Dimisi¨®n de responsabilidades

La complejidad del sistema competencial en Espa?a exige una vigilancia reforzada que impida posibles fallos de coordinaci¨®n y complementariedad. Esa ley general deber¨ªa ser redoblada de todas las maneras posibles cuando las medidas van destinadas al auxilio urgente de la poblaci¨®n m¨¢s expuesta a la exclusi¨®n social. Han fallado esta vez los sistemas de protecci¨®n para combatir los efectos devastadores de la pandemia sobre la pobreza y la pobreza extrema. M¨²ltiples estudios se han afanado en denunciarlo con estimaciones que apuntan a un sustancial incremento de personas en esa situaci¨®n l¨ªmite, con especial virulencia entre j¨®venes, mujeres y los trabajadores m¨¢s precarizados. El informe Foessa presentado el 18 de enero identificaba a m¨¢s de 600.000 hogares en Espa?a sin ning¨²n tipo de ingresos. Contra esa situaci¨®n, el Gobierno promovi¨® el ingreso m¨ªnimo vital (IMV) como instrumento destinado a paliar los da?os en los primeros momentos de la crisis de la pandemia, pero su accidentada puesta en marcha y la complejidad de sus procedimientos deriv¨® en un despliegue exageradamente lento: no lleg¨® a su objetivo de beneficiar a 800.000 personas hasta un a?o despu¨¦s de su lanzamiento, en septiembre de 2021.

Las familias sin recursos y en un estado de vulnerabilidad radical no ten¨ªan ese tiempo de espera, pero tampoco merec¨ªan una descoordinaci¨®n como la que revela la Asociaci¨®n de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Sus datos son desoladores: en 2020 siete comunidades aut¨®nomas (Madrid, Arag¨®n, Baleares, Galicia, Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha y La Rioja) redujeron sus asignaciones de rentas de inserci¨®n de sus sistemas auton¨®micos cuando se puso en marcha el IMV. Dispon¨ªan de algo m¨¢s de 1.600 millones de euros para esa finalidad y la funci¨®n del IMV deb¨ªa reforzar esas ayudas regionales, no sustituirlas ni asignar esa funci¨®n de emergencia social a la acci¨®n del Gobierno. Menos todav¨ªa, si era evidente que el ingreso m¨ªnimo vital no llevaba la velocidad necesaria de aplicaci¨®n ni era capaz de llegar a donde deb¨ªa. Esos fondos deber¨ªan haber sido destinados por las comunidades aut¨®nomas a complementar las limitadas coberturas del IMV, cuyos requisitos no cumplen todas las personas con mayor vulnerabilidad social, o para actuar como un complemento adicional a la renta estatal.

Sin embargo, estas comunidades aut¨®nomas decidieron reducir sus presupuestos, de modo que fuera la pol¨ªtica estatal quien se hiciera cargo de la poblaci¨®n m¨¢s necesitada. Todas las comunidades aut¨®nomas tienen competencias en servicios sociales que obligan a una coordinaci¨®n m¨¢s eficaz del sistema de protecci¨®n en Espa?a, particularmente cuando hablamos de sectores muy desprotegidos y, a menudo, sin ni siquiera conciencia de las ayudas disponibles. La puesta en marcha de la comisi¨®n de seguimiento del IMV, que acaba de aprobar el Gobierno, pretende agilizar las ayudas y los problemas de funcionamiento detectados en estos meses. Pero tambi¨¦n debe servir para que Gobierno y comunidades aut¨®nomas coordinen sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la exclusi¨®n social.