El d¨ªa despu¨¦s de la condena a Garc¨ªa Luna: de la v¨ªa del testigo protegido, a la pol¨¦mica por el peso de la prueba
El final del juicio contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calder¨®n abre varios interrogantes sobre el sistema judicial de Estados Unidos, las v¨ªas de reducci¨®n de la pena y sus casos pendientes en M¨¦xico
Concluido en Estados Unidos uno de los grandes juicios del siglo XXI para M¨¦xico, el de su viejo zar antidroga, Genaro Garc¨ªa Luna, aparecen en el horizonte cantidad de interrogantes sobre el mismo proceso, y tambi¨¦n sobre las posibilidades del protagonista a corto y medio plazo. Este mi¨¦rcoles, un juez impuso una condena de 460 meses de prisi¨®n a Garc¨ªa Luna por tr¨¢fico de drogas, entre otros delitos. El exfuncionario puede apelar, camino que, seg¨²n su abogado, tomar¨¢n en las pr¨®ximas semanas. La posibilidad de que se convierta en testigo colaborador, las dudas sobre la importancia de las pruebas en su contra y los procesos pendientes en M¨¦xico bosquejan su presente.
Hab¨ªa mucha expectaci¨®n con la sentencia a Garc¨ªa Luna, sobre todo al sur del r¨ªo Bravo. M¨¦xico aguardaba impaciente los detalles de la pena impuesta al estratega de seguridad del Gobierno de Felipe Calder¨®n (2006-2012), su longitud, los a?os que deber¨¢ permanecer en prisi¨®n. El exfuncionario, que pas¨® por buena parte de las agencias de seguridad mexicanas desde finales del siglo pasado hasta 2012, hab¨ªa sido condenado a principios de 2023, por un jurado popular, en Nueva York. Faltaba por concretar el tama?o de la condena, tarea del juez, disparador, a su vez, de todo movimiento futuro.
Pese a los dichos de su abogado sobre la apelaci¨®n, es posible que Garc¨ªa Luna opte por colaborar con la Fiscal¨ªa de EE UU, camino que facilitar¨ªa una reducci¨®n de su condena y una salida de prisi¨®n algo m¨¢s temprana. Con la pena impuesta, el exjefe policial dejar¨ªa la c¨¢rcel pasados los 80 a?os. Por otro lado, la decisi¨®n del juez sobre la condena ha abierto un debate en M¨¦xico sobre los elementos que el jurado tuvo en cuenta en la sentencia, testimonios, en su mayor¨ªa, relatos de personajes del mundo del hampa, que colocaban a Garc¨ªa Luna en la parte alta del organigrama del Cartel de Sinaloa.
Jorge Peniche, integrante del Guernica 37 Centre, organizaci¨®n que litiga en Estados Unidos temas de derechos humanos, piensa que ¡°Garc¨ªa Luna se va a bajar de la apelaci¨®n y buscar¨¢ colaborar. No tiene un caso ganador. Aunque no le fue mal con la sentencia, no veo mayor margen para mejorar su escenario¡±, argumenta. Los fiscales ped¨ªan cadena perpetua para el exfuncionario. ¡°?l puede ser testigo colaborador para los casos que persiguen las agencias en esa oficina de la Fiscal¨ªa en Brooklyn, el de Ismael El Mayo Zambada, por ejemplo¡±, a?ade.
Peniche explica que la ley en Estados Unidos prev¨¦ acuerdos de colaboraci¨®n con acusados, antes y despu¨¦s de los juicios. El abogado detalla que es mucho m¨¢s habitual que los acuerdos lleguen durante el proceso, una opci¨®n conocida all¨¢ como la ¡°5K motion¡±, acuerdo como el que alcanzaron las autoridades con Jes¨²s Zambada Garc¨ªa, alias El Rey Zambada, hermano de El Mayo, previo al juicio contra su viejo socio en el Cartel de Sinaloa, Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n.
