Del escepticismo al Supremo de Estados Unidos: el largo camino de M¨¦xico para exigir justicia contra la industria de las armas

La batalla legal de M¨¦xico contra la industria de las armas de Estados Unidos ha entrado a instancias decisivas. El Supremo estadounidense acept¨® una petici¨®n de las compa?¨ªas demandadas para atraer el caso y decidir si el Gobierno mexicano puede demandar a algunos de los nombres m¨¢s conocidos del principal exportador de fusiles en el mundo. Una posible decisi¨®n desfavorable del Alto Tribunal, de mayor¨ªa conservadora, acabar¨ªa con m¨¢s de cuatro a?os de esfuerzos para llamar a cuentas a las principales compa?¨ªas, acusadas de estar detr¨¢s de la crisis de violencia homicida que azota al pa¨ªs latinoamericano desde hace casi dos d¨¦cadas. Pese al escepticismo inicial y pr¨¢cticamente contra todo pron¨®stico, el asunto ha llegado hasta la parte m¨¢s alta del sistema legal estadounidense y ha abierto un nuevo cap¨ªtulo en el debate sobre las armas del otro lado de la frontera, uno de los temas m¨¢s espinosos en ese pa¨ªs, en plena campa?a electoral.

El inicio

El Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador present¨® la demanda en agosto de 2021 contra 11 pesos pesados de la industria armament¨ªstica, como Glock, Barrett, Colt y Smith & Wesson, entre otros. Las presiones de Estados Unidos para controlar la inmigraci¨®n y combatir al narcotr¨¢fico han sido constantes en la relaci¨®n bilateral. Hasta entonces, M¨¦xico no hab¨ªa llevado a la mesa el tr¨¢fico ilegal de armas y ning¨²n pa¨ªs hab¨ªa presentado una queja similar en el sistema judicial estadounidense. El pa¨ªs latinoamericano adelant¨® que iba a exigir una indemnizaci¨®n en el orden de los miles de millones de d¨®lares por pr¨¢cticas comerciales negligentes y por facilitar el acceso a sus productos a grupos criminales. En otras ocasiones, se ha hablado de que la reparaci¨®n del a?o solicitada asciende al 2% de PIB mexicano, equiparable a lo que le cuesta la violencia armada al pa¨ªs cada a?o.

El anuncio de las autoridades mexicanas lleg¨® marcado por las dudas. La opini¨®n mayoritaria era que la demanda era una suerte de maniobra diplom¨¢tica o, en el mejor de los casos, un golpe simb¨®lico. La Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores, sin embargo, quer¨ªa demostrar que el reclamo iba en serio. Los litigantes mexicanos interpusieron la demanda en un tribunal de Boston, Massachusetts por dos razones principales. Primero, quer¨ªan probar que M¨¦xico estaba dispuesto a jugar bajo las reglas de Estados Unidos, para tumbar el argumento de que una corte mexicana ser¨ªa parcial y apoyar¨ªa los alegatos del Gobierno. Segundo, porque era parte de la estrategia legal. Si el pa¨ªs latinoamericano acud¨ªa a una corte en un Estado tradicionalmente ligado a la cultura de las armas, lo m¨¢s probable era que el asunto fuera desechado.

Lo primero que M¨¦xico ten¨ªa que demostrar era que ten¨ªa el derecho, pese a ser un Gobierno extranjero, de presentar la demanda en Estados Unidos. Y el principal obst¨¢culo era la Ley de Protecci¨®n al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una norma impulsada durante la Administraci¨®n de George W. Bush, que protege a las empresas de cualquier reclamo que llegue a los tribunales bajo el argumento de la seguridad nacional. PLCAA ha sido el escudo m¨¢s efectivo para que las armer¨ªas no asuman ninguna responsabilidad legal en otros sucesos, como los tiroteos que asolan a la sociedad estadounidense. Adem¨¢s del frente legal, M¨¦xico ha llevado la batalla contra el tr¨¢fico ilegal de armas al plano diplom¨¢tico, planteando el tema en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, as¨ª como cerrando alianzas con organizaciones civiles, laboratorios de ideas, fiscales, pol¨ªticos del Partido Dem¨®crata y otros pa¨ªses de la regi¨®n que han respaldado el reclamo. Un c¨¢lculo conservador estima que circulan alrededor de 17 millones de armas en el pa¨ªs y que entre el 70% y el 90% entran ilegalmente desde Estados Unidos.

Altas y bajas

La demanda de M¨¦xico sufri¨® su primer rev¨¦s importante en octubre de 2022, despu¨¦s de que el juez que lleva el caso en Massachusetts, Dennis Saylor, mostrara ¡°empat¨ªa¡± con la causa mexicana, pero desechara el caso bajo el argumento del blindaje legal de PLCAA. Ese mismo mes, las autoridades mexicanas presentaron otra demanda civil en Arizona contra cinco distribuidoras, en aras de diversificar y no depositar todos sus recursos en la causa de Boston, y el equipo legal del pa¨ªs impugn¨® el fall¨® en una corte de apelaciones. La respuesta vino hasta enero de este a?o, pero dio la raz¨®n de M¨¦xico por unanimidad para que contin¨²e el proceso judicial en Massachusetts. ¡°No hay un precedente de un fallo como este en una corte de apelaciones, es hist¨®rico¡±, dijo Alejandro Celorio, consultor jur¨ªdico de la Canciller¨ªa mexicana y cabeza del equipo legal, a este diario en enero. Dos meses despu¨¦s, Arizona tambi¨¦n admiti¨® a tr¨¢mite la demanda en ese Estado.

