La guerra pac¨ªfica

En pol¨ªtica, la guerra en tribunales es la peor de las guerras, excepto todas las dem¨¢s, podr¨ªamos decir, parafraseando la famosa frase de Winston Churchill sobre la democracia. Ventilar por v¨ªa jur¨ªdica un pleito o, para el caso, la polarizaci¨®n que recorre al pa¨ªs constituye una enorme y desgastante monserga, pero es infinitamente m¨¢s sano que resolverlo de manera violenta, sea abierta o soterradamente. Se podr¨¢n decir mil cosas sobre la crispaci¨®n que vive M¨¦xico ante un proyecto de cambio pol¨ªtico y social que despierta pasiones a favor y en contra, pero habr¨¢ que reconocer la responsabilidad de los protagonistas de este pulso de fuerzas al mantener la contienda en t¨¦rminos pac¨ªficos e institucionales.

Parecen palabras irreflexivas considerando el lodazal en el que chapotea la opini¨®n p¨²blica cada d¨ªa. Pero, bien mirada, la disputa podr¨ªa haberse dirimido en la calle, en la c¨¢rcel, en la agresi¨®n f¨ªsica, en la destrucci¨®n econ¨®mica, considerando lo mucho que est¨¢ en juego y la exaltaci¨®n que anima a unos y a otros.

Es cierto que la disputa ha sido virulenta en t¨¦rminos verbales; en materia de adjetivos uno y otro bando no se han guardado nada. Aqu¨ª no ha habido ninguna sutileza o decoro a la hora de descalificar, generalizar, distorsionar y, de plano, insultar. Pero dicho lo anterior, tanto el gobierno de la 4T como sus adversarios han operado dentro del marco institucional. La oposici¨®n no ha recurrido a boicots productivos o comerciales, paros empresariales, sabotajes econ¨®micos, fuga masiva de capitales o de plano a actos de violencia (como sucedi¨® en Chile abiertamente contra el gobierno de Salvador Allende o en Argentina y Brasil de manera m¨¢s escondida). La prensa y los comentaristas cr¨ªticos califican al presidente como un d¨¦spota y aseguran que est¨¢ destruyendo al pa¨ªs aceleradamente, pero nadie ha actuado fuera de la ley.

Por su parte, L¨®pez Obrador ha intentado modificar el entramado institucional y legal para ampliar sus capacidades pol¨ªticas e impulsar sus reformas, utilizando el propio andamiaje institucional y sus atribuciones legales. Podr¨¢ decir misa sobre el comportamiento de los jueces, pero una y otra vez ha acatado sus decisiones. Se habla de planes B justamente porque los tribunales o las c¨¢maras han echado abajo sus planes A. Despotricar¨¢ contra sus cr¨ªticos, pero a nadie se le ha impedido la cr¨ªtica; se quejar¨¢ de los empresarios conservadores, pero ninguno est¨¢ en la c¨¢rcel o ha perdido sus propiedades. La intervenci¨®n m¨¢s pol¨¦mica en contra del sector privado, la cancelaci¨®n del aeropuerto de Texcoco, deriv¨® en compensaciones econ¨®micas apegadas a la ley. Con variantes acabamos de verlo en el acuerdo de compra con la ¡°satanizada¡± Iberdrola.

Tambi¨¦n es cierto que en esta guerra legal (conocida en todo el mundo como Lawfare) cada una de las partes ha recurrido a artima?as poco edificantes, distorsiones, pliegues jur¨ªdicos, oportunismos. Unos utilizando con prop¨®sitos esencialmente pol¨ªticos figuras legales como el amparo o las denuncias de car¨¢cter ambiental, por mencionar algunas. Otros, usando las atribuciones de presidencia o sus mayor¨ªas en las c¨¢maras para operar madruguetes y debilitar organismos considerados contrarios a su causa. Pero tampoco habr¨ªa que escandalizarse: las acciones de la oposici¨®n y las t¨¢cticas empleadas por el Gobierno no son m¨¢s indecorosas que las utilizadas por los actores pol¨ªticos en Norteam¨¦rica o Europa, con los matices de cada pa¨ªs. En t¨¦rminos f¨ªsicos, las dos partes han organizado manifestaciones multitudinarias para mostrar m¨²sculo, pero sin derivar en enfrentamientos. En la pr¨¢ctica meros torneos para ver qui¨¦n escupe m¨¢s lejos.

