Otra prueba de la libertad en Cuba

Tras la represi¨®n de las protestas del 11 de julio en Cuba, se ha intensificado el debate sobre los limites de las libertades p¨²blicas en la isla. Dado que el Gobierno reaccion¨® contra el estallido social como si se tratara, esencialmente, de una acci¨®n dise?ada y alentada desde Estados Unidos, diversos actores dentro de la isla, que en los ¨²ltimos a?os han presionado a favor de la ampliaci¨®n de los derechos de asociaci¨®n, expresi¨®n y reuni¨®n, se preguntan si la nueva Constituci¨®n de 2019 facilita o no la apertura.

La nueva Constituci¨®n introdujo algunas flexibilizaciones ret¨®ricas en los art¨ªculos dedicados a los derechos civiles que hac¨ªan pensar en una dilataci¨®n. En los a?os previos a la promulgaci¨®n del texto constitucional, importantes sectores acad¨¦micos, intelectuales y de la sociedad civil de la isla colocaron sobre la mesa el objetivo de construir un verdadero ¡°Estado socialista de derecho¡±. Las alusiones expl¨ªcitas a ¡°derechos humanos¡± y ¡°derechos democr¨¢ticos¡± en la Ley Fundamental reforzaban esa expectativa.

El colectivo c¨ªvico Archipi¨¦lago, coordinado por el joven dramaturgo Yunior Garc¨ªa Aguilera, propuso un ejercicio que pone a prueba la pr¨¢ctica de los derechos en Cuba. Luego de convocar a una marcha contra la violencia, la represi¨®n y por la liberaci¨®n de los detenidos el 11 y el 12 de julio, el colectivo solicit¨® permiso a las autoridades locales de varias ciudades para marchar pac¨ªficamente el 15 de noviembre.

La respuesta del Gobierno fue que, aunque el art¨ªculo 56 reconoce los ¡°derechos de reuni¨®n, manifestaci¨®n y asociaci¨®n¡±, tambi¨¦n establece que los ¡°fines¡± de esas libertades deben ser ¡°l¨ªcitos y pac¨ªficos¡± y ejercerse ¡°con respeto al orden p¨²blico¡± y ¡°acatando las preceptivas de la ley¡±. Al suscribir la premisa de que la marcha ser¨ªa pac¨ªfica y solicitar la autorizaci¨®n de las instituciones locales, los convocantes cumpl¨ªan con casi todos los requisitos constitucionales.

Casi todos, menos uno, el de la ¡°licitud¡± de los fines. Seg¨²n el Gobierno, la marcha es il¨ªcita porque, si bien su demanda declarada es el fin de la represi¨®n, su ¡°intenci¨®n manifiesta¡± apuesta por el ¡°cambio de sistema pol¨ªtico¡± en Cuba. ?Qu¨¦ elementos ofrece el Gobierno para demostrar esa ¡°intenci¨®n manifiesta¡±? Ninguno. Toda la argumentaci¨®n oficial gira en torno a hip¨®tesis infundadas y acusaciones sin pruebas sobre el financiamiento externo de algunos convocantes y los apoyos medi¨¢ticos recibidos de sectores de la oposici¨®n y el exilio.

La ausencia de leyes reglamentarias sobre la libertad de asociaci¨®n y expresi¨®n en Cuba facilita esa interpretaci¨®n arbitraria y discrecional de la Constituci¨®n desde el poder. Pero tambi¨¦n el propio texto constitucional favorece la anulaci¨®n, en la pr¨¢ctica, de cualquier avance hacia el Estado de derecho. Al consagrar al Partido Comunista como ¡°fuerza dirigente superior de la sociedad¡± y decretar que el socialismo es ¡°irrevocable¡±, la Ley Fundamental permite interpretaciones que colocan la ideolog¨ªa oficial por encima de las leyes.

La respuesta a la solicitud de permiso para la marcha pac¨ªfica del 15 de noviembre reitera una racionalidad que hemos visto aplicada a los ¨²ltimos episodios de contestaci¨®n p¨²blica en Cuba: la huelga del Movimiento San Isidro, las sentadas frente al Ministerio de Cultura y el estallido social del 11 de julio. Esa racionalidad se reduce a que todo acto de interpelaci¨®n al poder es asumido como hostilidad al sistema y, por tanto, como complicidad con el enemigo, es decir, ¡°Estados Unidos¡± o el ¡°imperialismo¡±, entidades abstractas que por lo general significan el Gobierno estadounidense, el exilio de Miami y la oposici¨®n interna.

Lo dice con claridad el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, en entrevista con Luis Hern¨¢ndez Navarro y M¨®nica Mateos-Vega, para el peri¨®dico mexicano La Jornada, cuando se refiere a artistas que, como Tania Bruguera ¡ªo Luis Manuel Otero Alc¨¢ntara o Hamlet Lavastida¡ª, ¡°se han vendido en cuerpo y alma a la pol¨ªtica de odio contra Cuba y contra la Revoluci¨®n¡±, o cuando asegura que ¡°opositores afincados en Estados Unidos est¨¢n tratando de presentar acciones pol¨ªticas con ropaje art¨ªstico¡±. Afirmaciones tan absolutistas e imprecisas que permitir¨ªan a englobar a todo el arte c¨ªvico o pol¨ªtico o a toda la m¨²sica popular contestataria, que se producen en Cuba, como fen¨®menos antinacionales u hostiles a la soberan¨ªa de la isla.

En vez de aprovechar estas muestras de inconformidad para llamar a la unidad y a la reconciliaci¨®n, el Gobierno cubano ha decidido intensificar la criminalizaci¨®n de las protestas y la estigmatizaci¨®n de sus l¨ªderes. Optar por esa ruta no es irracional: responde a una estrategia de transferencia total del disenso interno al conflicto con Estados Unidos. Una estrategia que le asegura, a la vez, purgar pol¨ªticamente el activismo c¨ªvico juvenil y presionar al Gobierno de Joe Biden para que flexibilice las sanciones contra la isla.

La l¨®gica del Gobierno expone muy bien la distorsi¨®n del orden constitucional en Cuba. El cuerpo de la legislaci¨®n interna y su codificaci¨®n penal se subordinan, en ¨²ltima instancia, a un conflicto bilateral, que es real, en su asimetr¨ªa y en sus costos, pero que resulta funcional a la parte desfavorecida para blindarse ante cualquier resistencia, por c¨ªvica, pac¨ªfica o constitucional que sea.

De prueba en prueba, va esa presi¨®n sobre los l¨ªmites a las libertades p¨²blicas en Cuba. La pr¨®xima ser¨¢ el 15 de noviembre, pero no ser¨¢ la ¨²ltima. S¨®lo dos cosas podr¨ªan evitar que la presi¨®n se desborde: que el Gobierno relaje sus controles o que Estados Unidos abandone su pol¨ªtica de hostilidad tradicional. Tan improbables la una como la otra porque funcionan como complemento y justificaci¨®n mutua.