Las Juanitas 2.0

Los partidos pol¨ªticos en M¨¦xico siempre tienen forma de sorprendernos¡­ para mal. Cuando pensamos que ya no pueden caer m¨¢s bajo o perfeccionarse a¨²n m¨¢s en el arte de la trampa, de alguna forma consiguen superarse una y otra vez. Lo que est¨¢ sucediendo en este proceso electoral en el tema de las acciones afirmativas para personas con discapacidad cae en esta categor¨ªa y debiera ser un esc¨¢ndalo nacional como en su momento fueron las llamadas Juanitas, mujeres postuladas por los partidos pol¨ªticos para cumplir formalmente con las cuotas de g¨¦nero que establec¨ªa la ley para, tan pronto como ganaran la elecci¨®n, renunciar a su curul para que su lugar fuera tomado por un var¨®n, frecuentemente su esposo, hermano o hijo.

En esta ocasi¨®n la trampa llega en forma de certificado m¨¦dico patito para cumplir con el formalismo requerido en la ley. De esta manera, un n¨²mero todav¨ªa indeterminado de candidatas y candidatos, empujados por sus partidos pol¨ªticos, han mentido a los institutos electorales de diversos estados para hacerse a la mala de candidaturas que no les corresponder¨ªan dado que no tienen ninguna discapacidad.

Parece incre¨ªble tenerlo que recordar en la segunda d¨¦cada del siglo XXI, pero va de nuevo: las acciones afirmativas en la legislaci¨®n electoral fueron creadas con el prop¨®sito de servir para la inclusi¨®n de personas tradicionalmente relegadas a los m¨¢rgenes de la toma de decisiones; para que su voz sea escuchada, su agenda visibilizada y sus intereses contemplados en la agenda p¨²blica. Las acciones afirmativas son una herramienta esencial para reducir la desigualdad y discriminaci¨®n que enfrentan las personas con discapacidad. Es tambi¨¦n una forma de que en las instancias de toma de decisiones: alcald¨ªas, cabildos, y los congresos estatales y el federal, haya una representaci¨®n aut¨¦ntica y efectiva de ciudadanos que son parte de minor¨ªas vulnerables y discriminadas.

Es a trav¨¦s de la c¨ªnica violaci¨®n de estos principios que candidatos y partidos est¨¢n buscando enga?ar a la ciudadan¨ªa y aprovecharse de los vac¨ªos y carencias de los organismos electorales para postular, por ejemplo, a una persona que busca la reelecci¨®n a la alcald¨ªa de Zamora en Michoac¨¢n y que argumenta ¡ª¡°certificado m¨¦dico¡± en mano¡ª que la miop¨ªa y el astigmatismo son una discapacidad, porque en su caso son ¡°permanentes¡±. Con su postulaci¨®n v¨ªa acci¨®n afirmativa su partido pol¨ªtico, el PAN, ¡°cumple¡± con la cuota que la normativa electoral estatal se?ala. De sobra est¨¢ decir que el alcalde no usa ni lentes.

Organizaciones de la sociedad civil y activistas se han dado a la tarea de buscar a m¨¢s candidatos usurpadores que, o no tienen discapacidad alguna o si es que la tienen su candidatura, a ojos de estas organizaciones, no debiera ser considerada en la cuota de acci¨®n afirmativa porque no son siquiera campa?as accesibles para las personas con discapacidad a las que dicen representar.

En este asunto no hay partido que se salve: est¨¢ Rosario Morales, candidata local por Morena en Ciudad de M¨¦xico, que dice tener una discapacidad visual sin que haya evidencia alguna al respecto; Manuel Dick, candidato de PRI-PAN-PRD, o Guillermo Peredo de Movimiento Ciudadano, que se han registrado por discapacidad auditiva pero cuyas campa?as no son siquiera accesibles para personas con esa misma discapacidad; Luis Ch¨¢vez tambi¨¦n en Ciudad de M¨¦xico, que registr¨® una ¡°discapacidad motriz permanente¡± y en su primer spot de campa?a aparece en diversas tomas caminando, subiendo y bajando escaleras, y cruzando puentes peatonales.

Hay activistas buscando casos por todo el pa¨ªs y denuncias de una esquina a otra de la geograf¨ªa nacional. En varios de ellos los institutos electorales estatales ocultan datos tan simples como el n¨²mero, nombre y tipo de discapacidades registradas.

Los organismos electorales estatales y el nacional dicen que no pueden m¨¢s que confiar en que partidos y candidatos act¨²an de buena fe cuando entregan sus documentos de postulaci¨®n. Su respuesta deja claro que hay un largo camino por recorrer para que a las personas con discapacidad les sean garantizados sus derechos pol¨ªtico-electorales como a cualquier otro ciudadano mexicano. La justa y justificada indignaci¨®n que despert¨® en la sociedad el caso de las Juanitas debe renacer con este nuevo caso de abuso partidista. Tenemos que cerrarle la puerta a la trampa y al enga?o promovido desde el poder y financiado, adem¨¢s, con recursos p¨²blicos.

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