La trastienda del salario m¨ªnimo
El dilema que afrontamos es decidir si la legislaci¨®n laboral va a acompa?ar las imprescindibles transiciones verde y digital, que requieren empleo de calidad, o va a continuar actuando en la direcci¨®n contraria
Algunos conflictos se presentan en el debate p¨²blico en unos t¨¦rminos que ocultan lo que hay en su trastienda. Es lo que creo ha sucedido con la subida del salario m¨ªnimo. El debate sobre su oportunidad ha opacado otros factores que son los que en realidad han marcado la negociaci¨®n.
No hay razones econ¨®micas que justifiquen la negativa a una mejora del salario m¨ªnimo en 15 euros al mes. Un aumento del 1,5% que se sit¨²a muy por debajo de la inflaci¨®n y es menor que los incrementos pactados en la negociaci¨®n colectiva.
En este debate se pretende confrontar las razones de equidad social con las de eficiencia econ¨®mica, cuando ambas van cogidas de la mano. Incrementar el salario m¨ªnimo protege a las personas que m¨¢s lo necesitan, al carecer de la cobertura de la negociaci¨®n colectiva, y permite reducir el riesgo de pobreza laboral. Pero tambi¨¦n contribuye a la eficiencia de nuestro sistema productivo. A la econom¨ªa espa?ola no le interesa mantener una competitividad de bajos salarios. Dedicar importantes recursos a la transici¨®n digital y verde mientras se mantiene la precariedad salarial es como verter agua en un cesto de esparto, porque los bajos salarios desincentivan la innovaci¨®n.
Para dorar la p¨ªldora de la congelaci¨®n se argumenta que el aumento del salario m¨ªnimo perjudica a pymes y a personas con menor formaci¨®n. Obviando que el apoyo a las microempresas no puede ser en forma de bajos salarios, que en muchas ocasiones solo sirven para mantener negocios inviables o para facilitar las estrategias de externalizaci¨®n de costes de las empresas principales que subcontratan a las pymes.
Estamos en una fase de crecimiento econ¨®mico y del empleo y es un buen momento para mejorar los salarios en general y especialmente los m¨¢s bajos. No niego que pueda haber casos en los que esta subida de costes pueda ser un obst¨¢culo para la creaci¨®n de empleos precarios. Pero a nivel macro esta mejora no va a afectar al nivel de empleo y por el contrario puede facilitar un proceso de sustituci¨®n de empleos precarios por otros de m¨¢s calidad.
En los pr¨®ximos a?os ¡ªel proceso ya ha comenzado¡ª se va a reducir por razones demogr¨¢ficas la llegada de j¨®venes al mercado de trabajo, lo que reduce la presi¨®n sobre el empleo y facilita este tr¨¢nsito. La inserci¨®n laboral de personas con baja cualificaci¨®n debe buscarse no conden¨¢ndolos a bajos salarios, sino mejorando la oferta de formaci¨®n profesional y promoviendo acciones muy personalizadas a la medida de colectivos para los que la formaci¨®n reglada no funciona.
La batalla de la CEOE es m¨¢s ideol¨®gica que econ¨®mica. En su negativa a la subida del salario m¨ªnimo hay mucho ideologismo sin fundamento econ¨®mico. El peso de sectores que han hecho de la precariedad su estrategia competitiva es a¨²n muy importante en la patronal, sobre todo por la inhibici¨®n asociativa de las empresas m¨¢s din¨¢micas e innovadoras.
Los mensajes que a la patronal le llegaban de la pol¨ªtica tampoco han contribuido al acuerdo. La posici¨®n de la vicepresidenta Nadia Calvi?o ha reforzado los argumentos en favor de la congelaci¨®n del salario m¨ªnimo. Adem¨¢s, los dirigentes de la CEOE han notado en la nuca el aliento del Partido Popular, al que le han sentado fatal los acuerdos firmados por la patronal con el Gobierno y el apoyo de su presidente a los indultos.
De todos los elefantes escondidos en la trastienda de la negociaci¨®n, quiz¨¢s el m¨¢s grande sea que este conflicto se ha planteado como los proleg¨®menos de otro de mayor intensidad, el de la reforma de la legislaci¨®n laboral.
