Pol¨ªticas r¨¢pidas y baratas contra la prostituci¨®n

El debate sobre la prostituci¨®n, durante mucho tiempo circunscrito a los ¨¢mbitos m¨¢s militantes del feminismo, vuelve a estar sobre la mesa. La propuesta del Gobierno de coalici¨®n ¡ªque, entre otras cosas, consiste en ampliar el delito de proxenetismo y recuperar la figura penal de la tercer¨ªa locativa¡ª est¨¢ siendo contestada por distintos colectivos de trabajadoras sexuales. Se?alan que esta manera de legislar implicar¨¢ una criminalizaci¨®n de su propia actividad y las abocar¨¢ a condiciones de mayor invisibilidad, clandestinidad, desprotecci¨®n institucional y vulnerabilidad. La figura de la tercer¨ªa locativa, defendida por sus proponentes como una herramienta penal para castigar a los proxenetas, ya ha demostrado en otros pa¨ªses efectos nefastos; vuelve delictiva la conducta de quien alquila una habitaci¨®n o un piso en el que se pudiera ejercer la prostituci¨®n (lo que dificulta el acceso de las mujeres a la vivienda) y criminaliza tanto a un posible arrendador como a las propias prostitutas, muchas de las cuales conviven y comparten piso. Este tipo de medidas ha supuesto que sean las mujeres y sus entornos familiares o personales ¡ªcompa?eras, parejas o hijos¡ª quienes acaben perseguidos por el sistema penal. En esta l¨ªnea, una parte de la izquierda parlamentaria ¡ªBildu, ERC, la CUP y En Com¨² Podem¡ª ya ha mostrado su desacuerdo con este abordaje que comparten tanto el PSOE como Podemos y han criticado el enfoque punitivo que recorre la ley de libertades sexuales en algunos de sus puntos. El propio S¨¢nchez, en el Congreso del partido socialista, prometi¨® abolir la prostituci¨®n, y, de hecho, ¡°antes de que acabe la legislatura¡±. El presidente del Gobierno nos garantiza acabar con la prostituci¨®n y hacerlo, adem¨¢s, pasado ma?ana, a trav¨¦s de r¨¢pidas reformas penales.

Cualquier intento de combatir la trata o la prostituci¨®n forzosa debe dirigirse, en primer lugar, hacia las leyes de extranjer¨ªa y las pol¨ªticas migratorias de nuestros Estados, que son las que justamente ponen en marcha la maquinaria del negocio del tr¨¢fico y la explotaci¨®n sexual y laboral de muchas personas migrantes. Son las propias leyes vigentes en el Estado espa?ol las que a d¨ªa de hoy condicionan la ayuda a las v¨ªctimas de trata a su colaboraci¨®n policial bajo amenaza de ser expulsadas, lo que convierte a nuestras propias instituciones no en un lugar de protecci¨®n y ayuda para las mujeres, sino en un peligro del que esconderse.

Por otra parte, remover los obst¨¢culos que, sin duda, forman parte del contexto en el que algunas mujeres optan por el trabajo sexual ¡ªmuchas de ellas ante la ausencia de otras opciones que preferir¨ªan¡ª es un objetivo feminista. Pero eso nos compromete con la tarea de ampliar el margen de elecci¨®n de las mujeres ¡ªcon m¨¢s opciones laborales reales, m¨¢s autonom¨ªa econ¨®mica y m¨¢s (?no menos!) derechos sociales¡ª. Se trata de dar a las mujeres m¨¢s opciones para poder elegir, no de decretar por ley la invalidez de su elecci¨®n y su consentimiento. La primera perspectiva entiende que las mujeres viven en un mundo en el que su libertad est¨¢ limitada y nos obliga a trabajar en ¨¦l para ampliarla, la segunda opci¨®n hace descansar una parte fundamental del problema en las propias mujeres, que no saben lo que quieren. La primera implica fortalecer el Estado de bienestar y los derechos, la segunda es muy barata.

