25 a?os despu¨¦s, fue el Estado: la Corte Interamericana condena a M¨¦xico por la desaparici¨®n del zapatista Antonio Gonz¨¢lez

Antonio Gonz¨¢lez M¨¦ndez desapareci¨® el 19 de enero de 1999. El hombre, ind¨ªgena chol y miembro del Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN), fue agredido por los grupos paramilitares que actuaban en Chiapas en connivencia con el Gobierno. As¨ª lo considera probado una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que sanciona a M¨¦xico por ¡°vulnerar¡± el derecho a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de asociaci¨®n, a las garant¨ªas judiciales y a la protecci¨®n judicial. Han pasado m¨¢s de 25 a?os, pero el tribunal internacional no duda: el responsable de la desaparici¨®n forzada de Antonio Gonz¨¢lez fue el Estado.

Hace 30 a?os que una guerrilla formada por ind¨ªgenas tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, mames y zoques se alzaron en la entidad m¨¢s pobre de M¨¦xico. Tomaron algunas de las principales cabeceras municipales y exigieron al Gobierno central que se retirara de sus territorios. En respuesta, el Estado comenz¨® la ofensiva. Chiapas se torn¨® en una zona de guerra. El presidente Carlos Salinas de Gortari despleg¨® los uniformes de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional y ante la presi¨®n, dentro y fuera del pa¨ªs, busc¨® una tregua. Fueron a?os de negociaciones, pero el Gobierno siempre tuvo una estrategia paralela: a la vez que ofrec¨ªa di¨¢logo, financiaba a grupos paramilitares que sal¨ªan a la caza en la regi¨®n. En ese contexto habitaba Antonio Gonz¨¢lez.

Viv¨ªa en Sabanilla, en la regi¨®n norte de Chiapas, ten¨ªa 32 a?os, una esposa, cuatro hijos y estaba empleado en una cooperativa zapatista. Pertenec¨ªa a las bases civiles de apoyo del EZLN y era simpatizante del Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD), que en esos momentos disputaba la popularidad hist¨®rica del PRI. En la tarde del 18 de enero lleg¨® a su lugar de trabajo J. R. L. L., un muchacho de 17 a?os, identificado despu¨¦s por sus v¨ªnculos con el grupo paramilitar llamado Paz y Justicia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom¨¦ de las Casas (Frayba) recoge que esta agrupaci¨®n est¨¢ detr¨¢s de m¨¢s de 4.500 desplazamientos, 85 asesinatos y 37 desapariciones en Sabanilla, Tila, Salto de Agua, Tumbal¨¢ y Yajal¨®n.

Sobre Paz y Justicia, apunta tambi¨¦n la sentencia de la Corte Interamericana: ¡°Se le atribuye la autor¨ªa de violaciones de derechos humanos como ejecuciones, desapariciones, el bloqueo de varias comunidades y caminos, la quema de casas y el desplazamiento forzado de muchas familias y comunidades enteras. Estas acciones estuvieron, principalmente, dirigidas en contra de militantes del PRD y movimientos favorables a reivindicaciones ind¨ªgenas, en particular de autonom¨ªa y propiedad de la tierra¡±. Desde 1997, este grupo recibi¨® financiaci¨®n por parte del Gobierno estatal de Chiapas, recoge el tribunal internacional, que afirma: ¡°Actuaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado con el objetivo de neutralizar a las fuerzas consideradas enemigas¡±.

Una hora de m¨¢s de dos d¨¦cadas

Fue con J. R. L. L. con quien se vio por ¨²ltima vez a Antonio Gonz¨¢lez. A medianoche avis¨® a su esposa, Zonia L¨®pez: en una hora estaba de regreso. Esa hora se extiende hasta hoy. Zonia interpuso el 20 de enero de 1999 la denuncia por desaparici¨®n. Ese mismo d¨ªa el muchacho fue detenido, pero fue liberado cuatro d¨ªas m¨¢s tarde ¡°por no existir hasta ese momento ninguna imputaci¨®n directa de alg¨²n acto il¨ªcito en su contra¡±. Al a?o siguiente se determin¨® su libertad definitiva ¡°por no haberse reunido los elementos del cuerpo del delito¡±.

Aunque la polic¨ªa judicial de Chiapas ten¨ªa ¨®rdenes de encontrar a Antonio, en los ocho a?os siguientes solo ¡°realizaron diversas diligencias de investigaci¨®n¡± hasta que el caso se reserv¨® en noviembre de 2007. La Fiscal¨ªa Especializada en Justicia solicit¨® en 2008 que se reabriera el proceso. No s¨¦ consigui¨® hasta 2019. Desde entonces, la investigaci¨®n se encuentra en manos de la Fiscal¨ªa contra la Desaparici¨®n Forzada de Personas de Chiapas. M¨¦xico inform¨® ante la Corte que las autoridades, a nivel local y federal, han continuado dando ¡°seguimiento puntual¡± al caso, as¨ª como llevando a cabo ¡°acciones tendientes a dar con el paradero de la v¨ªctima¡±. Sin embargo, m¨¢s de 25 a?os despu¨¦s no hay ninguna pista de Antonio Gonz¨¢lez M¨¦ndez ni responsabilidad para sus agresores. El proceso penal contin¨²a en ¡°fase de investigaci¨®n¡±.