As¨ª pues, m¨¢s all¨¢ de la inc¨®moda polvareda, lo que en realidad est¨¢ sucediendo es un intento de reforma por v¨ªa pac¨ªfica, con un razonable sentido de responsabilidad en materia de estabilidad econ¨®mica y acciones pol¨ªticas, al margen de que se coincida o no con ellas. Y a ese intento hay una respuesta igualmente responsable por parte de los actores afectados o, simplemente, opuestos a esos cambios. Para decirlo en otros t¨¦rminos, los inversionistas extranjeros, que no ven ma?aneras ni prensa local, pero s¨ª los indicadores econ¨®micos estables o la actitud institucional del Gobierno, han canalizado montos hist¨®ricos a nuestro pa¨ªs y no solo por una coyuntura internacional favorable.

En las pr¨®ximas semanas la guerra legal continuar¨¢ con tres batallas importantes, a las que habr¨¢ que estar atentos. Por un lado, la Suprema Corte tendr¨¢ que determinar si la ley secundaria del ejecutivo que subordina la Guardia Nacional al Ej¨¦rcito es inconstitucional o no, es decir, si se queda o se va. Se requieren ocho de los once ministros para rechazar la reforma del presidente y el desenlace se anticipa muy cerrado. En lo personal, en este espacio he sugerido que, si nos encontramos en la necesidad ineludible de echar mano del Ej¨¦rcito para enfrentar la inseguridad p¨²blica, el desaf¨ªo tendr¨ªa que ser ¡°civilizar¡± la actuaci¨®n de los militares y no en el sentido inverso, militarizar las fuerzas civiles. Un tema que requiere mayor discusi¨®n.

Un segundo frente es el debate en comisiones de la C¨¢mara de Diputados de la ley que busca limitar las atribuciones del Tribunal Federal Electoral para intervenir en la vida interna de los partidos y en la defensa de militantes y minor¨ªas. Una iniciativa que ha sido calificada como un intento de salvaguardar privilegios de las c¨²pulas de estas organizaciones; no es de extra?ar que, al margen de posiciones ideol¨®gicas, pr¨¢cticamente haya consenso entre los dirigentes de Morena, PVEM, PAN, PRI y PRD (honrosa excepci¨®n la de MC). Por fortuna, un grupo importante de legisladores de Morena y otros partidos ha cuestionado algunos de los alcances de esta ley, lo que podr¨ªa llevar a reformarla o de plano a rechazarla. Veremos.

Y finalmente entrar¨¢ en proceso de discusi¨®n el proyecto de ley sobre expropiaciones, indemnizaciones y contratos p¨²blicos, que seguramente derivar¨¢ en una intensa pol¨¦mica. Intenta darle m¨¢s margen al Gobierno para emprender proyectos de inter¨¦s p¨²blico sin ser obstaculizado por objeciones legales de particulares o compensaciones absurdas. A falta de espacio, remito al lector al buen art¨ªculo al respecto publicado en El Pa¨ªs por Viri R¨ªos este mi¨¦rcoles (La reforma m¨¢s ambiciosa de L¨®pez Obrador).

En suma, a menos que nos resulten divertidos, por morbo u ocio, los interminables fuegos artificiales de la chora de cada d¨ªa, sugiero concentrarnos en estas batallas legales en la que se est¨¢ definiendo el verdadero alcance de las reformas de la 4T. Es all¨ª donde est¨¢ sucediendo lo que verdaderamente importa.