Guatemala amenaza los derechos reproductivos en contra de la tendencia regional

Durante d¨¦cadas, el D¨ªa Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, ha sido una ocasi¨®n para que las mujeres en todo el mundo participemos en manifestaciones para que se reconozcan nuestros derechos. Sin embargo, este a?o, el Congreso de Guatemala eligi¨® el 8 de marzo para aprobar un proyecto de ley que podr¨ªa restringir los derechos reproductivos ¡ªya de por si limitados¡ª de las mujeres y ni?as del pa¨ªs. Este martes, el Congreso de Guatemala archiv¨® el decreto, pero a¨²n as¨ª Guatemala queda rezagada respecto del resto de pa¨ªses de la regi¨®n en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las mujeres y la protecci¨®n de su salud reproductiva.

Este rev¨¦s tiene lugar despu¨¦s de que varias voces, incluidas la de Human Rights Watch, advirtieran sobre los peligros de esta ley conocida como el Decreto 18-2022. Alejandro Giammattei anunci¨® que la vetar¨ªa y el Congreso le gan¨® archiv¨¢ndola.

Las leyes vigentes establecen que el aborto es legal ¨²nicamente cuando est¨¦ en riesgo la vida de una mujer o ni?a embarazada, y las sanciones van de uno a doce a?os de prisi¨®n. El Decreto 18-2022, hubiera aumentado las penas y ampliado las circunstancias en las cuales una mujer y otras personas involucradas en un aborto podr¨ªan haber sido perseguidas penalmente. Defin¨ªa el aborto como la ¡°muerte natural o provocada¡± de un embri¨®n o feto y hubiera establecido penas de prisi¨®n de hasta cuatro a?os para las mujeres que intentaran obtener un aborto, y 10 a?os para aquellas que ¡°causaren su aborto¡±. Esto podr¨ªa haber dado lugar a la persecuci¨®n penal de mujeres que tuvieran abortos espont¨¢neos, como se ha documentado en otros pa¨ªses. El proyecto de ley hubiera exigido que dos especialistas, en lugar de uno, confirmaran que un embarazo constitu¨ªa riesgo para la vida, con lo cual hubiera resultado a¨²n m¨¢s dif¨ªcil acceder a un aborto terap¨¦utico. Tambi¨¦n habr¨ªa penalizado a cualquier persona que ¡°promoviera y facilitara los medios para la realizaci¨®n de un aborto¡±.

Ampliar la legislaci¨®n penal para restringir el acceso al aborto no solamente expondr¨ªa la vida de las mujeres y las ni?as a un riesgo mayor, sino que ha quedado demostrado que esas leyes no reducen el n¨²mero de abortos: solo los convierte en procesos inseguros en los cuales se pone en peligro la vida y la seguridad de las mujeres. Adem¨¢s, este proyecto de ley hubiera prohibido el matrimonio igualitario y restringido la educaci¨®n sexual integral.

Durante meses, el Presidente Giammattei hab¨ªa promovido posturas antiderechos manifestando que convertir¨ªa a Guatemala en ¡°la capital provida de Iberoam¨¦rica¡± y fortalecer¨ªa la ¡°familia¡± y el respeto por la ¡°vida desde su concepci¨®n¡±. El 9 de marzo, de hecho, asisti¨® a una ceremonia organizada por grupos cristianos frente al palacio de gobierno, y lo declar¨® ¡°D¨ªa por la Vida y la Familia¡±.

Pero el Presidente Giammattei pareci¨® cambiar de rumbo el 10 de marzo, y tom¨® distancia de ese proyecto de ley al declarar p¨²blicamente que lo vetar¨ªa por constituir una violaci¨®n de las normas internacionales sobre derechos humanos y la Constituci¨®n de Guatemala. Efectivamente, esa ley habr¨ªa violado derechos humanos porque, entre otras cuestiones, menoscabar¨ªa la autonom¨ªa de las mujeres y ni?as, y hubiera puesto en riesgo su vida y salud.

Para respetar los derechos humanos, Guatemala deber¨ªa seguir los ejemplos de otros pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, que han avanzado en la flexibilizaci¨®n de las restricciones al aborto. Recientemente, Argentina y Colombia despenalizaron el aborto voluntario hasta las 14 y las 24 semanas de gestaci¨®n, respectivamente. En M¨¦xico, el aborto ha sido despenalizado en siete estados, aunque en otros 25 a¨²n est¨¢ tipificado.

En Ecuador, tras una decisi¨®n de la Corte Constitucional, el Congreso aprob¨® una ley en el mes de febrero, que garantizar¨ªa que las mujeres y ni?as sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso al aborto. Aunque el presidente Guillermo Lasso la vet¨® parcialmente este 15 de marzo, y la ha regresado al Congreso para que siga deliberando, todav¨ªa hay esperanzas de que este la apruebe y garantice los derechos de las mujeres.

En Chile, el programa del presidente Gabriel Boric incluye un compromiso del gobierno para ampliar el alcance de la salud reproductiva, incluido el acceso al aborto. Ya se han realizado algunos avances al respecto. La C¨¢mara de Diputados aprob¨® una medida, a finales de 2021, para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestaci¨®n. El proyecto a¨²n debe aprobarse en el Senado.

Algunos pa¨ªses est¨¢n concretando avances, y deber¨ªamos celebrar el terreno ganado y reconocer el trabajo colectivo de los diversos movimientos feministas. Pero no ha sido un camino f¨¢cil, y muchos gobiernos de la regi¨®n ¨Cincluyendo el de Guatemala¨C a¨²n se oponen a lucha por los derechos reproductivos. La decisi¨®n del Congreso de archivar el decreto, junto con la decisi¨®n Giammattei de vetar una ley que la habr¨ªa convertido en una de las m¨¢s restrictivas de la regi¨®n, es la correcta. Pero no es motivo suficiente para celebrar. Las leyes sobre aborto de Guatemala se encuentran desfasadas frente a los avances logrados en la regi¨®n, y no respetan lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos. Y son las mujeres y las ni?as quienes sufren las consecuencias.

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