Espionaje al Estado

M¨¢s de 60 l¨ªderes nacionalistas catalanes fueron espiados al menos entre 2017 y 2020 a trav¨¦s de sus tel¨¦fonos m¨®viles, seg¨²n una investigaci¨®n del grupo de expertos Citizen Lab validada por Amnist¨ªa Internacional. El espionaje se realiz¨® por medio de un software de origen israel¨ª, que ya ha sido objeto de pol¨¦mica anteriormente por su nivel de intrusi¨®n y sofisticaci¨®n. El grupo autor del informe, perteneciente a la Universidad de Toronto, asegura que no ha podido descubrir qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s del espionaje masivo al independentismo catal¨¢n, ¡°pero pruebas circunstanciales contundentes sugieren una conexi¨®n con las autoridades espa?olas¡±. La ministra portavoz del Gobierno neg¨® cualquier relaci¨®n del Ejecutivo con el caso, pero s¨ª precis¨® que en Espa?a el espionaje se hace dentro de la ley y que el Ejecutivo siempre colabora con la justicia. Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han asegurado a este peri¨®dico que el organismo compr¨® el programa Pegasus para usarlo en el extranjero porque en Espa?a existe un proceso que permite las escuchas telef¨®nicas con autorizaci¨®n judicial. La prometida comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien dependen los servicios de espionaje, es adecuada y oportuna, y debe servir para aclarar muchas dudas inquietantes.

Sin desvirtuar unas actividades de inteligencia que por su propia naturaleza necesitan del secreto oficial, el Gobierno debe confirmar si es cliente de la empresa israel¨ª NSO Group, desarrolladora del spyware (programa de espionaje) supuestamente utilizado. El programa, de nombre Pegasus, es un potente software de espionaje que infecta los tel¨¦fonos por control remoto. Una vez accede al m¨®vil, el esp¨ªa puede ver toda la informaci¨®n del tel¨¦fono, escuchar conversaciones e incluso activar la c¨¢mara o el micr¨®fono sin ser detectado. El nivel de intrusi¨®n es absoluto. La empresa asegura que solo vende su tecnolog¨ªa a gobiernos y ¨²nicamente para ser utilizada en investigaciones de terrorismo y crimen organizado. Por grave que fuera el desaf¨ªo constitucional que se materializ¨® durante el mes de octubre de 2017, si es que esa es la raz¨®n del espionaje, no se puede enmarcar en esos supuestos. Amnist¨ªa Internacional asegura que ya pidi¨® informaci¨®n al Gobierno sobre el uso de Pegasus por parte del CNI en octubre de 2020 y que este respondi¨® que se trata de informaci¨®n clasificada. El Congreso merece una respuesta mejor que esa.

Entre las v¨ªctimas del espionaje est¨¢n los l¨ªderes de organizaciones civiles que agitaron el desaf¨ªo independentista de 2017 y personas sin responsabilidad alrededor de los dirigentes catalanes, pero tambi¨¦n miembros del Gobierno catal¨¢n (entre ellos, los ¨²ltimos cuatro presidentes de la Generalitat), parlamentarios y eurodiputados. Esta circunstancia deber¨ªa ser suficiente para que el Gobierno de Espa?a no se inhiba del esc¨¢ndalo, pues se trata de los representantes del Estado en Catalu?a. La exigencia de explicaciones por parte del presidente de la Generalitat est¨¢ justificada.

En un plano m¨¢s amplio, los gobiernos y las autoridades europeas no pueden dilatar m¨¢s una regulaci¨®n sobre el uso de estas herramientas de spyware en un mundo en el que sus ciudadanos est¨¢n permanentemente conectados al m¨®vil. La indefinici¨®n crea agujeros negros de derechos humanos elementales como la libertad de expresi¨®n y de movimiento o el derecho a la privacidad. Las v¨ªctimas se cuentan ya por miles, y van desde jefes de Gobierno hasta Jeff Bezos o periodistas en reg¨ªmenes de dudosa calidad democr¨¢tica, como en El Salvador. La investigaci¨®n p¨²blica es el primer paso para acabar con los abusos.