La CEOE le ha querido enviar un mensaje al Gobierno, advirti¨¦ndole que no d¨¦ por hecho su acuerdo en esas complejas negociaciones. Y el Gobierno, a trav¨¦s de la ministra de trabajo y vicepresidenta Yolanda D¨ªaz, le ha contestado en la misma l¨®gica, demostrando que est¨¢ dispuesto a legislar solo con el acuerdo de los sindicatos.
Hasta ahora la CEOE hab¨ªa apostado por los acuerdos tripartitos con los que ha condicionado, como tambi¨¦n han hecho CC OO y UGT, el resultado de las normas aprobadas. As¨ª ha sido con los ERTE o con la Ley rider en la que la patronal consigui¨® introducir modificaciones que parecen menores, pero son importantes.
La CEOE pod¨ªa haber pactado la senda de crecimiento del salario m¨ªnimo hasta el 2023 pero ha renunciado a ello. Este cambio de estrategia tiene sus riesgos para la patronal, sobre todo porque el 2023 es un a?o electoral muy goloso para el Gobierno. Aunque eso parezca no importarle, quiz¨¢s porque sabe que las subidas previstas no son muy trascendentes para sus empresas afiliadas o quiz¨¢s porque tenga previsto volver a la l¨®gica de la concertaci¨®n social, lo que seria una gran noticia.
El proceso de negociaciones ya iniciado sobre la reforma de la legislaci¨®n laboral es muy importante para el conjunto de la sociedad. Nos jugamos mucho, porque una parte del ¨¦xito de las transiciones en marcha y de la utilidad de los fondos Next Generation de la Uni¨®n Europea va a depender de como termine la reforma laboral.
El dilema que afrontamos como pa¨ªs es decidir si la legislaci¨®n laboral va a acompa?ar las imprescindibles transiciones verde y digital, que requieren empleo de calidad, o va a continuar actuando en la direcci¨®n contraria.
En los debates sobre la precariedad o rigidez del mercado de trabajo ¡ªdepende de la mirada¡ª suele situarse toda la responsabilidad en la legislaci¨®n laboral. Cuando los factores m¨¢s determinantes tienen mucho que ver con nuestra estructura productiva. En la econom¨ªa espa?ola tienen mucho peso sectores con una elevada estacionalidad que desincentiva la formaci¨®n y la innovaci¨®n, muchas empresas pymes y micro que tienen dificultades para innovar en tecnolog¨ªa, procesos o productos o para adoptar estrategias de flexibilidad negociada. Y que acaban siendo la pieza utilizada por las empresas centrales que controlan productos y mercados para reducir sus costes laborales.
Gobierno, sindicatos y patronal ¡ªcada uno desde su ¨®ptica¡ª deber¨¢n decidir si taponan legalmente la estrategia de aquellas empresas que, con diferentes f¨®rmulas, pretenden huir del marco protector de la legislaci¨®n laboral. Tendr¨¢n que optar entre mantener una legislaci¨®n que permite una contrataci¨®n temporal descausalizada y abusiva o por ponerle l¨ªmites. Si mantienen o derogan la preeminencia de los convenios colectivos de empresa frente a los sectoriales y que al permitir condiciones de trabajo in peius, incentivan el dumping social de las empresas m¨¢s precarizadoras. Si reforman o no y en que direcci¨®n la actual regulaci¨®n sobre subcontrataci¨®n que propicia las estrategias de externalizaci¨®n de riesgos y costes de las empresas centrales, que controlan las cadenas de valor empresarial, a las perif¨¦ricas, la mayor¨ªa pymes. Deber¨¢n decidir si se mantiene la unilateralidad empresarial para hacer frente a los ajustes productivos que requieren las empresas o se promueven formas de flexibilidad pactada, aprovechando las ense?anzas de la crisis de la pandemia con los ERTE.
Son conflictos a los que la concertaci¨®n social deber¨ªa dar respuestas de win win, que hagan compatibles la mejora del empleo y condiciones de trabajo con la eficiencia econ¨®mica. No ser¨¢ f¨¢cil porque existen intereses contrapuestos. Adem¨¢s, habr¨¢ que intentar que los elefantes de la trastienda, en este caso a¨²n de mayor peso, no aplasten la negociaci¨®n.
Joan Coscubiela es sindicalista y pol¨ªtico.
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