El d¨¦ficit de las pensiones se pagar¨¢ con impuestos
La primera fase de la reforma que se ultima este lunes fijar¨¢ una transferencia anual de unos 22.000 millones para cubrir el desfase de la Seguridad Social
El Gobierno, los sindicatos y la patronal ultiman este lunes un acuerdo para la primera fase de reforma de las pensiones. Entre los ejes prioritarios de este pacto est¨¢n la recuperaci¨®n de las revalorizaciones con el IPC y los incentivos y desincentivos para alargar la vida laboral. Pero quiz¨¢s la principal medida de todas sea el traspaso del d¨¦ficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado. Con la idea de que se est¨¢n cubriendo gastos impropios del sistema, se transferir¨¢n 22.567 millones de euros anuales que tendr¨¢n que ser soportados por Hacienda y no por cotizaciones de trabajadores y empresas. A finales de este a?o se habr¨¢n inyectado ya 13.929 millones que estaban contemplados en los Presupuestos y, a?o tras a?o, se subir¨¢ la cifra hasta la cantidad establecida.
Y as¨ª se reconoce en el Plan de Recuperaci¨®n que envi¨® el Gobierno a Bruselas: ¡°Cierto es que las necesidades financieras del Estado en su conjunto no desaparecer¨ªan, pero se trasladar¨ªan a un ¨¢mbito ¨Cel estatal¨C en el que existen mecanismos espec¨ªficos que permitir¨ªan atenderlas sin hacer recaer todo el esfuerzo en un aumento de los costes laborales, lo que resulta contraproducente dada la alta tasa de desempleo que arrastra el mercado laboral¡±.
El Ejecutivo explica que se est¨¢ quitando a la Seguridad Social una pesada carga de gastos que no le corresponden y que as¨ª se est¨¢ clarificando la situaci¨®n financiera del sistema, evitando generar inquietud entre los pensionistas.
El borrador de acuerdo con los agentes sociales se?ala las partidas que se financiar¨¢n con la inyecci¨®n del Estado. Algunas parecen justificadas, en tanto que son pol¨ªticas que decide el Gobierno y que, sin embargo, su coste corre a cargo de la Seguridad Social. Es el caso de las ayudas a jubilaciones anticipadas, la reducci¨®n de cotizaciones para favorecer el empleo, el tratamiento favorable de reg¨ªmenes como el sistema agrario o el complemento de maternidad. Estos conceptos alcanzan unos 9.000 millones.
Pero hay otras que pueden ser m¨¢s discutibles. Un informe del servicio de estudios Fedea afirma que el resto de partidas dif¨ªcilmente pueden tildarse de gastos impropios, como los 9.580 millones que sirven para financiar la prestaci¨®n de desempleo y que pasar¨¢n a sufragar las pensiones. Es decir, Hacienda ser¨¢ quien soportar¨¢ con impuestos estos gastos.
Tambi¨¦n se mueve a la financiaci¨®n con tributos la prestaci¨®n por maternidad o paternidad, algo que a todas luces es un pago contributivo de la Seguridad Social, se cobra precisamente conforme a lo que se cotiza y, seg¨²n Fedea, no puede calificarse como gasto impropio. Y son 2.785 millones.
Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Seguridad Social alega que no se han establecido cotizaciones suficientes para financiar esos cap¨ªtulos. Sostiene que el reparto est¨¢ mal calculado y que se debe asignar m¨¢s al sistema de pensiones porque el servicio p¨²blico de empleo ha tenido super¨¢vit en los a?os buenos.
En opini¨®n de Fedea, es cierto que los pensionistas son un colectivo que tiene poco margen de maniobra y que hay que tener cuidado con actuaciones que puedan afectar a sus ingresos, especialmente en los de menor renta. Aun as¨ª, defiende que ¡°no parece razonable eximir a todos ex ante y por completo del reparto de sacrificios que puedan ser necesarios¡±. Y concluye: ¡°Si realmente existen indicios de un posible problema de sostenibilidad cuando se hacen bien las cuentas, es bueno que este se manifieste donde realmente se genera¡±. Los pensionistas espa?oles son los que perciben una mayor proporci¨®n del ¨²ltimo salario en la UE. Y la reforma que plantea el ministro Jos¨¦ Luis Escriv¨¢ dejar¨ªa esa proporci¨®n igual, seg¨²n admite el ministerio.
