En Estados Unidos y en M¨¦xico: el poder judicial a las urnas

Inmersos como estamos en el debate sobre la reforma judicial, rara vez nos percatamos de que la justicia se discute en todas partes. Incluso en nuestro vecino del norte. A pocos meses de dejar la presidencia ¡ª?c¨®mo se atreve?¡ª, Joe Biden revel¨® tres propuestas de reformas constitucionales. El paquete de iniciativas lleva por nombre ¡°Nadie por encima de la ley¡±.

Estos proyectos, dise?ados para ajustar los engranajes de la democracia estadounidense, tienen un prop¨®sito ineludiblemente electoral. Su aprobaci¨®n, en un Congreso dominado por los republicanos, es un sue?o lejano. No obstante, cuentan con el respaldo de Kamala Harris, la probable sucesora de Biden en la contienda presidencial. En el improbable caso de una mayor¨ªa dem¨®crata, el partido estar¨¢ obligado a materializar las reformas. Las propuestas son estandarte y promesa.

Nuestros analistas en M¨¦xico no pueden contener su furia: Joseph Biden (el muy mis¨®gino), pretende maniatar a su sucesora. Bien har¨ªa Kamala Harris en distanciarse, no ser mera calca. La iron¨ªa, conf¨ªo, es evidente.

Con precisi¨®n de relojero, Biden ha identificado un problema, formulado un diagn¨®stico y propuesto una soluci¨®n, guiado por el antiguo principio newtoniano: a cada acci¨®n corresponde una reacci¨®n de igual magnitud y en sentido contrario. ?Pulsi¨®n autoritaria o sentido com¨²n? Juzgue usted.

Las reformas son tres. La primera apunta a eliminar la inmunidad del presidente de EE UU por delitos cometidos durante su mandato. Esta iniciativa responde a un criterio nebuloso y subjetivo, recientemente sostenido por la mayor¨ªa conservadora de la Corte Suprema, al otorgar inmunidad a Trump en relaci¨®n con el asalto al Capitolio ocurrido mientras a¨²n ocupaba la presidencia. El presidente como rey.

En M¨¦xico, ese asunto est¨¢ resuelto. Nuestro Ejecutivo federal tiene inmunidad solo durante su mandato y, durante la administraci¨®n del presidente L¨®pez Obrador, se ampli¨® el cat¨¢logo de delitos por los cuales el presidente puede ser procesado. Fue una de sus promesas de campa?a. Adem¨¢s, entre las propuestas enviadas al Congreso de la Uni¨®n por el tabasque?o el 5 de febrero pasado, se incluye la eliminaci¨®n total de esta protecci¨®n procesal.

La segunda propuesta de reforma pretende corregir una anomal¨ªa del sistema estadounidense: la duraci¨®n vitalicia de los jueces de la Suprema Corte. De aprobarse, el mandato de estos jueces se limitar¨ªa a 18 a?os y cada dos el presidente nombrar¨ªa a uno nuevo. Si bien es cierto que los poderes judiciales est¨¢n deliberadamente dise?ados para tener mayor estabilidad que el Ejecutivo y el Legislativo en el tiempo, el nombramiento vitalicio tiende a fomentar posiciones m¨¢s conservadoras y elimina la rendici¨®n de cuentas. La iniciativa de Biden busca cambiarlo: que el poder judicial evolucione junto con la sociedad a la que sirve y que un solo presidente no pueda nombrar a un n¨²mero desmesurado de jueces.

De este lado de la frontera, esa discusi¨®n quedo zanjada hace tiempo. Los ministros de la Suprema Corte tienen un mandato de 15 a?os y su nombramiento se realiza de manera escalonada. De aprobarse la reforma judicial de AMLO en su forma actual, los nuevos ministros ocupar¨¢n su cargo durante 12 improrrogables a?os.

La tercera propuesta es la implementaci¨®n de un c¨®digo de ¨¦tica vinculante para los nueve jueces de la Corte Suprema. No es que el tribunal carezca de un manual de conducta, sino que hasta ahora lo han considerado voluntario, opcional. De aprobarse la iniciativa de Biden, los jueces de la Suprema Corte de EE UU deber¨¢n revelar los regalos que reciben y excusarse de conocer asuntos en los que tengan conflictos de intereses. Lo normal, lo sensato. Esta iniciativa responde directamente a los recientes esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que han salpicado a los ministros del pa¨ªs de Estados Unidos y que han terminado en intentos de juicio pol¨ªtico en su contra. Pasa hasta en las mejores familias.

En este ¨¢mbito, en M¨¦xico el pasto no es m¨¢s verde. Aunque el Poder Judicial de la Federaci¨®n posee un C¨®digo de ?tica, su aplicaci¨®n es ¡ªpor decirlo suavecito ¡ªarbitraria. El Consejo de la Judicatura Federal ¡ªpresidido por la misma persona que encabeza la SCJN¡ª sanciona con parsimonia y siguiendo la m¨¢xima juarista: para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas.

El poder judicial de EE.UU, al igual que el nuestro, se encuentra sumido en una crisis ¨¦tica y de legitimidad. No es secreto que Trump lo ha llenado de perfiles conservadores, aprovechando un Congreso republicano que, extraordinariamente, le permiti¨® ratificar un n¨²mero de jueces federales mayor al de cualquier presidente promedio. ?l lo llama ¡°su legado¡±. Acad¨¦micos y dem¨®cratas coinciden: la actuaci¨®n de Trump sobre el poder judicial ha vuelto a este partisano y poco diverso.

En Estados Unidos, el poder judicial ¡ªincapaz de autocontenerse, de evolucionar, o de realizar cualquier ejercicio de autocr¨ªtica¡ª se dirige hacia las urnas. Cualquier parecido con lo que ocurre en M¨¦xico es mera coincidencia.

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