El Senado incluye la extorsi¨®n y los delitos sobre fentanilo en la lista de prisi¨®n preventiva oficiosa

El Senado mexicano ha aprobado este jueves de madrugada ampliar la lista de delitos que conllevan prisi¨®n preventiva oficiosa. Con 94 votos a favor y 34 en contra, la c¨¢mara legislativa ha incluido la extorsi¨®n, los cr¨ªmenes relacionados con fentanilo y la emisi¨®n de comprobantes fiscales falsos en la lista del art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n, que implica que los procesados por estos delitos vayan de forma autom¨¢tica a la c¨¢rcel. La reforma contradice a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que orden¨® a M¨¦xico hace m¨¢s de un a?o eliminar esta pol¨¦mica figura de su legislaci¨®n.

La prisi¨®n preventiva oficiosa se convirti¨® en una piedra angular de la estrategia de seguridad del pasado Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, quien propuso desde febrero que se a?adieran estos delitos a la lista. El entonces presidente buscaba tambi¨¦n que se incluyera el narcomenudeo, pero esa propuesta fue modificado en la C¨¢mara de Diputados, a propuesta del coordinador de la bancada morenista Ricardo Monreal. En su paso al Senado, los votos de Morena y sus aliados, adem¨¢s de siete apoyos del grupo del PAN, han sido m¨¢s que suficientes para hacer realidad el deseo de L¨®pez Obrador.

Esta figura ¡ªcreada en el sexenio del panista Felipe Calder¨®n en 2008¡ª obliga a los imputados por una serie de delitos, que van desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda, a seguir su proceso judicial desde la c¨¢rcel. Esto, en la pr¨¢ctica, permite a las Fiscal¨ªas investigar mientras el acusado ya est¨¢ en prisi¨®n, aunque no exista riesgo de fuga o de da?ar pruebas. Los organismos internacionales, como la ONU, lo definen como un ¡°encarcelamiento por adelantado¡±.

La Constituci¨®n marca como l¨ªmite que solo se pueden estar dos a?os bajo prisi¨®n preventiva oficiosa, pero en la realidad, miles de acusados pasan a?os dentro del penal esperando una sentencia. Daniel Garc¨ªa y Reyes Alp¨ªzar, que ganaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron 17 a?os sin condena por un crimen que nunca cometieron. Por ese caso, el tribunal internacional orden¨® a M¨¦xico a eliminar esta figura. El pa¨ªs s¨ª pod¨ªa mantener su prisi¨®n preventiva justificada, que permite de igual manera que el acusado siga sus juicios desde la c¨¢rcel, pero de forma argumentada: porque puede da?ar a la v¨ªctima, al propio proceso ¡ªfug¨¢ndose, por ejemplo¡ª o a las pruebas. Sin embargo, en las dos sesiones en ambas c¨¢maras, solo la oposici¨®n o la diputada de Morena, Alma Rosa de la Vega, han recordado que este mecanismo de prisi¨®n justificada tambi¨¦n existe.

En su exposici¨®n ante el Senado, el morenista Enrique Inzunza explic¨® que detr¨¢s de esta reforma estaba la urgencia de combatir el uso de fentanilo, el incremento de la extorsi¨®n y las afectaciones que generan los comprobantes fiscales falsos. El senador llam¨® a aplicar esta figura, sin embargo, con prudencia: ¡°La prisi¨®n preventiva oficiosa en M¨¦xico hoy sigue siendo, dig¨¢moslo as¨ª, una amarga necesidad, por eso tenemos que aplicarla, garantizando que se respeten los derechos fundamentales de los imputados¡±. El legislador del Partido Verde Jorge Carlos Ram¨ªrez Mar¨ªn ha reconocido que es una ¡°medida radical¡± pero que es lo que la poblaci¨®n pide. Y, Andrea Ch¨¢vez, tambi¨¦n de Morena, record¨® como argumento que en mayo pasado los gobernadores de los 32 estados solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n no eliminar esta figura.

Por su parte la oposici¨®n ha tratado de recordar que la prisi¨®n preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos. El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Casta?eda, ha afirmado que detr¨¢s de la ampliaci¨®n de esta figura est¨¢ el incremento de la poblaci¨®n en las c¨¢rceles, que pas¨® de 196.000 en 2018 a 233.000 en 2023. En M¨¦xico, el 40% de la poblaci¨®n penitenciaria no tiene sentencia, unas 90.000 personas, y de esas, 68.000 est¨¢n en prisi¨®n preventiva oficiosa. Esta figura afecta especialmente a las mujeres, la mitad de ellas est¨¢n en la c¨¢rcel sin condena.

Tras la discusi¨®n ha quedado aplicada esta medida cautelar para la extorsi¨®n, para delitos relacionados con ¡°la ilegal introducci¨®n y desv¨ªo, producci¨®n, preparaci¨®n, enajenaci¨®n, adquisici¨®n, importaci¨®n, exportaci¨®n, transportaci¨®n, almacenamiento y distribuci¨®n de precursores qu¨ªmicos y sustancias qu¨ªmicas esenciales, drogas sint¨¦ticas, fentanilo y derivados¡±; y para delitos graves ¡°de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales¡±. De este ¨²ltimo apartado, que no se debati¨® en c¨¢mara de diputados (de hecho, en esa discusi¨®n se apoy¨® eliminar los cr¨ªmenes relacionados con defraudaci¨®n fiscal), surgen dudas por su ambig¨¹edad que todav¨ªa no han sido resueltas por los legislados.

Adem¨¢s, el decreto impide a los jueces hacer una parte clave de su funci¨®n: interpretar. La reforma aprobada se?ala: ¡°Los ¨®rganos del Estado deber¨¢n atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretaci¨®n an¨¢loga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus t¨¦rminos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial¡±.

Los organismos internacionales se han posicionado en contra de la reforma. La ONU ha afirmado desde hace d¨ªas: ¡°Endurece y expande una medida que deber¨ªa eliminarse. Hacer que la detenci¨®n sea autom¨¢tica y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una detenci¨®n arbitraria que expone a todas las personas, especialmente a las m¨¢s pobres¡±.