Un inquietante Gobierno de los jueces
La lucha por el poder se judicializa y, con el paso del tiempo, la justicia se politiza, ya que las decisiones de los magistrados, lo quieran ellos o no, condicionan la competencia democr¨¢tica
Durante la Guerra Fr¨ªa, los pa¨ªses latinoamericanos padecieron una enfermedad, la de los golpes de Estado, que termin¨® convirtiendo su vida p¨²blica en un juego imposible. Siempre habr¨¢ que celebrar que la regi¨®n se cur¨® de esa dolencia. A lo largo de las ¨²ltimas d¨¦cadas, las mismas sociedades son v¨ªctimas de otra epidemia: la corrupci¨®n. Esa patolog¨ªa se manifiesta en el avance de la delincuencia com¨²n que amenaza con la inseguridad a mucha gente, sobre todo a los m¨¢s pobres; en la instalaci¨®n de mafias, sobre todo de narcotraficantes, que llegan a convertirse en una nueva clase social; y en la indecencia administrativa, instalada sobre todo en los sectores regulados de la econom¨ªa. Este virus modifica el juego pol¨ªtico. Y la lucha contra ¨¦l es de una extraordinaria complejidad, ya que genera malformaciones secundarias. Jueces y fiscales adquieren un inusual protagonismo. La lucha por el poder se judicializa. Y, con el paso del tiempo, la justicia se politiza, ya que las decisiones de los magistrados, lo quieran ellos o no, condicionan la competencia democr¨¢tica. Con independencia de las manipulaciones que pueda haber en muchos procesos, esta inercia es impersonal y ha sembrado la inestabilidad en muchos pa¨ªses. El continente est¨¢ ante un inquietante dilema. Convertir a la corrupci¨®n en materia de negociaci¨®n pol¨ªtica significar¨ªa someterse al reino de la impunidad. Aspirar a una purificaci¨®n absoluta por la v¨ªa del codigo penal significar¨ªa instaurar un dificultoso Gobierno de los jueces. En los ¨²ltimos 15 d¨ªas este problema ha estado m¨¢s y m¨¢s vigente.
Brasil est¨¢ asistiendo a un terremoto desde el lunes pasado. Ese d¨ªa el ministro del Supremo Tribunal Federal responsable del caso, determin¨® que el juez de Curitiba Sergio Moro era incompetente para investigar a Lula da Silva. El pronunciamiento abri¨® un debate procesal. ?Fachin quiso beneficiar a Moro, eliminando una de las razones que podr¨ªan costarle una sanci¨®n en la causa donde se examinan supuestas irregularidades en todo el proceso del Lava Jato? ?Fachin salv¨® a Lula para salvar al Lava Jato? El ritual judicial ofrecer¨¢, con el tiempo, la respuesta. Lo relevante es que Lula podr¨ªa volver a competir en las elecciones, ya que no pesar¨ªa sobre ¨¦l la prohibici¨®n a ser candidato prevista para quienes han sido condenados en dos instancias.
Fachin modific¨® la escena electoral brasile?a. Del mismo modo que la hab¨ªa modificado Moro, y los jueces de la C¨¢mara de Apelaciones cuando, al condenarle, sacaron de carrera al l¨ªder del PT. En aquel entonces, los feligreses de Lula denunciaron un complot para proscribir a su l¨ªder. Cuando Jair Bolsonaro, el vencedor de esas elecciones sin Lula, ofreci¨® a Moro el Ministerio de Justicia y, sobre todo, cuando Moro lo acept¨®, corroboraron su presunci¨®n. Ahora tienen un argumento m¨¢s poderoso: la m¨¢xima autoridad judicial dictamin¨® que la prisi¨®n de Lula fue ilegal y que, por lo tanto, estaba en condiciones de competir. Quiere decir que esta gris disputa procesal abre un interrogante dram¨¢tico sobre la legitimidad de Bolsonaro.
La inc¨®gnita llega en el peor momento. Un aterrador aumento en el n¨²mero de casos de covid-19 coloc¨® al pa¨ªs en el primer lugar de la estad¨ªstica global. Para alimentar la hoguera, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello pide dejar el cargo alegando estar enfermo.
