Quienes valoran el Estado de derecho deben apoyar a la Corte Suprema colombiana

Esta semana la Corte Suprema de Colombia tom¨® una valiente decisi¨®n al ordenar la detenci¨®n domiciliaria como medida de aseguramiento de ?lvaro Uribe, el pol¨ªtico m¨¢s poderoso del pa¨ªs. Sus simpatizantes han ido en embestida contra la Corte. Quienes creen en el Estado de derecho y en los derechos humanos deben apoyar a la rama judicial, no al autoritario expresidente.

La decisi¨®n de la Corte, que se dio a conocer el 4 de agosto, es parte de una investigaci¨®n sobre si Uribe ofreci¨® beneficios a ex paramilitares para cambiar sus testimonios acerca del rol que ¨¦l habr¨ªa jugado en la conformaci¨®n de estos grupos armados irregulares.

Los colombianos deben sentirse orgullosos del mensaje que esta resoluci¨®n env¨ªa acerca del Estado de derecho. En pa¨ªses donde el Estado de derecho es d¨¦bil ¡ªincluyendo varios en la regi¨®n¡ªlos jueces rara vez tienen el coraje de detener a pol¨ªticos poderosos. Mucho menos en dictaduras como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde los jueces jam¨¢s fallan en contra del partido en el poder.

Los simpatizantes de Uribe, entre ellos influyentes l¨ªderes pol¨ªticos de Colombia, reaccionaron ante la decisi¨®n judicial con amenazas y acusaciones infundadas de sesgo ideol¨®gico. Incluso se han atrevido a proponer una reforma integral al sistema judicial, en aparente retaliaci¨®n contra la resoluci¨®n. Estos pronunciamientos pretenden calumniar e intimidar a la corte.

La Corte Suprema necesita recibir se?ales de respaldo urgentes. Lamentablemente, algunas figuras pol¨ªticas de la regi¨®n est¨¢n haciendo exactamente lo contrario. La reacci¨®n de varios miembros de la oposici¨®n venezolana, que se enfrentan a la brutal dictadura de Maduro, es particularmente preocupante. Algunos han apoyado abiertamente a Uribe, llegando a llamarlo un ¡°defensor de la causa democr¨¢tica¡±. Otros, como el l¨ªder de la oposici¨®n Juan Guaid¨®, han expresado su solidaridad con el expresidente.

Es cierto que Uribe los ha apoyado en sus disputas contra Maduro, pero no por un compromiso con el Estado de derecho. De hecho, en esta materia Uribe ha actuado de forma mucho m¨¢s similar a Ch¨¢vez de lo que muchos l¨ªderes de la oposici¨®n venezolana parecen creer.

Como presidente, Uribe atac¨® de forma rutinaria el Estado de derecho y socav¨® las instituciones democr¨¢ticas b¨¢sicas, que son esenciales para la vigencia y protecci¨®n de los derechos humanos. Su Gobierno impuls¨® un patr¨®n general de ataques verbales e intimidaci¨®n a periodistas y magistrados de la Corte Suprema. Al igual que Ch¨¢vez, Uribe eludi¨® los l¨ªmites de la reelecci¨®n presidencial. Reform¨® la Constituci¨®n Pol¨ªtica de Colombia para lograr un segundo mandato e intent¨® realizar un refer¨¦ndum en 2010 para obtener un tercero.

Afortunadamente, Uribe no logr¨® ¡ªcomo lamentablemente s¨ª lo hizo Ch¨¢vez¡ª controlar el Poder Judicial de su pa¨ªs, y la Corte Constitucional fren¨® su intento de perpetuarse en el poder. La reforma a la justicia que actualmente propone Uribe podr¨ªa socavar seriamente la independencia judicial en Colombia, tal como hizo Ch¨¢vez al apoderarse de la Corte Suprema de Venezuela en 2004.

La anulaci¨®n de los frenos y contrapesos en Venezuela ha permitido que Ch¨¢vez y su sucesor Nicol¨¢s Maduro intimiden, censuren y castiguen a sus cr¨ªticos. Actualmente, las fuerzas de seguridad venezolanas y los ¡°colectivos¡± cometen graves atrocidades, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura. Como Maduro controla el poder judicial, la impunidad es la norma.

El Gobierno de Uribe tambi¨¦n estuvo marcado por graves abusos contra los derechos humanos. Entre 2002 y 2008, en casos que luego fueron conocidos como ¡°falsos positivos¡±, soldados del Ej¨¦rcito cometieron asesinatos sistem¨¢ticos a sangre fr¨ªa de miles de civiles inocentes para inflar las cifras de guerrilleros dados de baja durante el conflicto armado. A mediados de los a?os 2000, Uribe promovi¨® la impunidad para abusos cometidos por grupos paramilitares y lider¨® una fallida desmovilizaci¨®n paramilitar, que llev¨® a la creaci¨®n de nuevos grupos armados que a¨²n cometen graves cr¨ªmenes, incluyendo asesinatos de defensores de derechos humanos. Decenas de aliados de Uribe han sido condenados por sus v¨ªnculos con grupos armados irregulares.

A¨²n hay preguntas pendientes sobre la responsabilidad de Uribe en estos casos de graves abusos. En a?os recientes, los tribunales han solicitado que Uribe sea investigado por su posible rol en la conformaci¨®n de grupos paramilitares, en masacres cometidas en los noventa cuando ¨¦l era gobernador del departamento de Antioquia, y en interceptaciones telef¨®nicas ilegales a jueces, periodistas y defensores de derechos humanos que ocurrieron durante su presidencia.

La decisi¨®n de la Corte Suprema es una prueba de fuego para el Estado de derecho en Colombia, acaso la prueba m¨¢s dura desde que la Corte Constitucional fren¨® los planes de reelecci¨®n de Uribe hace una d¨¦cada. Quienes apoyan la democracia en la regi¨®n ¡ªy en especial quienes han visto con sus propios ojos la destrucci¨®n del Estado de derecho en Venezuela¡ª deber¨ªan respaldar a la Corte, no a Uribe.

Jos¨¦ Miguel Vivanco es Director de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch (HRW).