La otra opci¨®n es conocida como ¡°motion 35(b)¡±, mucho menos habitual, en un ratio de seis a uno comparado con la 5k, explica el experto. Es la figura jur¨ªdica a la que recurri¨® el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, que se declar¨® culpable por tr¨¢fico de drogas en Estados Unidos en 2019, y alcanz¨® un acuerdo posterior con la Fiscal¨ªa, precisamente para testificar contra Garc¨ªa Luna. En su caso, explica Peniche, los fiscales condicionaron la reducci¨®n de su pena a que el caso contra Garc¨ªa Luna terminara en condena.
El Federal Rules of Criminal Procedure establece que Garc¨ªa Luna tiene un a?o desde que se publique la sentencia, para tratar de colaborar con las autoridades y que estas acepten. La ley permite hacerlo m¨¢s tarde ¡°si la informaci¨®n que proporcione el condenado se obtuvo despu¨¦s de la fecha de condena, si el sentenciado dio esa informaci¨®n antes, pero se volvi¨® relevante despu¨¦s, o si el sentenciado ten¨ªa esa informaci¨®n antes, pero no ten¨ªa forma de saber que se iba a hacer relevante¡±. Este ¨²ltimo caso es el que alegaron los abogados de Veytia para convertirlo en testigo protegido.
El peso de las pruebas
Otro asunto que ha aparecido al final del juicio, a modo de reflexi¨®n, apunta a las pruebas que sujetaron el caso de la Fiscal¨ªa, un debate, en realidad, que ha atravesado el proceso. Las principales evidencias de los fiscales son los dichos de testigos, presuntos criminales y delincuentes confesos, principalmente El Rey Zambada, Sergio Villarreal, alias El Grande, el propio Veytia y ?scar El Lobo Valencia. Fue a partir de sus declaraciones que la Fiscal¨ªa convenci¨®n al jurado popular de que Garc¨ªa Luna era culpable.
Desde M¨¦xico, la escasez de evidencias duras en el paquete de pruebas de la Fiscal¨ªa ha provocado algunas cr¨ªticas, muchas desde el entorno del viejo equipo del expolic¨ªa, aunque otras algo m¨¢s sustentadas, alejadas del golpeteo pol¨ªtico. Luis Tapia, experto en derecho penal y litigio con perspectiva en derechos humanos, se?ala que ¡°bajo nuestra pr¨¢ctica del derecho penal, un juicio que se basa solo en testimonios ser¨ªa d¨¦bil. Cuando dices que una condena se basa en el dicho de cinco personas, te imaginas que sus dichos son superf¨¢ciles de manipular, ?no? Pero en EE UU, mentir en una corte es muy grave¡ En M¨¦xico te sale muy barato¡±, argumenta.
Tapia se?ala que el est¨¢ndar probatorio en uno y otro pa¨ªs es el mismo, evidenciar la comisi¨®n de un delito ¡°m¨¢s all¨¢ de toda duda razonable¡±. Pero, dice, ¡°la decisi¨®n sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado se construye de manera diferente¡±. En Estados Unidos, un jurado popular decide sobre el destino del acusado, en M¨¦xico es el juez. Al norte del r¨ªo Bravo, los contrainterrogatorios durante los juicios tiene una importancia capital, como se ve en las pel¨ªculas. Al sur, explica Tapia, prevalece la noci¨®n sobre la prueba del sistema antiguo que, de alguna forma, provoca ¡°que nos fiemos m¨¢s de unas pruebas que de otras¡±.
El debate sobre la fortaleza de las pruebas interpela una de las pol¨¦micas del sexenio pasado en M¨¦xico, la detenci¨®n del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Los Angeles, en 2019, y la acusaci¨®n en su contra por tr¨¢fico de drogas. M¨¢s all¨¢ del enfado del Gobierno mexicano y el posterior sainete diplom¨¢tico, que oblig¨® al Gobierno de EE UU a retirar los cargos, liberar al general y mandarlo de vuelta al sur de la frontera, sorprendi¨® el paquete de pruebas que el Departamento de Justicia mand¨® a sus pares mexicanos. Buena parte de la evidencia eran testimonios de criminales, Veytia entre ellos, apoyados en presuntas intercepciones de mensajes entre Zepeda y una organizaci¨®n criminal del Pac¨ªfico. Con las pruebas en la mano, la Fiscal¨ªa mexicana decidi¨® no procesar al general Cienfuegos por falta de evidencias.
