El video de MC: manipular la ley para atemorizar y reprimir

Hace unas semanas, en ocasi¨®n de un encuentro de f¨²tbol, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge ?lvarez M¨¢ynez, subi¨® a sus redes sociales un v¨ªdeo donde sale visiblemente alcoholizado junto al gobernador de Nuevo Le¨®n, Samuel Garc¨ªa, burl¨¢ndose del Instituto Nacional Electoral y retando a algunos pol¨ªticos de otros partidos.

M¨¢s all¨¢ de las emociones desembocadas que le provoc¨® un gris empate deportivo al exdiputado, sin olvidar la resaca del d¨ªa siguiente con su respectivo perd¨®n a rega?adientes, lo sucedido pasar¨ªa a los anales de esta fren¨¦tica campa?a electoral como una an¨¦cdota sin m¨¢s, como un error cometido al calor de las copas, o acaso un intento fallido por llamar la atenci¨®n a costa del esc¨¢ndalo.

Sin embargo, fieles a la soberbia que los caracteriza, en los d¨ªas subsecuentes y nada conformes con el hecho de que distintos medios de comunicaci¨®n recogieron el video y dieron cuenta del mismo como nota period¨ªstica, los naranjas desplegaron una comprometida estrategia digital para tratar de eliminar cualquier registro de lo sucedido.

As¨ª, de un d¨ªa a otro, el video fue presuntamente registrado por la empresa de creaci¨®n y difusi¨®n de contenidos Badabun, que, dicho sea de paso, ha sido contratada con dinero p¨²blico desde hace tiempo por Movimiento Ciudadano para su posicionamiento.

El acto no era casual, ya que dicho negocio reclam¨® la pertenencia de los derechos de autor del video en cuesti¨®n, haciendo que plataformas como Facebook, YouTube e Instagram promovieran tanto a medios de comunicaci¨®n como usuarios particulares bajar ese contenido.

Siguiendo esa l¨®gica, el video de los desfiguros del candidato era material original y exclusivo y, por ende, cualquier persona que lo reprodujera requer¨ªa necesariamente una autorizaci¨®n a riesgo de estar cometiendo una infracci¨®n.

Este tipo de pr¨¢cticas, denominadas usualmente como ¡°de notificaci¨®n y retirada¡± (notice and takedown), fueron reconocidas apenas en julio de 2020 cuando entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. A pesar de que su objetivo resulta leg¨ªtimo en teor¨ªa por garantizar el ejercicio de los derechos de autor en Internet, lo cierto es que en la pr¨¢ctica el mecanismo puede malversarse y poner en riesgo otros derechos como la libertad de expresi¨®n y el acceso a la informaci¨®n.

Y es que sin necesidad de que lo ordene una autoridad judicial, o acaso que los supuestos afectados presenten pruebas al respecto, la ley obliga a remover, retirar, eliminar o inhabilitar el acceso a la publicaci¨®n de manera expedita y eficaz, a fin de prevenir situaciones que mermen el uso no autorizado de obras protegidas.

Lo que sucede en el caso concreto es que quien ahora se dice afectado, fue la misma persona que comparti¨® el video en una de sus propias redes sociales. La estrategia que posteriormente despleg¨® la empresa Badabun no es otra cosa que un desesperado esfuerzo por remediar el error de su candidato a partir de una interpretaci¨®n tramposa de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Es decir, estamos en presencia de un intento de fraude a la ley; es la manipulaci¨®n del Derecho en aras de pervertir los objetivos por los que esa regla fue creada y amedrentar a los involucrados.

Si bien el derecho a la libertad de expresi¨®n no es absoluto y puede ser limitado en ciertos casos, queda claro que desde el momento en que ?lvarez decidi¨® ser un actor pol¨ªtico, este debe tener una mayor tolerancia a las cr¨ªticas por encontrarse sometido a un profuso escrutinio por parte de la sociedad. Por decirlo pronto, el comportamiento de alguien que estar¨¢ en la pr¨®xima boleta presidencial resulta de inter¨¦s p¨²blico.

A esto habr¨ªa que sumar que precisamente en estos momentos el sistema ¡°de notificaci¨®n y retirada¡± y otros aspectos de la Ley Federal del Derecho de Autor se encuentran impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n a trav¨¦s de diversos medios de control constitucional promovidos por la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos y distintas organizaciones de la sociedad civil.

La desatinada estrategia de control de da?os de Movimiento Naranja es quiz¨¢ uno de los mayores riesgos de instrumentalizar empresas privadas para fines no democr¨¢ticos, es la evidencia de c¨®mo las leyes se pueden aprovechar para atemorizar y reprimir.

Quiz¨¢ eso explique la simpat¨ªa que ?lvarez ha mostrado por el modelo de seguridad implementado en El Salvador liderado por Nayib Bukele; un r¨¦gimen de excepci¨®n cuya efectividad oscila entre el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos. O acaso aclare el reciente fichaje de Sandra Cuevas a las filas naranjas, un personaje narcisista que despleg¨® un gobierno autoritario y represor en la Alcald¨ªa Cuauht¨¦moc y que poco tiene que ver con ese discurso que ha enarbolado Movimiento Ciudadano.

Conforme transcurre este proceso electoral, los que se quieren presentar como una tercera v¨ªa frente al oficialismo y la oposici¨®n, como una supuesta opci¨®n alegre y diferente para el electorado, tristemente terminan revel¨¢ndose como lo mismo de siempre.

Ojal¨¢ que las estrategias tan tramposas como pat¨¦ticas que los naranjas utilizaron para intentar suprimir los desfiguros de su candidato sirvan para advertir lo perjudicial que esta opci¨®n puede significar para la libertad de expresi¨®n en nuestra democracia.

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