Alberto Rodr¨ªguez: castigo pol¨ªtico
El embrollo propiciado por el Supremo afecta a una cuesti¨®n fundamental: cu¨¢ndo un diputado debe dejar de serlo
?Se puede perder un esca?o de diputado obtenido en 2019 por una condena a mes y medio de prisi¨®n sustituida por una multa de 540 euros en relaci¨®n con unos hechos ocurridos en 2014? Esta es la pregunta b¨¢sica que resulta del embrollo en el que el Tribunal Supremo ha enredado al poder legislativo sin que, a fecha de hoy, el alto tribunal haya querido decir expl¨ªcitamente estas palabras: s¨ª, debe dejar de ser diputado. La desproporcionada reacci¨®n de una parte de Podemos, por un lado, y la escandalera habitual de PP y Vox, por el otro, no deben ocultar la necesidad de dar una respuesta clara a un asunto que toca el coraz¨®n de la democracia: cu¨¢ndo un diputado elegido en las urnas puede perder su condici¨®n de tal.
Mantener el acta de diputado de Alberto Rodr¨ªguez pod¨ªa hacer incurrir a la presidenta del Congreso de los Diputados en una desobediencia al Tribunal Supremo, aunque Meritxell Batet actu¨® contra el criterio de los letrados de la C¨¢mara, en medio de una formidable controversia jur¨ªdica y sin apurar los eventuales requerimientos que especificasen lo que deb¨ªa hacer, dado que el Supremo mantuvo en su comunicaci¨®n la postura ins¨®lita de no explicitar la p¨¦rdida de derechos que la pena lleva aparejada. A ¨²ltima hora de ayer, Podemos confirm¨® que Alberto Rodr¨ªguez no presentar¨¢ la querella contra Batet por prevaricaci¨®n, pero s¨ª acudir¨¢ en amparo al Constitucional. El anuncio de la querella hab¨ªa sido hecho, al parecer, sin que conociesen la iniciativa ni Yolanda D¨ªaz ni Alberto Garz¨®n ni los socios de Comuns, aunque ten¨ªa pocos visos de prosperar en la v¨ªa judicial porque era improbable que el Supremo dictaminase que ha habido prevaricaci¨®n por tomar precisamente la decisi¨®n que el propio tribunal suger¨ªa tomar. Nada ha evitado, sin embargo, el efecto pol¨ªtico de incrementar la tensi¨®n en el Gobierno de coalici¨®n, que vive d¨ªas convulsos por la negociaci¨®n de la reforma laboral.
En cualquier caso, la situaci¨®n a la que se ha visto abocado el diputado Alberto Rodr¨ªguez es rocambolesca e injusta. Existe una sentencia firme que conden¨® al diputado a una pena privativa de libertad de 45 d¨ªas que finalmente fue sustituida por una pena de multa. La condena lleva aparejada una pena accesoria de inhabilitaci¨®n para el derecho de sufragio pasivo, es decir, para ser elegido en las urnas. Es esta pena accesoria la que ha motivado ahora la retirada de su esca?o. Pero, ?es posible mantener una pena accesoria cuando ha sido sustituida por una multa ¡ªya pagada¡ª y cuando la inhabilitaci¨®n se proyecta, no sobre un candidato a diputado, sino sobre alguien que ya lo es y representa, por tanto, la soberan¨ªa popular que ning¨²n tribunal puede hurtarle con semejante facilidad, por el peligro evidente de destrozar as¨ª la divisi¨®n de poderes? La condena se origina en una supuesta patada a un agente de polic¨ªa de la que no existen pruebas visuales, pese a que los incidentes se grabaron y hay im¨¢genes de ¨¦l (en las que no aparece Alberto Rodr¨ªguez en el lugar del incidente, m¨¢s all¨¢ del testimonio de un ¨²nico polic¨ªa).
Sin descartar una hipot¨¦tica reforma de la ley, el actual ordenamiento jur¨ªdico permit¨ªa al Supremo eludir un resultado tan extravagante. Hubiera bastado con acudir al criterio de interpretaci¨®n teleol¨®gica previsto en nuestro sistema para poder matizar las consecuencias manifiestamente desproporcionadas que provoca la aplicaci¨®n de la pena. La inhabilitaci¨®n temporal se convierte en definitiva por aplicarse sobre una realidad sobrevenida en la que dif¨ªcilmente pudo pensar la ley, y que obviamente no pudo llegar a concebir el acusado. El anuncio de presentaci¨®n de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional quiz¨¢s pueda ofrecer una respuesta, dado que el derecho penal obliga a interpretar la ley siempre y en todo caso en el sentido m¨¢s favorable al reo, y aqu¨ª se ha hecho todo lo contrario. La dimensi¨®n pol¨ªtica del caso debilita una vez m¨¢s la confianza en la justicia y abunda en la percepci¨®n de un castigo pol¨ªtico a un diputado de Unidas Podemos.
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