La militarizaci¨®n no es la soluci¨®n

La decisi¨®n tomada por Felipe Calder¨®n, hace 16 a?os, para que el Ej¨¦rcito se hiciera cargo de la seguridad p¨²blica en algunas zonas del pa¨ªs, nos llev¨® a experimentar sus fatales consecuencias. En 2011, miles de personas tomamos las calles al grito de #NoM¨¢sSangre para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, frente a la enorme cantidad de las mal llamadas ¡°v¨ªctimas colaterales¡± de una guerra que nunca elegimos tener.

Enrique Pe?a Nieto y Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador se comprometieron, en sendas campa?as electorales, a devolvernos paz, seguridad y civilidad, pero una vez en el poder ambos elaboraron propuestas para consolidar, a trav¨¦s de la legislaci¨®n e incluso de reformas constitucionales, el modelo militarizado de seguridad p¨²blica.

As¨ª, los tres ¨²ltimos presidentes mexicanos han insistido en una pol¨ªtica de paz y seguridad sustentada en una estrategia militarizada, argumentando la incapacidad operativa de las corporaciones policiales para hacer frente al crimen organizado. A esto se suma el falaz argumento de la ¡°incorruptibilidad¡± de las fuerzas armadas frente a una presunta ¡°corruptibilidad¡± de las polic¨ªas.

Resultados del modelo militarista

Desde Amnist¨ªa Internacional, junto con las organizaciones de la sociedad civil, hemos advertido que la estrategia de seguridad p¨²blica militarizada ha sido fallida. M¨¦xico es hoy un pa¨ªs mucho m¨¢s inseguro que hace 16 a?os. Los homicidios se han incrementado 218%, entre 2006 y 2022; en 16 a?os han sido asesinadas m¨¢s de 250 personas que ejerc¨ªan el periodismo (15 de ellas en los primeros ocho meses de este a?o) y m¨¢s del 97% de las m¨¢s de 105.000 personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006.

La evidencia es contundente, las corporaciones militares mexicanas han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. De 2014 a la fecha, la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido al menos 6.661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena), la Semar y la Guardia Nacional. En todos esos a?os, la Sedena se ubica entre las 10 instituciones con m¨¢s quejas, y ese listado incluye a la Guardia Nacional.

Entre 2019 y 2021 la Sedena acumul¨® 25 quejas por privaci¨®n de la vida y la Guardia Nacional 11. En 2021, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretar¨ªa de la Marina ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, de quejas por desaparici¨®n forzada. Entre 2019 y 2021 la Sedena acumul¨® m¨¢s de 140 quejas por tratos crueles e inhumanos y la Guardia Nacional 114. En 2021, la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretar¨ªa de la Marina fueron las instituciones contra las que se presentaron m¨¢s quejas por detenciones arbitrarias. Entre las tres suman un total de 166.

?Cu¨¢l es la ruta a nivel global?

En el Orbe es clara la tendencia hacia la desmilitarizaci¨®n de la seguridad p¨²blica. En 2019, V¨ªctor Manuel S¨¢nchez Vald¨¦s revis¨® las fichas t¨¦cnicas de la Interpol sobre legislaci¨®n, portales de internet de corporaciones de seguridad y publicaciones especializadas de 200 pa¨ªses, que incluyen los 193 estados miembros de la Organizaci¨®n de Naciones Unidas.

En un art¨ªculo publicado en la revista Nexos, el 7 de enero de 2019, explica que 134 pa¨ªses tienen un esquema de provisi¨®n de seguridad completamente civil, a trav¨¦s de una Polic¨ªa Nacional o un cuerpo similar; 16 pa¨ªses tienen un modelo mixto que combina una corporaci¨®n civil y uno militarizado, tipo Gendarmer¨ªa, en donde la mayor parte de las responsabilidades se reservan a la corporaci¨®n civil, sobre todo porque se hacen cargo de la seguridad en las zonas urbanas.

En 17 pa¨ªses se tiene un esquema en que concurren una corporaci¨®n con mando civil y otra con mando militar; en 33 pa¨ªses, las corporaciones de seguridad tienen un mando primordialmente militar o esquemas militares de operaciones.

Es decir, las tres cuartas partes de los pa¨ªses cuentan con mandos civiles en los cuerpos de seguridad p¨²blica. Cabe agregar que entre los pa¨ªses que han optado por un mando militar, adem¨¢s de M¨¦xico, estaban Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Angola, Nicaragua, Camboya, Kazajst¨¢n, Eritrea, Ir¨¢n, Vietnam, Chad y Siria, estados que no destacan por el respeto de los derechos humanos. De manera que las autoridades en M¨¦xico est¨¢n optando por un modelo que va en sentido contrario a la tendencia global.

?Qu¨¦ proponemos para M¨¦xico?

Para Amnist¨ªa Internacional, desde la perspectiva de derechos humanos, la criminalidad y la violencia deben abordarse mediante el fortalecimiento de la participaci¨®n democr¨¢tica y la implementaci¨®n de pol¨ªticas de seguridad ciudadana centradas en la protecci¨®n de la persona humana. Esto implica alejarse de los modelos que buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado orden pol¨ªtico.

En congruencia con ello, organismos internacionales de derechos humanos del sistema universal (Naciones Unidas) y del regional (sistema interamericano) han recomendado reiteradamente al Estado mexicano alejarse del paradigma de seguridad militarizada, retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad de forma gradual, ordenada y medible; y transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana, que justamente est¨¦ centrado en las personas y en la construcci¨®n de mayores niveles de ciudadan¨ªa democr¨¢tica.

Reconocemos que el crimen organizado constituye una grave amenaza para la seguridad, la integridad y la vida de millones de personas en M¨¦xico. Sin embargo, disentimos de las visiones que falazmente plantean que debemos elegir entre seguridad y vigencia de derechos humanos.

Consideramos que es posible desarrollar una estrategia de seguridad centrada en las personas y no en el combate al enemigo. Consideramos que el camino debe iniciar con una propuesta de retiro progresivo de las fuerzas militares de las calles que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales civiles garantizando mecanismos de supervisi¨®n ciudadana, transparencia y rendici¨®n de cuentas, y se acompa?e de una estrategia de ciudadanizaci¨®n de la seguridad.

#LaMilitarizaci¨®nNoEsLaSoluci¨®n, y esperamos que el Senado de la Rep¨²blica est¨¦ a la altura de estas circunstancias.

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