La regeneraci¨®n institucional pasa por el Parlamento

Aunque no puede hablarse de que haya habido nunca una edad de oro del parlamentarismo en Espa?a, es indudable el ins¨®lito nivel de degradaci¨®n alcanzado por el Legislativo actual. M¨¢s all¨¢ del grotesco episodio de la votaci¨®n de la reforma laboral (por sus derivadas, y no tanto por el error humano o mec¨¢nico de que se trate), lo cierto es que desde hace tiempo el Parlamento no viene ejerciendo con normalidad ninguna de las funciones de actualizaci¨®n de la voluntad constituyente que tiene encomendadas seg¨²n la Constituci¨®n.

As¨ª, pese a que, como ¨²nico ¨®rgano con legitimidad democr¨¢tica directa, el Parlamento deber¨ªa situarse en el centro de la vida pol¨ªtica, su reciente ejecutoria demuestra que ostenta un rol que oscila entre ser una caja de resonancia del Gobierno, sin relevancia en la toma de decisiones, o el veh¨ªculo de algunas minor¨ªas para torpedear cualquier iniciativa pol¨ªtica del Ejecutivo, con el menoscabo que supone para el funcionamiento del sistema democr¨¢tico. Por otra parte, la pandemia y el ejercicio de poderes excepcionales durante la misma ha puesto de relieve que el Parlamento apenas est¨¢ preparado para ese tipo de contingencias. A excepci¨®n del voto telem¨¢tico, tasado para determinados supuestos de baja por maternidad o enfermedad, el Reglamento del Congreso de los Diputados todav¨ªa prev¨¦ que los discursos se deban pronunciar ¡°personalmente de viva voz¡± desde la tribuna o el esca?o (art. 70.2).

Con todo, lo que m¨¢s enturbia la imagen del Parlamento es que se hayan bloqueado investiduras o que no haya habido candidatos a someterse a dicho trance; que la actividad legislativa se haya visto condicionada por la legislaci¨®n de urgencia con el pretexto primero de la crisis econ¨®mica y despu¨¦s de la covid-19; que la peri¨®dica ausencia de mayor¨ªa haya llevado a prorrogar sin m¨¢s los Presupuestos; que se haya impuesto el rodillo mayoritario para bloquear la tramitaci¨®n de iniciativas legislativas (y de control), en unos casos con un uso abusivo de la prerrogativa gubernamental de veto presupuestario y en otros sin permitir siquiera el debate de toma en consideraci¨®n, y, en fin, que se haya bloqueado la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde un c¨¢lculo meramente partidario.

Dec¨ªa Ortega que la instituci¨®n se ha visto sometida hist¨®ricamente a diversos avatares que la han llevado desde los excesos del parlamentarismo de la Segunda Rep¨²blica a su exclusi¨®n durante los per¨ªodos autoritarios. Mutatis mutandis, quiere decirse con ello que ni la fragmentaci¨®n partidista ni el contexto inquietante de extrema polarizaci¨®n pol¨ªtica que nos azota son nuevos ni privativos de Espa?a, ni pueden ser una justificaci¨®n. Adem¨¢s, se trata de un fen¨®meno asociado al pluralismo del Estado de partidos que impone el modelo de democracia representativa. Por lo que el an¨¢lisis nos debe conducir inexorablemente a otros factores explicativos de la crisis de la representaci¨®n: el comportamiento de los actores pol¨ªticos y las falencias de nuestro ordenamiento. El primero es un terreno l¨¢bil, pues se adentra en la esfera de la cultura pol¨ªtica y democr¨¢tica y afecta a la idiosincrasia de nuestros representantes. No hay m¨¢s que ver la progresiva banalizaci¨®n de los instrumentos de control, cuyo m¨¢ximo exponente son las teatrales sesiones de control. El segundo nos invita a operar cambios urgentes para reparlamentarizar el Parlamento.

De entrada, el vigente parlamentarismo racionalizado, que refuerza desde 1978 la posici¨®n del Ejecutivo, debido tanto a la convulsa experiencia republicana como a la atomizaci¨®n partidista de la Transici¨®n, ejemplifica no solo la impotentia reformandi de nuestro sistema pol¨ªtico, sino que se ha trocado en un instrumento para la mayorizaci¨®n de la mayor¨ªa, pues impide que las minor¨ªas pueden siquiera impulsar alguna comisi¨®n de investigaci¨®n o un debate espec¨ªfico. La opci¨®n por listas electorales cerradas y bloqueadas ha sustituido la dial¨¦ctica mayor¨ªa-minor¨ªa por las din¨¢micas propias de las c¨²pulas de partido y convertido en ilusoria la prohibici¨®n del mandato imperativo.

Pero, sin duda, uno de los elementos m¨¢s inquietantes es la p¨¦rdida de centralidad del Parlamento como legislador y su funci¨®n electiva. La sustituci¨®n de la ley ordinaria por el decreto ley ha llevado al Gobierno a beneficiarse abusivamente de las ventajas procesales de estas normas con fuerza de ley y a convertirlas en casi irresistibles, ante la mirada de un Tribunal Constitucional inusualmente deferente. La par¨¢lisis en la renovaci¨®n de ¨®rganos constitucionales, pese a la controversia que suscita el consabido m¨¦todo de la lotizaci¨®n, ha llevado a que el CGPJ tenga caducado su mandato desde fines de 2018 y a saldar la elecci¨®n de magistrados del Constitucional con poderosas dudas sobre la idoneidad de algunos de los candidatos.

Hay margen, pues, si se desea represtigiar el Parlamento y conectarlo con la sociedad. Para que deje de ser el destinatario preferente de las invectivas del ciudadano indignado, en un contexto en que el problema no es tanto la fragmentaci¨®n multipartidista como la presencia de elementos exc¨¦ntricos al sistema y la perpetuaci¨®n de algunos dogmas y procedimientos m¨¢s propios de una instituci¨®n decimon¨®nica.