Afrontar el problema de la vivienda

La vivienda es uno de los grandes d¨¦ficits del Estado de bienestar en Espa?a. El problema es estructural y exige medidas ambiciosas, adem¨¢s de mucho dinero destinado a la construcci¨®n de vivienda p¨²blica. Sigue estando entre las preocupaciones m¨¢s acuciantes de los espa?oles por la carest¨ªa de precios, la escasez del parque de alquiler y las graves dificultades que encuentran los m¨¢s j¨®venes para emanciparse en condiciones dignas, o sin verse abocados a compartir piso, sobre todo en grandes ciudades. Solo una ampliaci¨®n importante de la oferta p¨²blica podr¨¢ mitigar de forma relevante ese problema. La aprobaci¨®n del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, el bono joven para el alquiler y la Ley de Arquitectura apuntan a la toma de conciencia sobre la gravedad de la situaci¨®n y pueden entenderse como el principio de una nueva sensibilidad. El Ejecutivo tambi¨¦n contaba con incluir en el paquete aprobado en el Consejo de Ministros del martes la nueva ley de vivienda, pero las discrepancias en el seno del Consejo General del Poder Judicial sobre qui¨¦n ostenta las competencias en esta materia ¡ªautonom¨ªas o Gobierno¡ª han retrasado hasta finales de mes la aprobaci¨®n del informe prescriptivo pero no vinculante del CGPJ.

Ha crecido muy lentamente la vivienda en alquiler en los ¨²ltimos 10 a?os: apenas cinco d¨¦cimas, que sit¨²an a Espa?a en un 24,9%, muy por debajo de la media europea del 30,3% o de niveles como el de Alemania (49,6%) o Austria (44,7%), seg¨²n los ¨²ltimos datos de Eurostat. Ese escaso aumento explica que los j¨®venes sean el colectivo m¨¢s beneficiado por algunas de las nuevas medidas, como el bono al alquiler, pero la iniciativa tiene un alcance muy limitado y escaso efecto de irradiaci¨®n. Los 200 millones presupuestados para el alquiler joven resultar¨¢n claramente insuficientes ante el elevado n¨²mero de potenciales receptores entre la poblaci¨®n espa?ola menor de 35 a?os. Seg¨²n el Consejo de la Juventud de Espa?a, la medida beneficiar¨¢ a unos 50.000 j¨®venes, el 1,7% de las personas emancipadas. La ayuda de hasta 250 euros mensuales podr¨¢ complementarse con otras de car¨¢cter auton¨®mico pero se limita a alquileres inferiores a 600 euros. Esa cifra representa en las grandes ciudades un porcentaje ¨ªnfimo del mercado. El riesgo adicional del bono es un aumento de precios que debe encontrar mecanismos de correcci¨®n y sanci¨®n contra potenciales abusos: el arrendador puede sentirse tentado a incrementar el precio al saber que su arrendatario puede recibir ayuda estatal o auton¨®mica. Tambi¨¦n el anteproyecto que el Gobierno remiti¨® al CGPJ dispone una moratoria de 18 meses para que las comunidades aut¨®nomas establezcan un l¨ªmite a los precios del alquiler en zonas que se consideren tensionadas. La Generalitat de Catalu?a lo hizo el a?o pasado con buenos resultados: durante 2021 el precio medio en Barcelona baj¨® un 4,8%, con un ahorro anual de 564 euros. Las medidas que propone el Gobierno evidencian una voluntad pol¨ªtica que estuvo ausente en otros ejecutivos, pero es solo un primer paso hacia el objetivo deseable: aumentar de forma sustancial el parque de vivienda social.