Cinco a?os despu¨¦s

Escribo en la madrugada del 2 de octubre, cinco a?os despu¨¦s del d¨ªa en que los colombianos fuimos a las urnas para votar sobre los Acuerdos de Paz de La Habana. Los acuerdos eran el fruto de largas negociaciones que hab¨ªan dejado una fractura visible en la sociedad colombiana, y as¨ª lleg¨¢bamos a ese domingo: divididos, enfrentados, peleados con nosotros mismos como no lo hab¨ªamos estado desde los 300.000 muertos de la violencia partidista de los a?os 50. Los enemigos del Proceso de Paz, liderados por el expresidente ?lvaro Uribe, hab¨ªan lanzado en los ¨²ltimos meses una campa?a grotesca de mentiras y distorsiones que calaron en una ciudadan¨ªa adolorida, vulnerable y cr¨¦dula; y as¨ª llegaron miles a votar, convencidos de que los acuerdos convertir¨ªan a Colombia en la nueva Venezuela, le quitar¨ªan a la gente sus pensiones para d¨¢rselas a los guerrilleros y buscar¨ªan secretamente ¡ªmediante un arma temible llamada ideolog¨ªa de g¨¦nero¡ª la destrucci¨®n de la familia cristiana.

Lo que sigue es historia conocida: los acuerdos fueron rechazados por un margen de 54.000 votos; los negociadores volvieron a sentarse, y los acuerdos renegociados (mucho mejores que los originales, todo hay que decirlo) se acabaron aprobando en el Congreso. Y a pesar de que se comprob¨® que la campa?a de mentiras hab¨ªa sido deliberada, pues el organizador responsable lo revel¨® involuntariamente en una entrevista, y a pesar tambi¨¦n de que el texto definitivo inclu¨ªa 56 de las 59 exigencias de los opositores, el presidente Uribe y su partido cerraron filas alrededor del rechazo a lo acordado. Cuando su candidato gan¨® las elecciones de 2018, lo hizo cabalgando sobre la promesa de corregir los acuerdos, empacada en una de esas frases fr¨ªvolas a las que nos tiene acostumbrados: ¡°Ni trizas ni risas¡±.

Una de las primeras jugadas del nuevo presidente fue presentar una serie de objeciones a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), los tribunales de justicia transicional creados por los acuerdos. Nadie pensaba que las objeciones llegar¨ªan a ninguna parte, porque no ten¨ªan el m¨¢s m¨ªnimo asidero legal, pero eso no le impidi¨® a Duque presentarlas. Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno en La Habana, me dijo por esos d¨ªas que las objeciones estaban condenadas al fracaso: en ocho o nueve meses, vaticin¨®, las cortes rechazar¨ªan las objeciones y volver¨ªamos al punto de partida, con el ¨²nico resultado de demorar la capacidad de la JEP para tomar decisiones. Eso fue exactamente lo que pas¨®; mientras tanto, el clima de inseguridad jur¨ªdica llev¨® a muchos excombatientes a renegar del proceso, al mismo tiempo que el partido de gobierno, con cinismo impagable, acusaba a la JEP de inoperancia y de fomentar la impunidad. Lo ¨²nico que logr¨® entonces el presidente, vocero o instrumento de su partido, fue entorpecer la aplicaci¨®n de la justicia transicional.

De manera que ahora, cuando Duque declara ante las Naciones Unidas que su Gobierno ha hecho m¨¢s que el de Santos por la aplicaci¨®n de los acuerdos, y cuando sostiene sin mover una ceja que el problema es un acuerdo de paz ¡°fr¨¢gil¡±, quienes hemos querido de verdad que los acuerdos avancen tenemos derecho a un cierto escepticismo. Para demostrar su compromiso con la implementaci¨®n, el Gobierno se llena la boca con cifras propias, pero en cambio desestima las ajenas: el Kroc Institute, por ejemplo, que ha analizado la implementaci¨®n de los acuerdos de paz de medio mundo, public¨® hace poco un reporte que contrasta duramente con el autobombo del Gobierno, y la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos se ha mostrado preocupada por los avances escasos en lo relacionado con sustituci¨®n de cultivos il¨ªcitos. Duque, mientras tanto, sigue puerilmente culpando de lo que pueda al presidente que lleva tres a?os fuera de su cargo.

Pero nada de esto es lo esencial: en la realidad de la gente, donde la violencia trastorna las vidas, las cifras tienen poco peso. Lo que s¨ª tiene efecto, en cambio, es el discurso de los l¨ªderes, y el partido de gobierno ha mantenido con admirable constancia un discurso que alimenta el enfrentamiento entre los colombianos, provoca desconfianza en los acuerdos y trata todos los d¨ªas de dinamitar la legitimidad de las instituciones que han salido de ellos: la JEP, principalmente, pero tambi¨¦n la Comisi¨®n de la Verdad, cuya misi¨®n es contarle al pa¨ªs lo ocurrido en la guerra y que Uribe, jefe natural del partido del presidente, ha declarado no reconocer. Esas actitudes ¡ªp¨²blicas y visibles¡ª son lo que ha dificultado que los acuerdos se conviertan en un lugar de encuentro entre los colombianos. Usar los acuerdos no para unir, sino para dividir a los votantes de cara a las pr¨®ximas elecciones: eso es lo que busca el partido del Gobierno. Y los acuerdos pueden estar blindados jur¨ªdicamente; pero si los ciudadanos no creen en ellos, ser¨¢ muy poco lo que puedan cambiar.