El Estado mexicano y las personas desaparecidas
Por imposici¨®n delictiva, corrupci¨®n adquirida, temores reverenciales o pura pasividad, la b¨²squeda y localizaci¨®n ha transmutado su sentido de b¨²squeda y localizaci¨®n para convertirse en pura administraci¨®n de tr¨¢mites
Apenas ayer, Quinto Elemento Lab public¨® el reportaje de Efra¨ªn Tzuc sobre las desapariciones y las fosas clandestinas en M¨¦xico. Las primeras superan ya las 111.500 personas, y las segundas alcanzan el n¨²mero de 5.696. Los de por s¨ª grav¨ªsimos datos del estudio muestran una tendencia al alza en el actual sexenio. Igualmente es dram¨¢tico el bajo n¨²mero de personas desaparecidas que se localizaron e identificaron.
Con los n¨²meros acumulados se han hecho varias cosas a partir de la despersonalizaci¨®n de los seres humanos as¨ª nominados. Se han comparado tasas de crecimiento por a?o, o contrastado el n¨²mero de personas desaparecidas en cada uno de los ¨²ltimos tres per¨ªodos presidenciales. La realizaci¨®n del primer ejercicio comparativo busca relativizar el fen¨®meno, mientras que el segundo pretende salvar el presente, denigrando el pasado. En cualquier caso, los juegos num¨¦ricos no solo se han constituido en distractores de la gravedad de lo que estamos viviendo tanto individual como colectivamente, sino que han logrado reducir parte del fen¨®meno a una macabra numeralia. Las personas desaparecidas, las localizadas y las identificadas son n¨²meros para la autocomplacencia de un r¨¦gimen de gobierno o de satisfacci¨®n frente a los antecesores y su ominoso actuar.
En todo lo que est¨¢ sucediendo hay varios aspectos que debemos volver a resaltar. Por una parte est¨¢, desde luego, el de la grav¨ªsima reducci¨®n de una tragedia nacional a meros n¨²meros. Este proceder deshumanizante se parece mucho a lo relatado por Sebasti¨¢n Haffner en su Historia de un alem¨¢n. Una situaci¨®n en la que, seg¨²n narra la guerra, se redujo a la expresi¨®n num¨¦rica de avances, muertos, armas destruidas y otras consideraciones semejantes que, a su juicio, prepararon parte de la psicolog¨ªa de quienes vivieron la ¡°guerra del 14¡å, para lo que unos a?os despu¨¦s habr¨ªa de sobrevenir como proceso y como necesidad totalitaria.
Otro aspecto al que convoca la numeraci¨®n de personas desaparecidas y fosas clandestinas tiene que ver con la manera en que las autoridades est¨¢n contendiendo con el fen¨®meno. Sin exigirles alt¨ªsimos y excepcionales niveles de eficacia, es posible suponer que, con los seis a?os del periodo de Felipe Calder¨®n, los seis de Enrique Pe?a Nieto y los cinco de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, las autoridades nacionales tendr¨ªan experiencia y capacidad para enfrentar las pr¨¢cticas acumuladas en esos casi diecisiete a?os. Sin embargo, lejos de encontrar esos avances o, al menos, indicios de operatividad, observamos las mismas ausencias, desatinos y pr¨¢cticas presentes al inicio de las propias desapariciones.
La est¨¢tica gubernamental apreciable en pr¨¢cticamente todos los niveles de nuestro estado federal nos obliga a mirar las cosas de un modo distinto, y preguntarnos ¡ªadem¨¢s de cuestionarnos por la alienaci¨®n impuesta en o por la numerolog¨ªa¡ª por las causas del mantenimiento de las omisiones e incapacidades. Lo que es lo mismo, por las causas de la imposibilidad de acumular experiencia y talento en una tarea humana que todos ¡ªal menos ret¨®ricamente¡ª consideramos esencial para no diluir nuestra humanidad ni nuestro sentido de colectividad.
