Los jueces ante las debilidades presidenciales

Apenas la semana pasada el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador utiliz¨® su charla matutina para se?alar las conductas que, a su juicio, diversos jueces y magistrados federales han realizado para favorecer a presuntos delincuentes. Dijo contar con informaci¨®n de cinco jueces a quienes se les han presentado denuncias penales y quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se refiri¨® al de ocho jueces cuyas resoluciones fueron impugnadas por el Ministerio P¨²blico y se resolvieron favorablemente por el tribunal de alzada y; de ocho casos de magistrados y jueces que se opusieron a la aplicaci¨®n de la prisi¨®n preventiva oficiosa, as¨ª como del caso del secuestro, tortura y asesinato de una persona.

La mezcla de temas y problemas realizada por el presidente de la Rep¨²blica es curiosa. El primer grupo de casos, por ¨¦l comentado, tiene en com¨²n la existencia de denuncias o quejas. M¨¢s all¨¢ del resultado que finalmente vaya a alcanzarse en cada uno de esos procedimientos, lo cierto es que los jueces mencionados est¨¢n siendo investigados, ninguna condena se ha emitido sobre ellos y, por lo mismo, contin¨²an gozando de presunci¨®n de inocencia. El segundo grupo de juzgadores aludidos, lo es por un supuesto a¨²n m¨¢s endeble. Sencillamente, porque sus decisiones fueron recurridas conforme a los procedimientos jur¨ªdicos previstos tanto en la Constituci¨®n como en las leyes y, como lo reconoce el propio jefe del ejecutivo, en algunos casos han sido revocados o modificados. Me parece que aun cuando el juicio presidencial se debe a la existencia de las impugnaciones o las modificaciones, estos supuestos son en realidad las condiciones ordinarias de la actuaci¨®n judicial sometida a cr¨ªtica.

El tercer grupo, ya de plano en una condici¨®n incremental, se forma con base en las decisiones tomadas por algunos juzgadores en acatamiento a lo resuelto recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros, as¨ª como Daniel Garc¨ªa Rodr¨ªguez y Reyes Alp¨ªzar Ortiz, contra el Estado mexicano. Siguiendo los precedentes de la Corte mexicana y de la propia Corte Interamericana, los jueces nacionales consideraron la inconvencionalidad de lo dispuesto en las normas nacionales, y rechazaron las solicitudes de otorgamiento de la prisi¨®n preventiva oficiosa llevada a cabo por el Ministerio P¨²blico correspondiente. En el ¨²ltimo caso expuesto por el presidente, se alude a la responsabilidad de un juez de Distrito por absolver a seis presuntos responsables del secuestro, tortura y asesinato de una persona, a pesar de que otros seis implicados s¨ª fueron sentenciados. Supongo que el juicio presidencial de que mientras unos implicados s¨ª fueron sentenciados, otros no lo fueron, y ello, supongo tambi¨¦n, le lleva a considerar al presidente la existencia de una grave violaci¨®n constitucional.

Debido a la posici¨®n que ocupa y a sus indudables capacidades comunicacionales, el propio Ejecutivo y su equipo, as¨ª como alg¨²n sector de la opini¨®n p¨²blica, por una parte, pudieron haber cre¨ªdo que las acusaciones realizadas eran verdaderas. Que lo afirmado por ¨¦l, efectivamente mostraba la corrupci¨®n del Poder Judicial. Por otra parte, y considerando los mismos supuestos tanto posicionales como comunicacionales, algunas personas pudieron haber pensado que los se?alamientos hechos en la conferencia matutina mostraban su fuerza o, si se quiere, el enorme poder con que cuenta Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Por mi parte, creo que las declaraciones presidenciales en realidad ponen de manifiesto debilidad institucional y personal.

En primer lugar, lo dicho por el presidente muestra la existencia de un sistema de impartici¨®n de justicia en marcha. El que existan quejas, denuncias, recursos, revocaciones y cumplimientos a lo decidido por las Cortes mexicana e interamericana, simple y sencillamente pone de manifiesto que diversas instancias est¨¢n actuando para revisar los actos de los juzgadores, o para lograr el cumplimiento de lo previsto en la Constituci¨®n, los tratados internacionales y las leyes. Ah¨ª donde el presidente pretendi¨® identificar desv¨ªos, en realidad encontr¨® procedimientos encaminados a revisar o a corregir los que, efectivamente, pudieran serlo.

En segundo lugar, las acusaciones realizadas por el jefe del ejecutivo en contra de diversos juzgadores lo muestran como un gobernante d¨¦bil. Si L¨®pez Obrador fuera efectivamente poderoso, contar¨ªa con unos servicios jur¨ªdicos t¨¦cnicos, capaces de presentar adecuadamente sus quejas, denuncias y recursos en el plano jur¨ªdico. La fuerza del mandatario deber¨ªa poderse constatar en su capacidad para enfrentar las decisiones judiciales adversas, y en su capacidad para denunciar s¨®lidamente las conductas de aquellos juzgadores que, a su juicio, se apartaran del recto desempe?o de sus tareas. Esta forma de proceder mostrar¨ªa que el presidente se encuentra en pleno dominio y ejercicio tanto de las competencias como de las facultades que le confieren la Constituci¨®n y las leyes. Sin embargo, cuando para remediar los males que estima que le causan, ya sea de manera personal o institucionalmente, tiene que acudir a se?alamientos ad hominem o de plano incurrir en distorsiones entre las conductas judiciales y los medios ¡ªtambi¨¦n judiciales¡ª para controlarlas, lo que demuestra es una profunda debilidad institucional, m¨¢s all¨¢ del apoyo y de los recursos que su posici¨®n pol¨ªtica pudieran o debieran conferirle.

A lo largo de los siglos se han producido distintas reflexiones para dar cuenta de las relaciones entre poder y autoridad o, dicho de otra manera, entre el poder real y el aparente. En los an¨¢lisis que Claudio Lomnitz llev¨® a cabo (El tejido social rasgado) para dar cuenta de las maneras en que se ejerce el poder p¨²blico en M¨¦xico, diferenci¨® entre el poder estatal y la soberan¨ªa. Con el primero, aludi¨® a la capacidad efectiva del ejercicio del poder, y mediante el segundo, a la parafernalia de la que se rodea quien tiene que aparentar que lo hace. Las denuncias ma?aneras a los juzgadores tuvieron este car¨¢cter. Las incapacidades jur¨ªdica y judicial del presidente lo llevaron a agredir a los juzgadores. Ello a costa de su investidura, sus atribuciones y sus posibilidades de gobernar a una sociedad con crecientes conflictos. Esas muchas diferencias y problemas que, para bien y para mal, requieren de m¨¢s y mejores jueces, como lo sabe todo aquel que comprenda la funci¨®n del Estado.