Esto ¡°sobrepasa los par¨¢metros de razonabilidad en el tiempo insumido, encontr¨¢ndose en total impunidad¡±, sentencia la Corte Interamericana. El tribunal internacional hace hincapi¨¦ en que el hecho de que Antonio Gonz¨¢lez perteneciera al pueblo ind¨ªgena de chol, al EZLN y al PRD ¡°torna esta impunidad en una cuesti¨®n particularmente relevante¡±: ¡°Toda vez que posee un efecto no solo individual, sino tambi¨¦n colectivo, en la medida en que la sociedad se ve impedida de conocer la verdad sobre la situaci¨®n de violaci¨®n de los derechos de una persona que participaba activamente en la vida pol¨ªtica de su regi¨®n¡±.

Adem¨¢s, la Corte relata el da?o sufrido por su esposa, sus tres hijas y su hijo, que se vieron obligados a trabajar, desde muy peque?os, para poder mantener a la familia, ¡°por lo que se vieron privados de sus estudios¡± lo que vulner¨® el derecho a la protecci¨®n de la familia y de la ni?ez. ¡°Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen tambi¨¦n a los dem¨¢s desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias tambi¨¦n est¨¢n sufriendo¡±, dijo Zonia durante una de las audiencias que se llev¨® a cabo ante la Corte. ¡°Que encuentren tambi¨¦n a Juan Regino, es el ¨²nico que sabe d¨®nde est¨¢ Antonio¡±.

En el proceso con la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (el paso previo a llegar a la Corte), el Estado mexicano reconoci¨® de forma parcial su responsabilidad: acept¨® los hechos del caso, reconoci¨® las violaciones a derechos humanos que hab¨ªa provocado la falta de investigaci¨®n debida (la Fiscal¨ªa tard¨® tres a?os en pedir la primera fotograf¨ªa de Antonio) y la afectaci¨®n a la familia de Antonio. Sin embargo, neg¨® su responsabilidad por la desaparici¨®n forzada. Con esta base, el pa¨ªs trat¨® de que la CoIDH no se pronunciara sobre el caso porque se trataba de cuestiones que ya hab¨ªan sido ¡°resueltas y aceptadas por las partes¡±. Sin embargo, el tribunal lo desestim¨®, porque record¨® que aunque M¨¦xico reconozca parte de su responsabilidad no conlleva que se solucione el caso.

Ahora, m¨¢s de dos d¨¦cadas despu¨¦s, el tribunal internacional ordena al Estado a continuar con las investigaciones y con la b¨²squeda, a brindar tratamiento m¨¦dico y psicol¨®gica a toda la familia de Antonia y a ofrecer a sus hijos becas de estudio. Adem¨¢s, exige que se publique el resumen de la sentencia en un medio de comunicaci¨®n nacional, en una emisora de radio (en espa?ol y en lengua chol), y en las webs del Gobierno federal y de Chiapas. Tambi¨¦n pide que se denomine una sala de la Facultad de Derecho de la Universidad Aut¨®noma de Chiapas con el nombre de Antonio Gonz¨¢lez M¨¦ndez. Sobre la indemnizaci¨®n, el Estado ya pag¨® a la familia una ¡°compensaci¨®n¡± de 1,3 millones de pesos (unos 67.000 d¨®lares); sin embargo, la Corte ¡ªque incluye en su sentencia m¨¢s vulneraciones a derechos humanos de las que acept¨® el pa¨ªs¡ª fija que M¨¦xico debe indemnizar a la familia con 100.000 d¨®lares m¨¢s por ¡°los da?os sufridos¡±.

Las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes. Aunque hace poco m¨¢s de un a?o que el tribunal sancion¨® a M¨¦xico por tener a Daniel Garc¨ªa y Reyes Alp¨ªzar m¨¢s de 17 a?os en la c¨¢rcel sin sentencia y orden¨® eliminar de su legislaci¨®n la figura de la prisi¨®n preventiva oficiosa, para que situaciones como las de estos dos hombres no vuelvan a repetirse. En vez de cumplir con la resoluci¨®n, el Congreso ha seguido incrementando los delitos que ameritan este tipo de prisi¨®n. Ahora, con esta ¨²ltima resoluci¨®n, al Estado se le a?ade un nuevo pendiente.