Una sentencia obliga a M¨¦xico a crear un registro de detenciones de migrantes

Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) va a cambiar el escenario migratorio en M¨¦xico. El m¨¢ximo tribunal ha concedido un amparo, presentado por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Cl¨ªnica Jur¨ªdica Ala¨ªde Foppa, que obliga a reformar la ley de migraci¨®n para crear un registro de migrantes detenidos. Esta plataforma deber¨¢ ser de acceso p¨²blico y funcionar como lo hace ahora el Registro Nacional de Detenciones, es decir, informar de la hora, d¨ªa, lugar, y autoridad que lleva a cabo el arresto de cada persona, tambi¨¦n a qu¨¦ estaci¨®n migratoria es trasladado. Solo este a?o han sido detenidos 925.000 migrantes que cruzaban M¨¦xico, que se enfrentan al aislamiento y a la falta de defensa jur¨ªdica.

M¨¦xico se ha convertido en un territorio peligroso para aquellos que llegan huyendo de la violencia, la persecuci¨®n o el hambre. En una traves¨ªa, que para muchos migrantes involucra una decena de pa¨ªses y el cruce de la temida selva del Dari¨¦n, M¨¦xico es definido como ¡°la peor parte¡±. Aqu¨ª los migrantes se han convertido en una presa f¨¢cil para el crimen organizado y tambi¨¦n para la corrupci¨®n de las autoridades. Secuestrados y encerrados en celdas para gallos en la frontera sur, extorsionados y asesinados por la Guardia Nacional, o abrasados en centros migratorios en la frontera norte. En un panorama cada vez m¨¢s riesgoso, esta sentencia se ha convertido en una victoria.

Hace ya tres a?os que el entonces llamado Servicio Jesuita de Ayuda al Migrante public¨® un informe en el que documentaba que durante 14 a?os (de 2007 a 2021) hab¨ªan investigado 1.280 desapariciones de migrantes. El 75% de ellos estaba en una estaci¨®n migratoria. Estos centros gestionados por el Instituto Nacional de Migraci¨®n operan en la pr¨¢ctica como c¨¢rceles para migrantes, aunque las autoridades utilizan eufemismos como ¡°aseguramiento¡± o ¡°encuentro¡±, la ONU ya estableci¨® que todo lugar en el que las personas no pueden salir aunque lo deseen se considera un lugar de detenci¨®n.

Hasta ahora, la arbitrariedad ha reinado en estos centros de reclusi¨®n. Las organizaciones de derechos humanos han recogido que de forma aleatoria los migrantes reciben o no la posibilidad de una llamada para avisar a sus familias, a otros les pueden llegar a cobrar 100 pesos (unos cinco d¨®lares) por tres minutos. Esto hace que pasen d¨ªas o semanas incomunicados y, por tanto, desaparecidos para sus familias.

Esta situaci¨®n, explica el abogado Luis Xavier Carranc¨¢, de la Cl¨ªnica Jur¨ªdica Ala¨ªde Foppa, abre la puerta a que sufran tratos inhumanos, tortura o desapariciones forzadas. ¡°La ausencia de un registro dificulta adem¨¢s que las personas migrantes pudiera acceder a una representaci¨®n jur¨ªdica¡±, se?ala Carranc¨¢, ¡°tambi¨¦n facilita que sus detenciones se extienda de forma ilimitada, porque al no registrar cuando entran inicialmente, Migraci¨®n encontr¨® la f¨®rmula perfecta para saltarse los plazos legales en los que tendr¨ªan que liberarlos¡±.

En 2019 en M¨¦xico se reform¨® el art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n para crear el actual Registro Nacional de Detenciones. Entre los argumentos esgrimidos se se?alaba que un registro actualizado y completo es fundamental para ¡°prevenir la violaci¨®n de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparici¨®n forzado¡±. Sin embargo, ¡°de forma expresa¡±, explica Luis Xavier Carranc¨¢, se omiti¨® incluir tambi¨¦n las detenciones de migrantes.

En la Ley Nacional del Registro de Detenciones se incorpor¨® el art¨ªculo octavo transitorio, en el que se daba un plazo de 180 d¨ªas al Congreso para que modificara la actual Ley de Migraci¨®n y creara ¡°un registro de personas migrantes detenidas que cuente con las mismas garant¨ªas procesales, de protecci¨®n y de seguridad que las previstas en la presente ley¡±. Han pasado cinco a?os y todav¨ªa no se ha hecho. ¡°Era la primera ausencia que permit¨ªa la desprotecci¨®n de las personas migrantes en detenci¨®n, se quedaban fuera de toda protecci¨®n constitucional y jur¨ªdica, porque se permit¨ªa su ocultamiento¡±, dice el abogado.

Ante esa situaci¨®n, el Servicio Jesuita, acompa?ado por la Cl¨ªnica Jur¨ªdica Ala¨ªde Foppa, que pertenece a la Universidad Iberoamericana, iniciaron una estrategia legal. En octubre de 2022, presentaron un amparo para solicitar la reforma de la ley de migraci¨®n y la creaci¨®n de este registro. Un par de meses despu¨¦s ganaron en primera instancia, ante un juez de distrito de Ciudad de M¨¦xico (del decimoquinto en materia administrativa), que consider¨® v¨¢lidos los argumentos de que se estaba quebrantando el derecho de defensa de los migrantes.

Sin embargo, la consejer¨ªa jur¨ªdica del Senado y de la C¨¢mara de Diputados apelaron la decisi¨®n, que lleg¨® a un tribunal colegiado. Ah¨ª se qued¨® 15 meses. Finalmente, el decimonoveno en materia administrativa del primer circuito decidi¨® mandar en junio de 2024 el caso a la Suprema Corte. Esta semana la segunda sala de la SCJN ha votado el proyecto preparado por Alberto P¨¦rez Day¨¢n, que apoyaba la decisi¨®n del juez de distrito y consideraba que s¨ª se estaba produciendo una ¡°omisi¨®n legislativa¡± por parte del Congreso al no cumplir lo que hab¨ªa mandado la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Con los votos a favor de los ministros Luis Mar¨ªa Aguilar, Javier Laynez y Day¨¢n (y los dos en contra de Lenia Batres y Yasm¨ªn Esquivel, las ministras m¨¢s cercanas al oficialismo), se ha aprobado la obligaci¨®n legislativa del Congreso de modificar la ley y crear el registro. Sin embargo, el proceso que queda es largo: primero se tiene que hacer el engrose del proyecto (que recupera las aportaciones de los ministros), despu¨¦s este llegar¨¢ al juzgado de distrito, que ser¨¢ el que se encargue del cumplimiento y deber¨¢ ordenar al Congreso las reformas. Carranc¨¢ calcula que puede tardar hasta un a?o en hacerse realidad.