En este contexto, la decisi¨®n del juez Fachin agita un mar de inc¨®gnitas. Bolsonaro registra una ca¨ªda en las encuestas: seg¨²n la consultora Atlas, el 57% de los brasile?os lo considera malo o p¨¦simo. En enero esa proporci¨®n era de 46%. En cualquier escenario, seg¨²n la misma investigaci¨®n, perder¨ªa en segunda vuelta. Lula reingresa a la carrera. Hasta ahora Bolsonaro estaba solo, da?¨¢ndose a s¨ª mismo. ?La polarizaci¨®n le mejorar¨¢ o acelerar¨¢ el naufragio? La historia puede tener otras ideas. Por ejemplo, que se agudice el aspecto envejecido de una escena que requiere de un cambio de nombres y de agenda. Es la apuesta de Luciano Huck, ahijado de Fernando Henrique Cardoso y estrella de TV Globo, que acaba de presentarse desde el Financial Times con un alegato a favor del cuidado del medio ambiente. Huck duda todav¨ªa. Jo?o Doria, el gobernador de San Pablo, del partido de Cardoso, tambi¨¦n: ahora dice que tal vez desista de la competencia presidencial y apueste a la reelecci¨®n.
El 5 de abril de 2018, cuando era solo senadora, Jeanine ??ez celebr¨® en su cuenta de Twitter que Lula ca¨ªa preso. La semana en que el juez Fachin exculp¨® a Lula, la expresidenta de Bolivia fue llevada tras las rejas. Ella, cinco de sus exministros y varios jefes militares fueron detenidos con la imputaci¨®n de haber cometido un acto terrorista al reemplazar a Evo Morales, en 2019.
En aquella oportunidad, Morales hab¨ªa renunciado a la presidencia. Enfrentaba una convulsi¨®n social por denuncias de fraude electoral que fueron certificadas por la OEA. Morales busc¨® la reelecci¨®n forzando la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n, y despu¨¦s de haber perdido un plebiscito sobre esa habilitaci¨®n. ?l mismo hab¨ªa dicho, antes de esa consulta, que quien no aceptara el resultado estar¨ªa dando un golpe de Estado.
Hay presunciones muy razonables de que la captura de ??ez y su entorno fue ejecutada por una Justicia que obedece a Morales. Su ahijado, el presidente Luis Arce, se sum¨® a las diatribas contra ??ez cuando la embestida ya se hab¨ªa desatado. Como si fuera un espectador. Para Arce, el de Morales empieza a ser un liderazgo inconveniente.
La captura de ??ez desencaden¨® la reacci¨®n de toda la oposici¨®n, organismos de derechos humanos como Human Rights Watch, y la Iglesia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidi¨® respeto por el sistema democr¨¢tico. Pero no mencion¨® el caso.
Este avance sobre la oposici¨®n se produjo a los pocos d¨ªas de una derrota del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, en varias provincias y alcald¨ªas. ?La prisi¨®n de ??ez pretende disimular esos fracasos?
La oposici¨®n boliviana denuncia una manipulaci¨®n autoritaria de la Justicia. En la Argentina, Cristina Kirchner hace lo mismo. Solo que desde el oficialismo: es la vicepresidenta. Se trata de una narrativa seg¨²n la cual la infinidad de causas penales que se abrieron por casos de corrupci¨®n del gobierno de su esposo (2003-2007) y de ella misma (2007-2015) han sido el resultado de una conspiraci¨®n pol¨ªtica, medi¨¢tica y empresarial. El presidente Alberto Fern¨¢ndez le obedece en esa interpretaci¨®n y ensaya infinidad de reformas judiciales, que son vistas como un esfuerzo por conseguir impunidad. En el camino, perdi¨® a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que renunci¨® a su cargo despu¨¦s de un incendiario discurso de la se?ora de Kirchner.
En Ecuador se verifica el mismo clima: Rafael Correa acusa a su antiguo ahijado, y peor enemigo, Len¨ªn Moreno, de instrumentar a las m¨¢ximas instancias de la Justicia para que no acepte sus pedidos de revisi¨®n en los procesos por corrupci¨®n. El cap¨ªtulo judicial est¨¢ en el coraz¨®n de la campa?a electoral por la segunda vuelta, que se realizar¨¢ el 11 de abril.
M¨¦xico se sum¨® a la tendencia. Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador acus¨® a los jueces de estar al servicio del sector privado por no convalidar el cambio de reglas de juego que ¨¦l produjo para la inversi¨®n en energ¨ªa, afectando a empresas espa?olas como Iberdrola.
La corrupci¨®n ha llevado la pol¨ªtica a los tribunales. Esa novedad convierte a la competencia democr¨¢tica en un torneo cada vez m¨¢s exasperado. Quien pierde una elecci¨®n corre el riesgo de perder algo m¨¢s que el poder. Puede perder la libertad. Por eso toda la regi¨®n se va mirando en Venezuela, que es un espejo que exagera. All¨ª el principal factor que ata al tirano a su sill¨®n es el temor a terminar en una celda.
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