Las hip¨®tesis que hasta hoy se han formulado para explicar la falta de resultados respecto de los desaparecidos, as¨ª como las causas que los provocan ¡ªah¨ª donde vagamente o con poco ¨¦nfasis se han producido¡ª, han tenido que ver con la crueldad de los perpetradores, la culpa de las v¨ªctimas por la generalizaci¨®n de los fen¨®menos violentos en el pa¨ªs. Adem¨¢s, evidentemente tienen relaci¨®n con una ampl¨ªsima y, por ende, poco ¨²til apelaci¨®n a la falta del Estado de derecho. Lo que llama la atenci¨®n es que las explicaciones no se refieren a las incapacidades institucionales del Estado mexicano, no ya como posible perpetrador o aliado de perpetradores, sino como entidad encargada de resolver los problemas generados. Planteado el tema a modo de pregunta, ?c¨®mo explicamos la incapacidad de las autoridades nacionales para resolver un fen¨®meno extendido en el tiempo y en el territorio? M¨¢s all¨¢ de delitos y de delincuentes o de la connivencia entre ellos y las autoridades, ?c¨®mo explicar la falta de adquisici¨®n de capacidades institucionales para localizar e identificar personas desaparecidas y trabajar en fosas comunes?
Mis preguntas no se refieren aqu¨ª a la prevenci¨®n de los actos delictivos o al castigo de los responsables. De un modo m¨¢s b¨¢sico ¡ªpero no por ello menos tr¨¢gico¡ªpregunto por la imposibilidad de actuaci¨®n sobre las v¨ªctimas que hayan sufrido alg¨²n tipo de injusticia, una vez que esta se ha llevado a cabo. Independientemente de la realizaci¨®n de las acciones criminales, ?por qu¨¦ las autoridades no son capaces de hacerse cargo de los efectos de los delitos que se cometen?
Aun cuando la respuesta puntual a esta pregunta implica aspectos organizacionales, presupuestales, t¨¦cnicos y de otras ¨ªndoles, hay un elemento que puede dar cuenta de la ausencia de capacidades a lo largo del tiempo. La clave est¨¢ en lo que Marcela Turati describe en su libro San Fernando: ¨²ltima parada (Aguilar, 2023). No me refiero a la informaci¨®n terrible de los hechos que dieron lugar a la muerte, desaparici¨®n o tortura de diversas personas en manos de criminales en ese municipio tamaulipeco. Tampoco aludo a los m¨²ltiples relatos acerca del apoyo que los perpetradores recibieron de diversas fuerzas de seguridad federales y locales. Me refiero a la manera en la que las autoridades de los tres niveles de gobierno actuaron o dejaron de actuar una vez que las desapariciones, las torturas y las muertes se hab¨ªan producido.
Lo que Marcela Turati narra es el papeleo entre autoridades municipales, estatales y federales. Describe c¨®mo el actuar estatal se redujo al mero env¨ªo de papeles ineficientes, de un lugar a otro, de unas manos a otras, a sabiendas de que nada de ello habr¨ªa de tener sentido para la tarea de b¨²squeda y localizaci¨®n. La repetici¨®n del mismo oficio para destinatarios distintos, la espera de la consabida respuesta seguida de un conjunto de pasos reiterados y reiterativos en las mismas direcciones de ida y vuelta, encapsularon el horizonte de posibilidades y capacidades funcionales de las autoridades inmersas en la b¨²squeda.
Vistas con alguna perspectiva, en estas actuaciones hay varias pistas para reconocer el hilo conductor que hilvana, si no de la totalidad, s¨ª al menos de una parte importante de las acciones realizadas por el Estado sobre las personas desaparecidas. Se trata de la mera administraci¨®n del problema para quitarle esta categor¨ªa y para convertirlo en un tema de mera operaci¨®n cotidiana, constante y regular. Por imposici¨®n delictiva, corrupci¨®n adquirida, temores reverenciales o pura pasividad, la b¨²squeda y localizaci¨®n ha transmutado su sentido de b¨²squeda y localizaci¨®n para convertirse en pura administraci¨®n de tr¨¢mites. En un ir y venir de papeles, llamadas o correos electr¨®nicos, encaminados a mostrar un hacer que, de suyo, es independiente de lo que en alg¨²n momento se quiso lograr.
El Estado mexicano ha llegado a un punto en materia de desapariciones forzadas en donde su objetivo es administrar la mayor crisis civilizatoria de varias generaciones. Ante la imposibilidad de reconocer ¡ªy de reconocerse a s¨ª mismas¡ª que las autoridades nacionales est¨¢n subordinadas a la delincuencia o, de plano, trabajan para ella, han optado por evadirse en la circulaci¨®n de papeles de b¨²squeda y localizaci¨®n, bajo la coartada de que ello es, en s¨ª mismo, b¨²squeda y localizaci¨®n. Han asumido que de ese traj¨ªn resultar¨¢, alg¨²n d¨ªa y simult¨¢neamente, algo de eficacia funcional, sin evidenciar al mismo tiempo los compromisos con o las subordinaciones a quienes ya est¨¢n comprometidos o subordinados.
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