El fuerte impacto de la violencia de g¨¦nero contra las mujeres con discapacidad en M¨¦xico

Las mujeres mexicanas con discapacidad experimentan ¨ªndices de violencia dom¨¦stica estremecedores, seg¨²n lo concluye una nueva encuesta. Es la primera vez que la Encuesta Nacional sobre la Din¨¢mica de las Relaciones en los Hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica y Geograf¨ªa (Inegi), incluye a mujeres y ni?as con discapacidad como una categor¨ªa diferenciada desde que, en 2003, empez¨® a registrar y analizar datos de violencia contra mujeres y ni?as de 15 a?os de edad o m¨¢s.

Seg¨²n la edici¨®n 2021 de la encuesta, que se divulg¨® en agosto de 2022, el 11,9% de las mujeres y ni?as de al menos 15 a?os de edad en M¨¦xico, que son m¨¢s de seis millones, tiene alguna discapacidad. La encuesta confirma que, a lo largo de su vida, la totalidad de las mujeres y ni?as enfrentan un ¨ªndice de violencia alto, del 70,1%. Pero para las mujeres y ni?as con discapacidad, la tasa es incluso mayor: el 72,6% han sufrido violencia al menos una vez en su vida. La encuesta contempla cinco categor¨ªas de violencia: psicol¨®gica, f¨ªsica, sexual, econ¨®mica y patrimonial, que en el ¨²ltimo caso se refiere a cualquier acto u omisi¨®n que afecte la supervivencia de la v¨ªctima. Y para cada forma de violencia, salvo la violencia sexual, el porcentaje de encuestadas que hab¨ªan experimentado violencia en el a?o precedente era mayor entre las mujeres y ni?as con discapacidad.

Durante la vida de las encuestadas, los ¨ªndices de violencia sexual son muy similares entre quienes tienen alguna discapacidad y quienes no la tienen. Sin embargo, en las dem¨¢s categor¨ªas, las tasas son sustancialmente m¨¢s altas para quienes tienen alguna discapacidad. Incluir este tipo de informaci¨®n resulta esencial para establecer y desarrollar adecuadamente pol¨ªticas que prevengan la violencia contra las mujeres y ni?as con discapacidad. Y si bien esto hace que la nueva edici¨®n de la encuesta sea muy valiosa, todav¨ªa hay margen para mejoras.

Por ejemplo, la encuesta no capt¨® en forma suficiente informaci¨®n sobre mujeres y ni?as con discapacidades psicosociales o condiciones de salud mental. El organismo de estad¨ªsticas de M¨¦xico y otras autoridades gubernamentales que recaban datos sobre violencia contra las personas con discapacidad deber¨ªan realizar un esfuerzo coordinado para reunir informaci¨®n sobre ni?as y mujeres con discapacidad psicosocial, a fin de comprender cabalmente la magnitud del problema.

Otra ¨¢rea que no est¨¢ presente son las mujeres que se encuentran institucionalizadas, lo cual de por s¨ª representa un abuso contra las personas con discapacidad. No se dispone de datos nacionales acerca de las personas con discapacidad que viven en instituciones, donde es improbable que se denuncien la mayor¨ªa de los eventos violentos. Debido a las dificultades que implica recabar datos de personas que se encuentran en instituciones, es posible que al INEGI no le resulte f¨¢cil obtener esta informaci¨®n crucial para la pr¨®xima encuesta nacional. Pero otro tipo de instrumento, como un censo general de personas que viven en instituciones, y que ha sido implementado en otros pa¨ªses, como Brasil, podr¨ªa permitir conocer c¨®mo afecta la violencia a las personas con discapacidad que viven en esas condiciones. Hab¨ªamos instado al INEGI a que recabara informaci¨®n desglosada sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Incluso con la informaci¨®n que falta, ahora tenemos un panorama mucho m¨¢s preciso de cu¨¢l es la situaci¨®n y qu¨¦ pol¨ªticas deben establecerse.

Los organismos p¨²blicos en todos los niveles deber¨ªan analizar estos nuevos datos y reconsiderar sus pol¨ªticas y pr¨¢cticas con el prop¨®sito de contribuir a la seguridad de las mujeres y ni?as con discapacidad.

Ya est¨¢ en tr¨¢mite un proyecto legislativo para que las mujeres con discapacidad cuenten con servicios accesibles que las protejan frente a la violencia. El a?o pasado, una coalici¨®n de organizaciones de mujeres con discapacidad y otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch y Yo Tambi¨¦n, presentaron una propuesta para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableciendo la exigencia de que los albergues para mujeres hagan accesibles sus servicios a las mujeres con discapacidad y, entre otras cosas, presten los servicios de apoyo necesarios para que puedan escapar de la violencia. Si bien el Senado aprob¨® la propuesta en noviembre de 2021, esta se encuentra detenida en la C¨¢mara de Diputados.

Ahora que cuenta con evidencias concretas sobre los altos ¨ªndices de violencia contra las mujeres y ni?as con discapacidad que surgen de la encuesta del INEGI, el poder legislativo deber¨ªa capitalizar esta oportunidad de impulsar el proceso legislativo y asignar los fondos que sean necesarios. Estas reformas ofrecer¨ªan protecciones largamente postergadas a mujeres y ni?as con discapacidad que llevan tiempo sufriendo, sin ninguna ayuda ni posibilidad de recurso.