La imagen de la desesperanza

La imagen no pod¨ªa ser peor. En un primer video se ve a dos ni?os dentro de un local comercial, quienes minutos antes hab¨ªan sido capturados por la comunidad cometiendo un robo. Luego, en una segunda imagen, se observa a los dos j¨®venes tirados en una carretera. Uno de ellos, con las manos atadas tirado a la orilla de una carretera; el otro, el m¨¢s joven, en la mitad de carretera en medio de un charco de sangre y con lo que ser¨ªa un disparo en la cabeza. La conclusi¨®n es que organizaciones ilegales en la zona asesinaron a los ni?os. Una pr¨¢ctica bastante com¨²n en muchas zonas de Colombia donde ¨¦stas administran justicia ante la ausencia del Estado.

Este hecho caus¨® una indignaci¨®n en un sector de la poblaci¨®n, sobre todo, en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, esto que parece un hecho excepcional, en la vida real muestra la cara de un Colombia que es devorada por una nueva ola de violencia. Las explicaciones a estos hechos son tres. Por un lado, al menos, 200 municipios de los poco m¨¢s de 1.100 que tiene Colombia est¨¢n viviendo lo que ser¨ªa una nueva ola de violencia. En estas zonas, los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales intentan ganarse la lealtad de la poblaci¨®n administrando justicia. Una pr¨¢ctica tradicional desde hace muchas d¨¦cadas. Por ello muestran sevicia en actos como los ocurridos en el municipio de Tib¨². De hecho, en esta poblaci¨®n, ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela, se vive uno de los reacomodos criminales m¨¢s violentos luego de la dejaci¨®n de armas de las FARC.

La segunda explicaci¨®n es que el Estado colombiano, luego de la dejaci¨®n de armas de la entonces guerrilla de las FARC, nunca logr¨® dise?ar e implementar una estrategia de copamiento territorial de las zonas donde antes operaba. Esta estrategia, no solo hac¨ªa referencia a la presencia militar o policial, sino a una presencia m¨¢s integral que involucre la admiraci¨®n de justicia. En muchas de estas zonas las organizaciones criminales administran todo, la convivencia, y hasta las infidelidades matrimoniales. El problema con el servicio de administraci¨®n de justicia estatal es que no solo no existe, sino que en muchas zonas se tiene una visi¨®n muy negativa de ella. Los pobladores acusan a las autoridades judiciales de ser corruptas y demoradas. De esa manera, servicios d¨¦spotas, pero ¨¢giles como el de organizaciones criminales son los que m¨¢s atraen a comunidades enteras.

En tercer lugar, en muchas zonas del pa¨ªs no solo hay una disputa y los grupos criminales administran justicia sino que la poca infraestructura comunitaria para regular la vida social ha sido diezmada en los ¨²ltimos a?os. Durante a?os, las FARC crearon un mecanismo en el que cada frente guerrillero hac¨ªa juicios y tomaba la justicia por sus manos. Ante desmanes y situaciones arbitrarias, la guerrilla comenz¨® a perder apoyo social ya que con un m¨ªnimo de informaci¨®n tomaban decisiones y asesinaron a miles de civiles por simples comentarios. La guerrilla comenz¨® entonces a delegar esas funciones en las Juntas de Acci¨®n Comunal, es decir, en las comunidades y se crearon mecanismos informales para resolver temas de convivencia y justicia.

Esos mecanismos basados en tres instancias fueron desconocidos y aislados por el Estado Colombiano, luego, los grupos ilegales comenzaron a destruirlos mediante el asesinato de miembros y presidentes de Juntas de Acci¨®n Comunal. Al final, lo est¨¢n destruyendo todo y el Estado no ha sido capaz de copar esos territorios. Estos hechos muestran la nueva ola de violencia que incub¨® Colombia durante estos 4 a?os del gobierno de Iv¨¢n Duque que se dedic¨® a destruir el Acuerdo de Paz. Las consecuencias del saboteo saltan a la vista.

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