Adi¨®s a la cristiandad

En julio de 1980 se aprob¨® la Ley Org¨¢nica de Libertad Religiosa (LOLR), que hoy resulta a todas luces anacr¨®nica en una sociedad secularizada, con un amplio pluriverso de religiones y espiritualidades y en un clima generalizado y creciente de increencia en sus diferentes manifestaciones: ate¨ªsmo, agnosticismo e indiferencia religiosa. En enero de 1979 se hab¨ªan firmado los Acuerdos entre el Estado Espa?ol y la Santa Sede ¡ªConcordato encubierto¡ª, que manten¨ªan buena parte de los privilegios educativos, econ¨®micos, fiscales, culturales, sociales e incluso militares concedidos a la Iglesia cat¨®lica en el Concordato franquista y nacionalcat¨®lico de 1953, sin contrapartida alguna de la Iglesia cat¨®lica. No pocos juristas consideran dichos acuerdos anticonstitucionales.

Cuatro d¨¦cadas despu¨¦s, la religi¨®n, y m¨¢s concretamente la Iglesia cat¨®lica, no ha encontrado su lugar en la sociedad espa?ola ni su encaje en la estructura del Estado. La raz¨®n de tal situaci¨®n hay que buscarla, en mi opini¨®n, en el propio texto constitucional, que incurre en una crasa contradicci¨®n en el mismo art¨ªculo, el 16. Por una parte, reconoce el derecho a la libertad religiosa a nivel individual y comunitario y la no confesionalidad del Estado: ¡°ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal¡±. Por otra, no respeta los principios de laicidad, neutralidad del Estado y de igualdad de todas las religiones ante la ley al colocar a la Iglesia cat¨®lica en una situaci¨®n de precedencia: ¡°los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta las creencias de la sociedad espa?ola y mantendr¨¢n las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones religiosas¡±.

Desde el comienzo de la Transici¨®n viene salv¨¢ndose una lucha por la hegemon¨ªa en la esfera p¨²blica entre el poder pol¨ªtico, que con frecuencia ha dado muestras de debilidad y sumisi¨®n ante la jerarqu¨ªa cat¨®lica, y esta, que ha aprovechado la debilidad de los sucesivos Gobiernos de la democracia ¡ªfueran de izquierda, de derecha o de centro¡ª para obtener m¨¢s privilegios sin contrapartida alguna y una relevancia pol¨ªtica que no le corresponde en un Estado democr¨¢tico. M¨¢s a¨²n, se ha querido erigir en cuarto poder, y en algunos casos lo ha ejercido de hecho, e incluso en el primer poder, sobre todo en los terrenos moral, legislativo y judicial.

El ¨²ltimo ejemplo de la pugna por la hegemon¨ªa en el espacio p¨²blico por parte de la jerarqu¨ªa cat¨®lica ha sido el de los dos funerales por las v¨ªctimas de la covid-19. El Gobierno espa?ol anunci¨® la celebraci¨®n de un funeral de Estado y le puso fecha. La Conferencia Episcopal Espa?ola, conocedora de dicha iniciativa, se adelant¨® a la fecha propuesta por el Gobierno y celebr¨® un funeral cat¨®lico en la Catedral de la Almudena por todas las v¨ªctimas, que cont¨® con la oposici¨®n expresa de algunos familiares, que pidieron expresamente no ser incluidos en el mismo y el desacuerdo de algunos colectivos dentro de la propia Iglesia cat¨®lica, que vieron en el acto un desaf¨ªo el Gobierno.

Los obispos quisieron convertir el acto religioso en funeral de Estado con la invitaci¨®n al Rey, Felipe VI, que asisti¨® en calidad de Jefe del Estado, y al Gobierno espa?ol, que estuvo representado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. As¨ª fue entendido por los sectores conservadores y por una parte de la oposici¨®n pol¨ªtica, y esa fue la imagen que qued¨® en el imaginario social. La lucha cat¨®lica por la hegemon¨ªa y la confesionalizaci¨®n del dolor en una situaci¨®n dram¨¢tica como la que estamos viviendo no puede ser el camino para apoyar a las v¨ªctimas y consolar a sus familiares. La respuesta est¨¢ en el acompa?amiento personal y comunitario en el dolor, la compasi¨®n con las personas que sufren, la puesta en marcha de proyectos de solidaridad con quienes est¨¢n soportando de manera m¨¢s acusada las consecuencias de la covid-19 para ayudarles a salir de la situaci¨®n de precariedad en que los ha puesto la pandemia, as¨ª como la puesta a disposici¨®n de las personas enfermas y sus familiares de todos los recursos institucionales y personales sanitarios de la Iglesia cat¨®lica.

Cuarenta a?os despu¨¦s de la LOLR es hora de decir adi¨®s definitivamente a la Cristiandad, de la que todav¨ªa quedan importantes restos en la pr¨¢ctica pol¨ªtica, y reubicar la religi¨®n en el espacio p¨²blico. Ello implica reformar los art¨ªculos 16.3 y 27.3 de la Constituci¨®n, que mantienen una confesionalidad cat¨®lica encubierta, del Estado; derogar los Acuerdos con la Santa Sede, contrarios a la laicidad, a la igualdad de las religiones ante la ley y a la neutralidad del Estado en materia religiosa; derogar la LOLR y elaborar de una ley de Libertad de Conciencia; devolver sin dilaci¨®n los bienes inmatriculados por la jerarqu¨ªa cat¨®lica y ponerlos al servicio de la ciudadan¨ªa; eliminar la ense?anza de la religi¨®n confesional en la escuela e introducir la ense?anza de la historia de las religiones; la renuncia de la Iglesia cat¨®lica a las distintas formas de financiaci¨®n estatal.

?Significa esto recluir a las religiones en los lugares de culto y en la esfera privada? No. Ellas tienen una dimensi¨®n cr¨ªtico-p¨²blica irrenunciable que deben ejercer al servicio de los sectores m¨¢s vulnerables de la sociedad, pero no como cogobernantes y colegisladoras.

Juan Jos¨¦ Tamayo es director de la C¨¢tedra de Teolog¨ªa y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid. Su ¨²ltimo libro es Hermano Islam (Editorial Trotta).