P¨²blico, por ello en este caso no se les dio la intervenci¨®n dentro de la causa penal ni en el juicio de amparo. Por esa raz¨®n, muy respetuosamente, yo no puedo acompa?ar una propuesta que reabre un proceso donde la participaci¨®n de las v¨ªctimas en la ¨¦poca de los hechos no ten¨ªa un alcance como el que ahora se pretende. Una repetici¨®n que, adem¨¢s, puede alargar innecesariamente su juicio, generar revictimizaci¨®n y expectativas ilusorias a las v¨ªctimas indirectas donde el Ministerio P¨²blico ya ejerci¨® la representaci¨®n debida¡±.
Debido al empate en esta votaci¨®n, la primera sala ha instruido a que se solicite la designaci¨®n de una ministra o un ministro de la segunda sala ¡°para que se integre a la discusi¨®n y votaci¨®n del asunto¡±, sin fijar una fecha. El proyecto de Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara ordenaba reponer el procedimiento en el amparo en el que se redujo la condena de Aburto de 45 a 30 a?os.
Mario Aburto fue condenado a 45 a?os de prisi¨®n el 22 de diciembre de 1994 por el homicidio calificado de Colosio. La sentencia se bas¨® en las penas que contemplaba el C¨®digo Penal Federal, en las que se pod¨ªa sancionar un asesinato con hasta 50 a?os de c¨¢rcel. Sin embargo, en Baja California, el Estado donde se cometi¨® el magnicidio, la pena m¨¢xima para ese delito era entonces de 30 a?os.
Por esa distinci¨®n, la Defensor¨ªa P¨²blica Federal interpuso un amparo a favor de Aburto, porque ¡°desde el a?o 2010 existe jurisprudencia firme de que, cuando los jueces federales juzgan delitos del orden com¨²n por su conexidad o relaci¨®n con delitos federales, las normas penales que deben aplicarse son las de la entidad federativa en la que se cometi¨® el hecho delictivo¡±. Con ese argumento, los defensores solicitaban que la pena de Aburto se ajustara al C¨®digo Penal de Baja California y, por tanto, se rebajara a 30 a?os, que se cumplieron el pasado 23 de marzo.
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