No est¨¢is solas

Cuando se habla de igualdad y de violencia de g¨¦nero, tendemos mec¨¢nicamente a ofrecer visiones catastrofistas de la realidad, como si fuera nuestra obligaci¨®n ser negativos para dotar de credibilidad a nuestro mensaje. Cierto es que, mientras siga habiendo mujeres que mueran a manos de sus parejas o exparejas, tenemos un problema social que hay que combatir, pero soy de la opini¨®n de que solo analizando bien las causas podremos poner el foco en ¨¢reas de mejora. Los an¨¢lisis con brocha gorda no suelen dar buenos resultados.

Hace un a?o, la presidenta del grupo de expertos sobre lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia dom¨¦stica (Grevio) del Consejo de Europa, Marceline Naudi, realiz¨® unas declaraciones en las que manifestaba que Espa?a ¡°es pionera en desarrollar un marco legal contra la violencia de g¨¦nero¡±. Y es cierto. La Ley Org¨¢nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero fue la primera que abord¨® de forma global este tipo de violencia. Tan pioneros fuimos que la ley fue publicada siete a?os antes de que se firmara el Convenio de Estambul y otros pa¨ªses han seguido nuestro modelo.

Espa?a es un pa¨ªs razonablemente igualitario. Si bien hemos pasado de ser en 2018 el quinto mejor pa¨ªs del mundo para nacer mujer a ser el decimocuarto, seg¨²n el informe 2020-2021 Women, Peace and Security Index (WPS) de las universidades de Georgetown y Oslo, el descenso de puestos se debe al aumento del paro femenino y a la disminuci¨®n de los a?os de educaci¨®n, no a la violencia ejercida contra las mujeres. En Europa, somos los sextos mejor valorados, seg¨²n el ?ndice Europeo de Igualdad de G¨¦nero de 2021.

En el a?o 2021, 159.352 mujeres fueron v¨ªctimas de este tipo de violencia, seg¨²n la memoria anual del Observatorio de Violencia de G¨¦nero. Los delitos que m¨¢s se cometen son de lesiones y maltrato. Cuando el procedimiento penal sigue su curso por existir denuncia, el porcentaje de condena supera el 90%. Adem¨¢s, se adoptaron 26.254 ¨®rdenes de protecci¨®n, un 70,4% de las solicitadas.

La violencia de g¨¦nero es un problema complejo en el que influyen m¨²ltiples factores, la mayor¨ªa de ellos culturales. Pese a sus detractores y al intento interesado por parte de algunos partidos y grupos de presi¨®n de igualar todas las violencias, es evidente que las circunstancias concurrentes en el ¨¢mbito de la violencia de g¨¦nero son espec¨ªficas y son el resultado de siglos de dependencia femenina del var¨®n, especialmente econ¨®mica. Combatir la m¨¢s lacerante de las desigualdades requiere sobre todo un abordaje cultural y educativo, porque cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado y la justicia intervienen, el hecho delictivo ya se ha producido. La prevenci¨®n es la asignatura pendiente y la que m¨¢s recursos requiere. El derecho penal, por tanto, no puede ser la principal herramienta del Estado para combatir la violencia, sino la ultima ratio cuando el resto de medidas fallan. Aun as¨ª, hay que trabajar para que disminuya el porcentaje de mujeres que se acogen a su derecho a no declarar (un 10%) y para que aquellas que no se atreven a denunciar, lo hagan.

Por todo esto, resulta cuando menos sorprendente que desde determinadas instituciones p¨²blicas, adem¨¢s de lanzar mensajes confusos acerca de esta realidad, se desincentive la lucha contra la violencia de g¨¦nero. Hace unos d¨ªas, las asociaciones judiciales ¡ªy el CGPJ, al rebufo¡ª protestaron por la exhibici¨®n de un cartel en una estaci¨®n de transporte de Baleares. El cartel, patrocinado por el Institut de la Dona de Baleares, el Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero y la consejer¨ªa de Presidencia, Funci¨®n P¨²blica e Igualdad del Gobierno de Baleares, formaba parte de una exhibici¨®n de la artista Diana Raznovich sobre micromachismos, y exhib¨ªa el dibujo caricaturizado de una mujer v¨ªctima de violencia de g¨¦nero con un ojo morado y el brazo en cabestrillo ante un juez estereotipado que le dec¨ªa: ¡°?C¨®mo voy a creer que su marido la maltrata si usted est¨¢ viva?¡±.