En la actualidad, los mayores de 64 a?os presentan un menor riesgo de pobreza relativa: solo el 14,5% est¨¢ por debajo del 60% de los ingresos medios. En cambio, en los que tienen entre 18 y 64 a?os el porcentaje en pobreza relativa alcanza el 20,6%. Si adem¨¢s se computa la vivienda en propiedad como un alquiler que no hay que pagar, este porcentaje baja al 8,2% en los de m¨¢s de 64, muy por debajo del 19,3% que se registra en el colectivo entre 18 y 64 a?os.
Problema sin resolver
El d¨¦ficit contributivo antes de la pandemia estaba en unos 15.000 millones de euros. Y para 2022 se calcula que rondar¨¢ los 22.000 millones. O lo que es lo mismo, se espera trasladar al Estado todo el d¨¦ficit que se va a generar. ¡°Con este traspaso dejaremos de hablar de d¨¦ficit de las pensiones para hablar del d¨¦ficit desorbitado del Estado. La soluci¨®n no resuelve el problema, solo lo cambia contablemente de lugar y, por lo tanto, traslada el ajuste al sistema impositivo¡±, explica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Econ¨®micas (Ivie).
En esta misma l¨ªnea se expres¨® el gobernador del Banco de Espa?a, Pablo Hern¨¢ndez de Cos, en el Congreso ante la Comisi¨®n del Pacto de Toledo. Tanto el Banco de Espa?a como la Autoridad Fiscal sit¨²an el d¨¦ficit estructural de las Administraciones en unos 4,5 puntos de PIB, unos 54.000 millones de hoy. Y a este se sumar¨¢n hasta 4 puntos de PIB m¨¢s por la jubilaci¨®n del baby boom entre finales de 2020 y 2050, seg¨²n c¨¢lculos de la Autoridad Fiscal. Una parte del desfase podr¨ªa mejorar algo con el tiempo si aumentan la productividad, el empleo o las bases fiscales. Pero la diferencia en recaudaci¨®n con la media de la UE est¨¢ en casi seis puntos e implica que habr¨¢ que hacer un esfuerzo fiscal muy importante.
Por otra parte, al volver las revalorizaciones con el IPC, la reforma actual deshace el ajuste que hac¨ªa la de 2013 actualizando las pensiones al 0,25% mientras el sistema no estuviese en equilibrio. Esta supon¨ªa un ahorro de unos 2,5 puntos de PIB, unos 30.000 millones de la actualidad. En lugar de eso, el Gobierno ofrece medidas para retrasar la edad de jubilaci¨®n efectiva y acercarla a la legal. Y vaticina que ahorrar¨¢ en torno a 1,2 puntos de PIB. Pero un informe de las universidades de Valencia y Extremadura estima que el ahorro por eso es peque?o. De hecho, seg¨²n un estudio del Banco de Espa?a, aquellos que se jubilan anticipadamente en realidad suponen un ahorro para el sistema porque los coeficientes reductores que se aplican a la pensi¨®n restan una cantidad significativa durante toda la jubilaci¨®n.
El Ministerio dice que las reformas del Gobierno del PP no eran sostenibles socialmente y que hace falta consensos para tomar medidas. Propone adem¨¢s para la segunda fase de la reforma una subida de las bases m¨¢ximas de cotizaci¨®n y un factor de equidad intergeneracional que evite sobrecargar en demas¨ªa a los j¨®venes. Pero no concreta mucho m¨¢s sobre cu¨¢nto podr¨ªa corregirse con estas iniciativas. Y la Comisi¨®n Europea es consciente de ello. Aunque su valoraci¨®n del plan de recuperaci¨®n es positiva, en la documentaci¨®n se se?ala que las medidas pueden no contrarrestar totalmente el aumento de gasto provocado por volver a la revalorizaci¨®n con el IPC y el envejecimiento de la poblaci¨®n. ¡°En el caso de que las medidas compensatorias y complementarias no sean suficientes para cumplir con las recomendaciones de la Comisi¨®n relativas a la sostenibilidad fiscal, el impacto fiscal del aumento del gasto en pensiones tendr¨ªa que ser mitigado todav¨ªa m¨¢s con ajustes fiscales proporcionales en el futuro¡±, destaca. Es decir, permite que se haga una reforma parcial, y que m¨¢s adelante se aborde con impuestos el desfase que pueda producirse.
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