La reforma m¨¢s ambiciosa de L¨®pez Obrador

No es secreto que la ¨¦lite econ¨®mica mexicana ha influido en la construcci¨®n de un entramado legal que los favorece y somete al Estado a una camisa de fuerza que promueve la inercia. Esta camisa de fuerza, tejida en preceptos legales furtivos e interpretaciones a modo, ha limitado la capacidad del Estado para construir obra p¨²blica, contratar bienes, otorgar servicios, e incluso dise?ar su propio presupuesto.

El resultado es un Gobierno incapacitado para actuar con la agilidad que se requiere para procurar el desarrollo econ¨®mico.

Con la legislaci¨®n actual y los litigios estrat¨¦gicos que esta detona, desarrollar la infraestructura que le dio vida al M¨¦xico contempor¨¢neo hubiera tomado d¨¦cadas o sido francamente imposible. La construcci¨®n de 133 kil¨®metros de ejes viales en los a?os setenta o de la Central de Abasto en los ochenta requiri¨® de un Estado capaz de expropiar cientos de propiedades y reubicar a miles de familias en busca del bien com¨²n. Ambos proyectos fueron desarrollados en menos de dos a?os, algo impensable bajo el clima legal actual.

El marco legal incapacitante que hoy tenemos no fue creado de mala fe. Se gest¨® en la simple y llana desconfianza. En su momento se pens¨® correcto restringir el actuar de un Estado que, por doctrina, era considerado incompetente y corrupto.

De hecho, muchos todav¨ªa creen que la constricci¨®n draconiana del Estado mexicano es positiva. Su principal argumento es el temor. Desde las derechas, se teme que el Estado se vuelva demasiado fuerte y pueda incidir en los designios del mercado con obras de gran calado. Desde las izquierdas, se teme que un Estado no acotado sea capturado por los intereses de las ¨¦lites o tenga carta blanca para afectar al medio ambiente o a los ind¨ªgenas.

No comparto estas opiniones. No hay duda de que el Estado debe rendir cuentas y tener limitantes. Sin ellas, la democracia se erosiona y la calidad de las decisiones p¨²blicas disminuye. Sin embargo, tampoco podemos negar que muchas de las buenas intenciones que se encuentran codificadas en ley han dado vida a un entramado legal complejo e inhabilitante que atrofia al Estado.

Esto no solo ha pasado en M¨¦xico. Como ha mostrado el trabajo de la profesora-investigadora de la Universidad de Harvard, Alisha Holland, Colombia est¨¢ en la misma situaci¨®n. Su constituci¨®n tiene restricciones tan fuertes a la expropiaci¨®n que el pa¨ªs ha quedado de facto impedido para construir carreteras. As¨ª, Colombia es uno de los pa¨ªses con peor infraestructura carretera de Latinoam¨¦rica. Dos de cada tres proyectos quedan congelados por decisiones de jueces que, en ocasiones, operan coludidos con privados.

Es en este contexto que la iniciativa de L¨®pez Obrador cobra relevancia. M¨¦xico necesita ampliar el margen de maniobra de su Estado y la propuesta es hacerlo cinco aspectos clave.

Primero, facilitar la construcci¨®n de obras que tienen inter¨¦s social. Actualmente, la totalidad de los dict¨¢menes y permisos de una obra deben tenerse antes de comenzarla. Esto retrasa a?os el inicio de cualquier proyecto. La iniciativa busca que, en casos de inter¨¦s social y bajo estricta supervisi¨®n de las instancias relacionadas, la obra pueda comenzar mientras se terminan los tr¨¢mites. Esto no exenta a la obra de obtener permisos.

Segundo, se busca limitar la cantidad de indemnizaciones que se pagan. Para ello, se pide que su valor sea calculado con respecto a la ley de expropiaci¨®n y no a precio de mercado. Adem¨¢s, se anula el resarcimiento cuando el actuar del Estado est¨¦ motivado en el inter¨¦s social, o cuando quien va a recibir el resarcimiento haya obtenido el bien en cuesti¨®n violando la ley.

Tercero, se da certeza a qu¨¦ actos administrativos pueden declararse nulos. Actualmente, la nulidad ha sido el campo de juego favorito de los despachos legales. Con base en triqui?uelas legales, estos han logrado que actos nulos no sean anulados de origen o que los servidores p¨²blicos no queden liberados de cumplir con actos nulos. La propuesta es que lo anterior cambie y que ning¨²n acto contrario a la ley pueda quedar jur¨ªdicamente firme.

Cuarto, se quiebran monopolios de compras p¨²blicas. Se permitir¨¢ que empresas extranjeras puedan participar en licitaciones y que, en casos de urgencias m¨¦dicas o de seguridad nacional, se puedan pagar anticipos de m¨¢s del 50% para la adquisici¨®n de bienes. Esto abre mercados y favorece que los precios bajen.

Finalmente, se pide que todos los contratos que firme el Estado incluyan una cl¨¢usula de terminaci¨®n anticipada. Hasta ahora, los privados dejan de incluirla a prop¨®sito, a fin de dificultar el cambio de proveedores. La nueva obligaci¨®n replica la legislaci¨®n existe en Francia, Argentina y Per¨².

No hay duda de que la discusi¨®n de estas cinco secciones ser¨¢ controversial. No comparto todas las ideas en ellas vertidas. Sin embargo, tampoco comparto la visi¨®n de que toda la iniciativa es una herej¨ªa antimercado digna de ¡°pa¨ªs bananero¡± (sic). Por el contrario, esta iniciativa ser¨¢ estudiada en la escuela como una radiograf¨ªa de todas las formas en las que los despachos legales han logrado interpretar la ley a modo para marginalizar al Estado.

En pa¨ªses desarrollados hablar de estos temas no es herej¨ªa. En Estados Unidos, existen docenas de trabajos que ha mostrado c¨®mo la ley dificulta el desarrollo de obra p¨²blica. Hay un clamor para cambiarlo y volver a un Estado que pueda construir de nuevo.

En M¨¦xico tambi¨¦n es momento de cuestionar nuestros supuestos. De preguntarnos si en verdad necesitamos que el inter¨¦s privado, disfrazado de ley, imposibilite la consecuci¨®n del bien com¨²n. O si necesitamos una litigiosidad que inmoviliza y congela la acci¨®n p¨²blica. El presidente se nos ha adelantado en esta discusi¨®n y anticipo que no ser¨¢ popular. M¨¦xico no est¨¢ preparado para una discusi¨®n profunda y no ideol¨®gica sobre el Estado que queremos.