No se hicieron esperar las cr¨ªticas contra la piel fina de la judicatura, a la que se acus¨® de cercenar la libertad de expresi¨®n de la artista. En mi opini¨®n, no se quiso entender que el cartel en cuesti¨®n era una rotunda metedura de pata. Si el dibujo hubiera formado parte de una exposici¨®n art¨ªstica, de la portada de una revista sat¨ªrica o, incluso, de un sketch de televisi¨®n, no hay nada que objetar. Un Estado democr¨¢tico debe tolerar la cr¨ªtica a las instituciones y la libertad art¨ªstica. El problema radica en que el dibujo en cuesti¨®n estaba financiado por poderes p¨²blicos cuya finalidad primordial es luchar contra la violencia de g¨¦nero.

Me pongo en la piel de una mujer que est¨¢ siendo v¨ªctima callada de su pareja a quien el miedo y la angustia le impiden dar el paso y denunciar. Encontrarse con ese cartel llevar¨ªa a decidir no acudir a la Polic¨ªa. El mensaje es claro: la autoridad te dice que no denuncies, porque no te van a creer y se van a re¨ªr de ti. Por un lado, se realizan campa?as de concienciaci¨®n hacia la denuncia; por otro, se financian campa?as en las que se fomenta la desconfianza en el sistema.

No comprendo el empe?o que, desde determinados sectores de las administraciones p¨²blicas copadas por miembros de una concreta opci¨®n pol¨ªtica, se tiene en desacreditar a las instituciones democr¨¢ticas, a¨²n en contra de los intereses de las personas m¨¢s vulnerables, como en este caso. Por querer atacar al poder judicial, se tiran piedras contra el tejado de la lucha contra la violencia sobre la mujer. ?Qu¨¦ alternativa se les est¨¢ ofreciendo entonces? Si no conf¨ªan en polic¨ªa y jueces, ?en qui¨¦n lo har¨¢n? ?nicamente los jueces tienen la potestad de acordar medidas de alejamiento, instalaci¨®n de pulseras de seguimiento o prisi¨®n provisional. Otra alternativa democr¨¢tica no existe.

Como en toda actividad humana, el acto de impartir justicia es imperfecto y puede dar lugar a errores y malas praxis, pero el sistema de recursos y los contrapesos que ejercen acusaci¨®n y defensa permiten administrar una justicia garantista con los derechos de v¨ªctima y victimario. Si el trato a las denunciantes no es mejor, no es por falta de inter¨¦s o por despreciar el sufrimiento de estas, como parece hacer creer el cartelito de marras. La ausencia de dotaci¨®n de medios a los juzgados obliga a los profesionales de la justicia a echarse todo a las espaldas con voluntad y responsabilidad, pero sin ayuda. Poca gente sabe que, pese a que en los partidos judiciales m¨¢s grandes existen juzgados especializados, en la mayor¨ªa de ellos el juzgado de Violencia de G¨¦nero es tambi¨¦n un juzgado de Instrucci¨®n y de Primera Instancia, donde el titular, adem¨¢s de tener que decidir sobre la orden de protecci¨®n interesada, tiene que resolver cl¨¢usulas abusivas de un contrato bancario y tomar declaraci¨®n a un detenido por robar una bicicleta.

M¨¢s dotaci¨®n econ¨®mica y menos deslealtad institucional. Y menos estereotipos de g¨¦nero, por cierto. Nunca es mal momento para recordar que el 54,8% de los miembros de la carrera judicial somos mujeres, algo que no se contempla en el ideario colectivo cuando nos imaginan.