Es cierto que la Fiscal¨ªa podr¨ªa haber profundizado en las investigaciones de sus pares estadounidenses y que decidieron no hacerlo. En todo caso, las pruebas enviadas del norte generaban la misma sensaci¨®n que luego las de Garc¨ªa Luna. Lo interesante del caso, es que el Gobierno y su red de apoyo medi¨¢tico destacaron entonces la falta de contundencia de las pruebas contra Cienfuegos, con la misma vehemencia que ahora han celebrado la condena contra Garc¨ªa Luna. ¡°Con lo que se ha visto, no creo que en M¨¦xico hubieran condenado al expolic¨ªa¡±, zanja Tapia.
Los casos pendientes
La condena en EE UU exige una reflexi¨®n sobre la presunta responsabilidad de Garc¨ªa Luna en otros tantos delitos, principalmente en M¨¦xico. Adriana Muro, responsable de la organizaci¨®n Elementa, de defensa de los derechos humanos, argumentaba ayer en su cuenta de X que el proceso contra el exfuncionario y los sobornos que recibi¨® del cartel, seg¨²n la sentencia, ¡°dej¨® por fuera, como es costumbre de las cortes de aquel pa¨ªs, vulneraciones a derechos humanos, a causa de esos sobornos, y el impacto que tuvieron en la estrategia de seguridad que ¨¦l lideraba¡±.
Muro se preguntaba tambi¨¦n por las v¨ªctimas del condenado en EE UU. ¡°En estos procesos jam¨¢s aparecen las v¨ªctimas de sobredosis y se invisibiliza a las v¨ªctimas en M¨¦xico que genera la corrupci¨®n, que genera la prohibici¨®n¡±. A?ad¨ªa Muro: ¡°Se ha perdido la oportunidad de investigar, sancionar y reparar por los delitos y las vulneraciones cometidas en territorio nacional, una consecuencia de la tendencia de exportar el juicio penal a EE UU por delitos de drogas¡±.
La posibilidad de que Garc¨ªa Luna enfrente a la justicia en M¨¦xico parece remota. En la l¨®gica de Estados Unidos, o bien se convierte en un fantasma del sistema, perdido en una c¨¢rcel, o bien colabora en otros casos, a cambio de reducciones de condena, una situaci¨®n que, como en el caso de Muro, enfada al sur de la frontera. As¨ª y todo, la Fiscal¨ªa mexicana mantiene procesos abiertos contra Garc¨ªa Luna. Son, en concreto, tres, por diferentes delitos.
Uno tiene que ver con el operativo R¨¢pido y Furioso, organizado por agencias de seguridad de Estados Unidos mediado el sexenio de Calder¨®n, que permitieron el trasiego ilegal de armas a M¨¦xico, para, supuestamente, identificar redes de contrabando. El caso es que muchas de esas armas se perdieron y acabaron en armas de criminales. La Fiscal¨ªa acusa de Garc¨ªa Luna de permitir este trasiego.
Los otros dos casos nacen de presuntas corruptelas de orden econ¨®mico y financiero. En uno, la Fiscal¨ªa acusa al exfuncionario de contratar la construcci¨®n de varias c¨¢rceles con sobreprecio, dinero que se habr¨ªan embolsado ¨¦l y su red de colaboradores. En el otro, la dependencia le se?ala de haber desviado m¨¢s de 5.000 millones de pesos ¨Cm¨¢s de 300 millones de d¨®lares de la ¨¦poca¨C del presupuesto del sistema penitenciario.
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