La reforma de las pensiones: cuesti¨®n de honestidad

Ahora s¨ª que s¨ª: tras muchos meses anunciando una reforma ¡°inminente¡± de las pensiones, en pocos d¨ªas el ministro responsable de la Seguridad Social, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢, podr¨¢ hacer p¨²blico el primer paquete de medidas que el Gobierno remitir¨¢ al Congreso. Tres barreras ha tenido que superar hasta llegar a este punto: la del Pacto de Toledo, la del Gobierno de coalici¨®n y la de la concertaci¨®n social.

La primera se salv¨® en octubre de 2020, cuando la comisi¨®n parlamentaria de seguimiento y evaluaci¨®n de los acuerdos del Pacto de Toledo aprob¨® el documento de recomendaciones para la reforma de las pensiones, un marco de referencia que no se caracteriza precisamente por su concreci¨®n ni claridad, y que se ha elaborado al margen de los an¨¢lisis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones que, desde hace a?os, vienen publicando los expertos adscritos a diversas instituciones p¨²blicas y privadas (universidades y servicios de estudios de organismos econ¨®micos y financieros). La segunda barrera surgi¨® en el propio Gobierno, cuando, a principios de 2021, Pablo Iglesias vet¨® cualquier reforma susceptible de ser interpretada como un recorte, forzando a Escriv¨¢ a correr un tupido velo sobre la propuesta de ampliar el periodo de c¨¢lculo de las pensiones.

Pero probablemente es la tercera barrera la que ha resultado m¨¢s ardua. En la mesa de di¨¢logo social, los sindicatos se han empleado a fondo para acabar de una vez por todas con la reforma de 2013, aprobada durante el primer Gobierno de Rajoy. Han conseguido que la actualizaci¨®n anual de las pensiones se efect¨²e de acuerdo con el IPC (eso s¨ª, solo cuando este sea positivo, porque cuando sea negativo, no se tendr¨¢ en cuenta, permitiendo as¨ª que las pensiones ganen poder adquisitivo) y que el nonato factor de sostenibilidad se derogue antes de acordar el mecanismo de equidad intergeneracional que ha de sustituirlo. Por su parte, las organizaciones empresariales han logrado algunos ¨¦xitos ¡°dilatorios¡±, entre ellos, el retraso de la entrada en vigor de las nuevas penalizaciones a las jubilaciones anticipadas.

Aunque Escriv¨¢ se ha dejado en la gatera pol¨ªtica bastantes pelos (no solo t¨¦cnicos) de sus propuestas iniciales, el ministro puede argumentar que este primer paquete da cumplimiento a una de las reformas clave a las que el Gobierno de S¨¢nchez se comprometi¨® ante las autoridades europeas en el componente 30 del Plan de Recuperaci¨®n y Resiliencia: la alineaci¨®n de la edad efectiva de jubilaci¨®n con la edad legal de jubilaci¨®n a trav¨¦s del reforzamiento de los desincentivos a la salida voluntaria del mercado de trabajo y de los incentivos a la prolongaci¨®n del empleo m¨¢s all¨¢ de la edad de jubilaci¨®n legal. A estas alturas, el ministro puede asimismo exhibir avances en otras tres de las nueve reformas comprometidas: el mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones, la separaci¨®n de fuentes de financiaci¨®n de la Seguridad Social y la modificaci¨®n del complemento de maternidad de pensiones (bien es verdad que ninguna de ellas contribuye a aligerar la presi¨®n financiera sobre el sistema de pensiones).

Para un pr¨®ximo paquete de reformas habr¨¢n de quedar las otras medidas recogidas en el plan sancionado por la Comisi¨®n Europea, concretamente, la modificaci¨®n del periodo de c¨®mputo para el c¨¢lculo de la pensi¨®n, la introducci¨®n del mecanismo de equidad intergeneracional, la modificaci¨®n del sistema de cotizaci¨®n de los trabajadores aut¨®nomos para aproximar sus cotizaciones a sus ingresos reales, la ¡°adecuaci¨®n¡± de la base m¨¢xima de cotizaci¨®n del sistema, y la promoci¨®n de fondos de empleo para complementar las pensiones p¨²blicas mediante ahorro privado capitalizado. O sea, se dejan para m¨¢s adelante aquellas medidas cuya aplicaci¨®n redundar¨¢ veros¨ªmilmente bien en una reducci¨®n de las prestaciones medias, bien en un aumento de las cotizaciones medias.

Esta evidencia deber¨ªa disuadir al Gobierno de presentar este primer proyecto de reforma como un gran logro para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Es cierto que los retrasos de la edad efectiva de jubilaci¨®n siempre resultan muy efectivos financieramente, puesto que suponen, simult¨¢neamente, el alargamiento del periodo de cotizaci¨®n al sistema y el acortamiento del periodo de percepci¨®n de la pensi¨®n. Pero est¨¢ por ver el alcance real de esos ajustes param¨¦tricos que ni gustan a los sindicatos (para los que la prolongaci¨®n del empleo de los mayores representa un riesgo para el empleo de los j¨®venes), ni de las organizaciones empresariales (que pierden margen para ajustar las plantillas por la v¨ªa de las prejubilaciones). Y tampoco parece que sean muy del gusto de la mayor¨ªa de los trabajadores, a juzgar por sus preferencias sobre la edad de jubilaci¨®n manifestadas en las encuestas.

Por honestidad, el Gobierno deber¨ªa presentar esta primera tanda de medidas tan costosamente alumbrada como un paso modesto, y no libre de incertidumbres y dificultades, hacia la necesaria reforma de las pensiones. En lugar de alharacas y autocomplacencia, se impone un mensaje de moderaci¨®n y prudencia. Mejor ser¨ªa si, adem¨¢s, viniera acompa?ado de un compromiso p¨²blico de informar a la sociedad espa?ola sobre los retos que afronta el sistema de pensiones durante el pr¨®ximo cuarto de siglo, con la jubilaci¨®n de los baby boomers. Una campa?a de informaci¨®n institucional bien dise?ada y desarrollada indicar¨ªa la voluntad del Gobierno de enfrentarse a uno de los problemas estructurales que lastran el buen funcionamiento de la econom¨ªa y el mercado de trabajo espa?oles, y tambi¨¦n contribuir¨ªa a generar una valiosa confianza internacional de la que ahora no andamos sobrados.

Elisa Chuli¨¢, profesora de Sociolog¨ªa de la UNED, en representaci¨®n del C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n.