C¨®mo invertir 140.000 millones

El planteamiento del flamante Fondo de Recuperaci¨®n europeo (Next Generation EU) ha sido mucho m¨¢s inteligente que la desastrosa decisi¨®n de la Uni¨®n en mayo de 2010. Entonces, ante la crisis, se acord¨® por la UE suprimir los incentivos fiscales y apostar prematuramente por la austeridad, ahogando la econom¨ªa de los pa¨ªses deudores. Diez a?os despu¨¦s, ante una nueva crisis, el Consejo Europeo ha lanzado 750.000 millones a los presupuestos de gastos de los 27, especialmente a los pa¨ªses m¨¢s endeudados (Espa?a entre ellos, como se sabe).

Hay algo en com¨²n que encontramos en las dos decisiones. Se trata de la condicionalidad, o sea, de los deberes de los Estados receptores de financiaci¨®n europea. Pero la naturaleza de esos deberes es muy diferente. La respuesta a la crisis financiera de 2010 fue la austeridad suicida (para los pa¨ªses m¨¢s afectados y para la propia Uni¨®n, desacreditada ante la opini¨®n p¨²blica). La respuesta a la crisis del coronavirus de 2020 es, sin embargo, la recepci¨®n de important¨ªsimos fondos por los Gobiernos. Son finalistas; esto es, para proyectos inversores que hagan crecer la econom¨ªa de una forma s¨®lida y creadora de empleo y bienestar social. Proyectos que han de promoverse con la filosof¨ªa de las dos b¨¢sicas l¨ªneas marcadas inicialmente por la Comisi¨®n: transici¨®n ecol¨®gica justa y digitalizaci¨®n de la econom¨ªa, del conocimiento y de los oficios. La Comisi¨®n ha a?adido una tercera: la resiliencia, es decir, la autonom¨ªa estrat¨¦gica en sanidad y en producci¨®n.

Los proyectos han de estar orientados a transformaciones estructurales concretas, en ¨¢mbitos esenciales: sistema sanitario; investigaci¨®n, educaci¨®n y aprendizaje digital; industrias culturales; pol¨ªticas sociales; gesti¨®n del agua y los residuos; cuidado de la biodiversidad; infraestructuras de energ¨ªas renovables; fortalecimiento industrial o la llamada Agenda urbana, que incluye una movilidad sostenible. Este es uno de los principales deberes de Espa?a para poder invertir 140.000 millones. Su Gobierno, que ha salido reforzado, ha de liderar los proyectos que aspiren a ser financiados por el Fondo de Recuperaci¨®n y Resiliencia. Se incluye en tal Fondo algunos m¨¢s: Fondo de Cohesi¨®n, Fondo de Desarrollo Rural y Fondo de Transici¨®n Justa.

Salvo que el Consejo y el Parlamento Europeo tendr¨¢n que aprobar con seguridad los reglamentos de gesti¨®n del Fondo de Recuperaci¨®n y Resiliencia, no hay, por el momento, detalles sobre el procedimiento para enviar los proyectos de inversi¨®n a la Comisi¨®n. Se sabe que en octubre el Gobierno espa?ol tiene previsto enviar a Bruselas un programa previo de reformas y financiaci¨®n del mismo. En ¨¦l se establecer¨¢n los cap¨ªtulos esenciales de las inversiones que quiere hacer Espa?a hasta 2023 con cargo al Fondo. En marzo se enviar¨¢ el programa definitivo, que en un 70 % habr¨¢ de invertirse en 2021 y 2022. Algo que, desde el punto de vista burocr¨¢tico, supondr¨¢ un desaf¨ªo para la Administraci¨®n espa?ola (central y auton¨®mica) y la de las instituciones de la Uni¨®n. Un desaf¨ªo para la determinaci¨®n de las inversiones, primero; para la ejecuci¨®n de las mismas, despu¨¦s. Tanto en lo primero como en lo segundo ser¨¢ necesaria la colaboraci¨®n p¨²blico-privada, porque se supone que las inversiones no se nutrir¨¢n ¨²nicamente del dinero europeo, sino de la aportaci¨®n empresarial.

En todo caso, este complejo proceso tiene, junto a la dimensi¨®n inversora, la reformadora. No ser¨¢n inversiones meramente gastadoras, sino con un designio de transformaci¨®n de largo alcance de la econom¨ªa y de la empresa, hacia una funci¨®n socialmente responsable, y, en ¨²ltima instancia, del propio modelo econ¨®mico espa?ol. Es decir, una mayor competitividad y productividad, que active y remunere mejor el empleo, que fortalezca una arquitectura empresarial no suficientemente abierta, desconectada de la Universidad, fragmentada, poco industrializada y con carencias en los prop¨®sitos centrales de Bruselas.

La propuesta de reformas deber¨¢ poseer una estrategia clara y reconocible. De ah¨ª se desprender¨¢n los proyectos concretos en las materias antes enumeradas. Proyectos que se repartir¨¢n por objetivos econ¨®micos, sin perjuicio de la intervenci¨®n de CC AA, Ayuntamientos o Diputaciones en su ejecuci¨®n. Habr¨¢n de tener protagonismo, adem¨¢s, las organizaciones y agentes sociales, las Universidades y los think tanks, entre otras entidades de la sociedad civil organizada. De aqu¨ª tendr¨¢n que salir propuestas a la Comisi¨®n, gestionadas por el Ejecutivo espa?ol, del que esperamos una actitud abierta a tales iniciativas, muchas de ellas no institucionales. Habr¨ªa que estar ya preparando esta estrategia, desde la aprobaci¨®n el 21 de julio del Fondo de Recuperaci¨®n por el Consejo Europeo, que no dudamos saldr¨¢ adelante tras su examen y deliberaci¨®n por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales.

Todo lo anterior deber¨¢ proyectarse en el mayor reto que el Parlamento espa?ol tiene en lo que resta de legislatura: la aprobaci¨®n del Presupuesto para 2021. Y esto no depende de la Uni¨®n Europea, que ha realizado ya su labor al aprobar un importante fondo para los pr¨®ximos tres a?os. Depende del acuerdo pol¨ªtico de Estado, que Espa?a se merece, para lograr un objetivo sencillamente imprescindible: invertir con lucidez 140.000 millones.

Diego L¨®pez Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundaci¨®n Alternativas. Fue secretario de Estado para la Uni¨®n Europea.