Existe hoy un debate global acerca del lugar que ocupa la pol¨ªtica penal en la construcci¨®n de la ciudadan¨ªa en el siglo XXI. El soci¨®logo Lo?c Wacquant es uno de los principales referentes de una reflexi¨®n cr¨ªtica sobre el actual avance de los sistemas de castigo en las democracias liberales. Su tesis es que la expansi¨®n del sistema penal es una caracter¨ªstica esencial de la actual fase del neoliberalismo. Ante el retraimiento del Estado de bienestar y los sistemas de protecci¨®n social y el aumento de la incertidumbre y la inseguridad, los Estados prometen la paz y el orden a trav¨¦s del endurecimiento de los sistemas de castigo, sistemas que, a su vez, se est¨¢n dirigiendo contra las poblaciones m¨¢s pobres y m¨¢s vulnerables. En Estados Unidos diversos te¨®ricos y te¨®ricas provenientes de los estudios legales cr¨ªticos y el antirracismo llevan a?os poniendo sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre el avance del sistema carcelario. No se?alan solo la agenda de Trump, sino tambi¨¦n a las pol¨ªticas que en las ¨²ltimas d¨¦cadas ha puesto en marcha el neoliberalismo progresista, a menudo en nombre del feminismo y las pol¨ªticas LGTBI. Ni Europa ni el Estado espa?ol son una excepci¨®n a esta regla. Como dice Ignacio Gonz¨¢lez S¨¢nchez en Neoliberalismo y castigo (Bellaterra, 2021), ¡°hoy tenemos m¨¢s polic¨ªas y m¨¢s personas presas que hace cincuenta a?os, y un C¨®digo penal m¨¢s duro que el vigente cuando Franco muri¨®¡±.

La t¨ªmida reforma de la ley mordaza que S¨¢nchez prometi¨® derogar es un s¨ªntoma preocupante. Como lo es, por ejemplo, que el partido m¨¢s a la izquierda del Gobierno considere una buena idea legitimar a empresas privadas en la gesti¨®n de nuestros derechos fundamentales y darles carta blanca para eliminar por s¨ª mismos contenidos y celebrar que las garant¨ªas judiciales sean sustituidas por una pol¨ªtica de empresa de Mark Zuckerberg. Llevamos tiempo asistiendo a una mutaci¨®n por la cual las izquierdas han dejado de apostar decididamente por el debate p¨²blico, los derechos pol¨ªticos y las libertades de expresi¨®n para entregarles a las derechas la posibilidad de explotar ese campo.

Es evidente cu¨¢l es la agenda de las ultraderechas en relaci¨®n con el papel del derecho penal y las propuestas punitivas. La pregunta es cu¨¢l es la de las izquierdas. En este sentido es necesario que abramos en nuestro pa¨ªs un debate cr¨ªtico acerca del papel que ciertas pol¨ªticas feministas contempor¨¢neas tienen en relaci¨®n con este giro punitivo actual de los sistemas neoliberales. Aya Gruber, penalista americana, ha escrito recientemente The Feminist War On Crime: The Unexpected Role of Women¡¯s Liberation in Mass Incarceration (U.C. Press 2020) para denunciar el problem¨¢tico papel de las pol¨ªticas contra la violaci¨®n norteamericanas en el aumento de la pol¨ªtica carcelaria de Estados Unidos. Junto a Gruber, otras feministas actuales, como la profesora de Harvard Janet Halley, se?alan que una parte del feminismo se est¨¢ volcando en la defensa de leyes contra la violencia sexual que ¡°est¨¢n criminalizando como primer y no como ¨²ltimo recurso para lograr el cambio social¡± (Janet Halley, 2015). La propuesta de ley de libertades sexuales del Gobierno est¨¢ influenciada por esos avances legislativos implementados las ¨²ltimas d¨¦cadas en Estados Unidos y en el contexto anglosaj¨®n. Al igual que esas doctrinas penales, incorpora una preocupante renuncia por las pol¨ªticas sociales y econ¨®micas que en otro tiempo fueron la agenda irrenunciable de las izquierdas y las sustituye por promesas de paz y seguridad a trav¨¦s del derecho penal. Debe ser, por tanto, una ocasi¨®n para abrir un debate en profundidad y para pensar cr¨ªticamente uno de los temas de nuestro tiempo: qu¨¦ usos y abusos de la pol¨ªtica penal est¨¢n haciendo las izquierdas y los feminismos y cu¨¢l es su significado y sus consecuencias en nuestra ¨¦poca actual.