En el camino, el n¨²mero de empresas demandadas se ha reducido. De 11 compa?¨ªas se?aladas en la demanda original quedaron ocho en el caso abierto en Massachusetts, debido a que algunas no ten¨ªan su sede ah¨ª y no pod¨ªan ser enjuicidadas en ese Estado. En agosto vino la derrota m¨¢s dura para M¨¦xico. El juez Saylor desech¨® los reclamos contra seis de los ocho demandados, al argumentar que no ten¨ªa jurisdicci¨®n para resolver el asunto. Las dos firmas restantes, Smith & Wesson y la tienda Interstate Arms, fueron las que solicitaron ese mismo mes que la Suprema Corte atrajera el caso y lo desechara a la luz de PLCAA.

Aunque se presupuest¨® en un inicio que el caso pod¨ªa pasar por varias instancias e incluso llegar hasta el Supremo, M¨¦xico buscaba que la Corte no se pronunciara todav¨ªa, al argumentar que todav¨ªa hab¨ªa asuntos pendientes por resolver en la corte de Massachussets. La representaci¨®n mexicana hab¨ªa hecho p¨²blica su intenci¨®n de apelar una vez m¨¢s la decisi¨®n del juez Saylor. El problema es que si el Alto Tribunal da la raz¨®n a las empresas demandadas, el fallo ser¨¢ inapelable y se dar¨ªa carpetazo a la demanda sin que se diera oportunidad siquiera de que llegue a juicio. Los ¨²ltimos cuatro a?os se han concentrado en etapas preliminares antes de decidir si M¨¦xico finalmente podr¨¢ presentar sus argumentos en un tribunal o, como se dice en el argot estadounidense, ¡°tener su d¨ªa en la corte¡±. Si el pa¨ªs latinoamericano logra superar todos estos obst¨¢culos, a¨²n tendr¨ªa que ganar un eventual juicio.

Las implicaciones

Le¨®n Castellanos Jankiewicz, especialista en Derecho Internacional del Asser Institute de La Haya, se?ala tres consecuencias a partir de la decisi¨®n de los ministros de la Corte. En primer lugar, el asunto tomar¨¢ m¨¢s tiempo. ¡°El juez que preside la demanda en la corte de distrito en Massachusetts debe esperar la resoluci¨®n de la Suprema Corte, que probablemente se desahogar¨¢ en alegatos durante la sesi¨®n de primavera 2025¡å, afirma.

En segundo lugar, lo que decida la Suprema Corte puede ser crucial para las dos demandas que present¨® M¨¦xico. Aunque ambos casos siguen carriles separados, es posible que un fallo negativo siente un precedente para futuros casos contra la industria armamentista y que las compa?¨ªas demandas en Arizona pidan que se descarte el caso por las mismas razones que en Massachusetts. Castellanos Jankiewicz conf¨ªa en que la demanda de Arizona no se vea afectada, ¡°dado que los hechos y circunstancias son completamente distintos a aquellos que figuran en la demanda de Boston¡±.

¡°Con la demanda de M¨¦xico, el control de armas vuelve al primer plano durante una campa?a electoral estadounidense en donde el tema ha sido desatendido¡±, considera el especialista como tercer punto. Las autoridades mexicanas han sido extremadamente cuidadosas de que la batalla legal no se politice ni se interprete como una oposici¨®n al derecho de portar armas amparado por la Segunda Enmienda de la Constituci¨®n de Estados Unidos, una l¨ªnea que ning¨²n Gobierno de ese pa¨ªs se ha atrevido a cruzar y que es altamente pol¨¦mica.

En los hechos, sin embargo, es muy dif¨ªcil que las cuestiones legales se mantengan completamente al margen de la pol¨ªtica. ¡°Las decisiones judiciales se toman con base en la ley, pero al final los jueces y las jueces son seres humanos¡±, dijo Celorio a principios de a?o. La decisi¨®n de la Suprema Corte de tomar el caso le da una visibilidad enorme y la decisi¨®n de admitir la solicitud a tr¨¢mite llega a un mes de que los estadounidenses salgan a las urnas para elegir entre Kamala Harris y Donald Trump como nuevo presidente.

Celorio se?al¨® a principios de a?o que M¨¦xico ya tiene presupuestado que Trump tome las demandas de M¨¦xico como un arma electoral. ¡°Cada vez que alguien se?ale que M¨¦xico quiere quitarle las armas a los estadounidenses, nosotros les responderemos que se las queremos quitar a los carteles, que est¨¢n empoderados y que trafican con fentanilo y otras sustancias. Y les diremos que, en lugar de quejarse, deber¨ªan ayudarnos¡±, afirm¨® a EL PA?S.

M¨¦xico cambi¨® de Gobierno y vio el ascenso al poder de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en la historia del pa¨ªs, esta semana. Desde que arranc¨® la carrera por la sucesi¨®n, la Canciller¨ªa mexicana se?al¨® que la ofensiva legal contra la industria de las armas era un asunto de Estado y que iba a continuar sin importar quien ganara las elecciones. Los recursos para seguir con este esfuerzo est¨¢n cubiertos por los presupuestos de este a?o y fueron solicitados para 2025. La decisi¨®n ahora est¨¢ en manos del Supremo estadounidense. De sus nueve miembros, solo tres fueron nombrados por gobiernos dem¨®cratas y seis por presidentes republicanos, entre ellos tres elegidos por Trump.