Violencia policial en Brasil

La Polic¨ªa Civil despleg¨® el jueves 6 de mayo una amplia operaci¨®n policial contra el tr¨¢fico de drogas en la favela de Jacarezinho de R¨ªo de Janeiro. Los polic¨ªas fueron recibidos con disparos, que mataron a un agente. La incursi¨®n, que dur¨® m¨¢s de seis horas, termin¨® con la muerte de 28 personas, lo que la convierte en la operaci¨®n policial m¨¢s sangrienta de la historia de R¨ªo de Janeiro, una ciudad y un Estado que destacan hace a?os en las estad¨ªsticas brasile?as por la letalidad de sus fuerzas de seguridad. Pero es un problema extendido. Los datos son elocuentes. En Brasil, uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos del mundo, los cuerpos policiales son responsables de una parte significativa de las muertes violentas. De los 47.000 asesinados en 2019, el 13% murieron durante una intervenci¨®n policial.

Una operaci¨®n antidrogas que termina con semejante cifra de v¨ªctimas supone un fracaso operativo para cualquier cuerpo de polic¨ªa. Resulta lamentable que el presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, felicitara a los responsables del operativo, en l¨ªnea con su intolerable discurso de normalizaci¨®n de la muerte de sospechosos a manos de las fuerzas de seguridad. Uno de los fundamentos del Estado de derecho es que todo acusado tiene derecho a la presunci¨®n de inocencia y a un juicio justo.

La escasa presencia del Estado en favelas como Jacarezinho ha allanado el camino para que el poder del crimen organizado adquiera las proporciones actuales, con amplios territorios donde grupos que trafican con drogas o paramilitares que extorsionan ostentan el control. Barriadas donde viven millones de brasile?os atrapados en el fuego cruzado, rehenes de una violencia cotidiana y faltos de servicios esenciales para llevar una vida digna. Combatir al tr¨¢fico de drogas es complejo. Requiere trabajo policial, sin duda, pero tambi¨¦n implica luchar contra la desigualdad, ofrecer alternativas y oportunidades a los j¨®venes. Las 28 muertes de Jacarezinho deben ser investigadas con rigor. Una democracia debe arrojar luz sobre toda sospecha de uso abusivo de la fuerza de los cuerpos policiales. Y, si la hubiera, sancionar.