Fideicomisos: reformar para empeorar

El Congreso mexicano se dispone a desaparecer m¨¢s de 40 fideicomisos que administran recursos para la cinematograf¨ªa, el deporte, la protecci¨®n de periodistas y defensores de derechos humanos, la ciencia y la tecnolog¨ªa, la atenci¨®n de desastres naturales, entre otros. El prop¨®sito es obtener de esa desaparici¨®n poco m¨¢s de 36.000 millones de pesos para que el Gobierno federal los destine, dice el Dictamen de la Comisi¨®n de Presupuesto y Cuenta P¨²blica de la C¨¢mara de Diputados a ¡°eficientizar al m¨¢ximo los recursos p¨²blicos con que cuenta el Estado mexicano, a trav¨¦s de su correcta aplicaci¨®n para el cumplimiento de sus objetivos o mediante reasignaciones para su debido aprovechamiento¡±.

Las razones aparentes para desaparecerlos son: terminar con la ¡°opacidad y la discrecionalidad¡± y mitigar los efectos causados por la pandemia. Habr¨ªa pues en la posible decisi¨®n legislativa: i) un mal que remediar y atribuible a una culpa de quienes administran los fondos; y ii) una causa que amerita recursos extraordinarios.

Pareciera, en principio, que hay buenas razones. Sin embargo, son razones aparentes. Una lectura detallada del Dictamen muestra que el problema no es dar transparencia, ni eliminar la discrecionalidad, ni destinar los recursos para atender las prioridades de salud.

Para entender mejor la afirmaci¨®n anterior se requiere explicar que todos los fideicomisos sin excepci¨®n cuentan con Comit¨¦s T¨¦cnicos; todos est¨¢n sujetos a la vigilancia y fiscalizaci¨®n de los ¨®rganos internos de control; todos est¨¢n sujetos a las leyes de transparencia e informaci¨®n gubernamental y, en ning¨²n caso, puede invocarse el secreto fiduciario para ocultar alguna informaci¨®n. Adem¨¢s, los organismos p¨²blicos responsables est¨¢n obligados a informar de ellos peri¨®dicamente y est¨¢n sujetos a auditor¨ªas.

Si el problema fuera la opacidad y la discrecionalidad, la soluci¨®n ser¨ªa dar mayor transparencia y eliminar la discrecionalidad. Pero no es as¨ª. Luego de leer el Dictamen de la C¨¢mara parece ser que con solo mencionar que hay opacidad y discrecionalidad estas se dan. El Dictamen refiere extensamente, como en los ejercicios de parlamento abierto se explic¨® con detalle, el funcionamiento, los objetivos, la operaci¨®n y los controles que actualmente tienen los fideicomisos; por otra parte, no hay justificaci¨®n ni evidencia de que haya tal opacidad, discrecionalidad, o bien, malos manejos.

Ni se acreditan las causas, ni se soluciona el pretendido problema, pero, a¨²n m¨¢s, de aprobarse la reforma implicar¨ªa crear una situaci¨®n, esa s¨ª, de opacidad y de discrecionalidad.

Tomemos un ejemplo. Se propone extinguir el Fideicomiso de Protecci¨®n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, la Secretaria de Gobernaci¨®n est¨¢ al frente del Comit¨¦ T¨¦cnico integrado por un representante de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica, de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica y de la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores. Este Comit¨¦ est¨¢ sujeto a las reglas de operaci¨®n. Adem¨¢s, tiene un ¨®rgano de vigilancia designado por la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica.

La propuesta de reforma al desaparecer el fideicomiso deja, en su lugar, una situaci¨®n en la que los recursos que tiene el fondo deber¨¢n ser concentrados en la Tesorer¨ªa de la Federaci¨®n. En t¨¦rminos sencillos, el Fondo se quedar¨¢ sin recursos, pues al pasar a la Tesorer¨ªa formar¨¢n parte de una bolsa sin fines espec¨ªficos y podr¨¢n emplearse de manera discrecional y opaca. Si la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n no cuenta con fondos en su presupuesto, ese fideicomiso no podr¨¢ hacer frente a las necesidades de protecci¨®n y en ejercicios posteriores depender¨¢ de su propio presupuesto.

Opacidad y discrecionalidad es la situaci¨®n que crea la reforma. Y, por supuesto, la precariedad de recursos destinados al fin original de esos fondos. Seg¨²n la informaci¨®n del propio Dictamen, actualmente se ha dado protecci¨®n a 1.206 periodistas y defensores de derechos humanos.

La precariedad como resultado se da en otros casos, como lo es en ciencia y tecnolog¨ªa, campo que incluye a 26 Centros P¨²blicos de Investigaci¨®n. A pesar de ser instituciones de excelencia y de su alta participaci¨®n en la generaci¨®n de conocimiento y de estar sujetos a restricciones presupuestales, se les ordena concentrar en la Tesorer¨ªa los recursos p¨²blicos que se encuentran en dichos fondos, no obstante tener derechos patrimoniales sobre los mismos. La situaci¨®n resultante es la afectaci¨®n grave a sus capacidades para hacer frente a sus responsabilidades.

Una clave en la reforma propuesta se refiere a las facultades con las que se le dota al presidente de la Rep¨²blica y que explica el verdadero prop¨®sito: por conducto de la Secretar¨ªa de Hacienda, podr¨¢ autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ¡°excedentes¡±.

En t¨¦rminos sencillos, lo que se busca es obtener fondos, a los que eufem¨ªsticamente podr¨¢ designarse los ¡°excedentes¡±, para destinarlos discrecionalmente, entre otros, a aquellos gastos no programables que se hayan incrementado o a los adeudos no cubiertos de ejercicios anteriores. Realmente se trata de recursos quitados de ¨¢reas del sector p¨²blico donde cubr¨ªan necesidades, o incluso, confiscados y que precarizar¨¢n de manera sensible el cumplimiento de obligaciones del Estado y las capacidades institucionales.

Jos¨¦ Rold¨¢n Xopa es profesor del Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®micas (CIDE).