Seis notar¨ªas: un bot¨ªn pol¨ªtico

Hace algunos d¨ªas ¡ªcortes¨ªa de Marko Cort¨¦s¡ª descubrimos que parte del acuerdo pol¨ªtico de coalici¨®n en Coahuila inclu¨ªa el reparto de seis notar¨ªas, entre otras posiciones. De haberse cumplido este convenio, la fe p¨²blica se habr¨ªa conferido con base en la cercan¨ªa con el partido azul, no en la excelencia y honorabilidad que pregona el gremio. Ninguna sorpresa.

En teor¨ªa, obtener el codiciado boleto dorado ¡ªuna lucrativa patente notarial¡ª deber¨ªa depender de aprobar un examen de oposici¨®n en el que los candidatos compiten entre s¨ª para elegir al mejor. Cu¨¢nta inocencia: las notar¨ªas suelen ser un bot¨ªn pol¨ªtico.

Ya hab¨ªamos escuchado que el exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso regalaba patentes a mansalva. Lo mismo que Graco Ram¨ªrez y Cuauht¨¦moc Blanco en Morelos, o Javier Duarte y Fidel Herrera en Veracruz. Favor con favor se paga. Un nada virtuoso ejercicio de reciprocidad que termina con una actividad esencial del Estado en las manos equivocadas. Corrupci¨®n, le llaman. La verdad ¡ªese sustantivo monopolizado por los notarios¡ª al servicio de mafiosos.

En la concepci¨®n inicial, los notarios deber¨ªan ser los mejores abogados investidos por el Estado con el poder de validar los actos y documentos presentados ante ellos. Su palabra es la ley. En su presencia, se formalizan compraventas, se otorgan testamentos, se constituyen sociedades, y un largo etc¨¦tera. Cumplen una funci¨®n vital del Estado al otorgar validez a los documentos necesarios para ejercer nuestros derechos.

En algunos Estados, Coahuila incluido, la corrupci¨®n est¨¢ institucionalizada. Ah¨ª, por ejemplo, para convertirte en un flamante notario habr¨¢s de aprobar un examen de aspirante y, despu¨¦s, un examen de selecci¨®n. La trampa est¨¢ en que el gobernador ¡ªsi te considera suficientemente capacitado¡ª podr¨¢ librarte del requisito.

Las notar¨ªas en M¨¦xico tienen buenos publirrelacionistas. Sus esc¨¢ndalos, disfuncionalidad y coadyuvancia con el crimen han llegado poco a las primeras planas: corrupci¨®n, lavado de dinero, evasi¨®n de pago de impuestos, legalizaci¨®n de despojos y constituci¨®n de empresas fantasma. Tambi¨¦n suele pasar como nota menor el nepotismo arraigado en la obtenci¨®n de patentes: familias enteras en cuyo seno se encuentran desde dos hasta cinco generaciones de notarios.

Luego est¨¢ el asunto de sus descomunales fortunas. Las notar¨ªas representan un negocio sin igual. Para ponerlo en perspectiva, consideremos la escrituraci¨®n de una sola compraventa de inmueble valuado en dos millones de pesos. Por ella, el notario ganar¨¢ el uno por ciento de la transacci¨®n, lo que habr¨¢ de ser multiplicado por un cuantioso n¨²mero de escrituras al mes. Con solo una de esas operaciones, el notario ganar¨¢ el salario mensual de una maestra de primaria. Se antoja exagerado, desproporcional.

Tal asimetr¨ªa financiera es producto de los alt¨ªsimos honorarios que cobran por sus servicios, lo que se refleja en que el 94% de los mexicanos no cuente con un testamento y que un 30% de inmuebles carezca de escritura. Dinero, ese poderoso caballero. Los honorarios asociados a la funci¨®n notarial son prohibitivos para la mayor¨ªa. La intenci¨®n de la ley notarial de 1867 emitida por Ju¨¢rez ¡ªque establec¨ªa la exenci¨®n de honorarios para los m¨¢s pobres¡ª ha sido distorsionada por los notarios modernos con estrategias de alcance limitado: el mes del testamento y descuentos menores para la regularizaci¨®n de la tenencia de la tierra. Pura simulaci¨®n.

Los actores involucrados ¡ªen el Ejecutivo, Legislativo y Judicial¡ª han optado por hacer la vista gorda. Est¨¢ en juego una considerable cuota de poder, con muchas personalidades influyentes a las que es preferible no molestar. A lo largo de la historia del pa¨ªs, hemos presenciado a notarios desempe?ando roles destacados en la esfera pol¨ªtica: procuradores generales de la Rep¨²blica, embajadores, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Gobernaci¨®n y gobernadores, entre otros. Existe un acuerdo t¨¢cito de guardar silencio, lo cual explica por qu¨¦ el notariado mexicano no ha sido revisado ni reformado desde hace mucho tiempo, carece de supervisi¨®n efectiva y sus actuaciones no est¨¢n sujetas a revisi¨®n judicial como las de otros funcionarios p¨²blicos.

Confrontar al notariado mexicano es imperativo y congruente con un proyecto pol¨ªtico que promete luchar contra la exclusi¨®n y la desigualdad. Las notar¨ªas p¨²blicas en M¨¦xico se erigen como obst¨¢culos para el ejercicio de derechos por parte de la mayor¨ªa. Est¨¢n heridas de muerte y ya no pueden seguir ocultando los s¨ªntomas.

La revisi¨®n de esta instituci¨®n debe enfocarse en soluciones tecnol¨®gicas que no estaban disponibles al concebir al gremio: firmas electr¨®nicas, blockchain o verificaci¨®n biom¨¦trica, por nombrar algunos. Algunos pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y Colombia han dado los primeros pasos en esa direcci¨®n. Por otro lado, el Estado, ese que promete expandir derechos, debe asumir el costo y la responsabilidad de facilitar a la poblaci¨®n los documentos esenciales para ejercitarlos. Un derecho desprovisto de la posibilidad de ejercerlo no puede considerarse como tal. Es imperativo reconsiderar el monopolio que los notarios ostentan sobre la verdad, recobrando para el Estado algunas de sus funciones.

La ausencia de una transformaci¨®n profunda del notariado mexicano seguir¨¢ afectando a la mayor¨ªa. Priv¨¢ndolos de seguridad jur¨ªdica, despoj¨¢ndolos de la posibilidad de ejercitar sus acuerdos, neg¨¢ndoles el derecho de propiedad, el acceso a servicios financieros y a la posibilidad de planificaci¨®n sucesoria. La ley de la selva.

La ventana abierta por Marko Cort¨¦s es apenas un atisbo, un modesto indicio de la realidad nacional. Sirve, sin embargo, para airear un fen¨®meno que rara vez se expone con toda su crudeza ante la opini¨®n p¨²blica: el de la perversa relaci¨®n entre los notarios y el poder pol¨ªtico.