La decisi¨®n del Rey

La publicaci¨®n el lunes por parte del rey Felipe VI de su patrimonio y las cantidades que figuran en sus cuentas significa un paso incuestionable hacia la transparencia que buena parte de la sociedad demanda de la instituci¨®n. Una decisi¨®n personal y sin precedentes en Espa?a. Al d¨ªa siguiente, ayer martes, el Consejo de Ministros aprob¨® un decreto que reestructura la Casa del Rey con el objetivo de refrendar la iniciativa del Monarca y satisfacer as¨ª la exigencia de ¡°transparencia y ejemplaridad¡± que expres¨® la Casa del Rey al hacer p¨²blico el patrimonio. El objetivo final no puede ser otro que mejorar la credibilidad y la aclimataci¨®n de la monarqu¨ªa a una sociedad que exige leg¨ªtimamente claridad informativa sobre el dinero p¨²blico, su uso y su destino. Reforzar esa credibilidad de la Corona es la mejor respuesta posible ante la erosi¨®n a la que ha sido sometida por el comportamiento del anterior titular, Juan Carlos I, tras el archivo de las causas abiertas por la Fiscal¨ªa contra ¨¦l. El paso dado el lunes por Felipe VI confirma la orientaci¨®n en el mismo sentido modernizador de otras decisiones adoptadas por ¨¦l en relaci¨®n con el funcionamiento interno de su casa: el Rey aprob¨® una normativa sobre los regalos que pueden aceptar los miembros de la Familia Real y adopt¨® un c¨®digo de conducta para el personal que trabaja en la Jefatura del Estado, adem¨¢s de hacer p¨²blica informaci¨®n detallada sobre el presupuesto de la Zarzuela, incluidos los sueldos de la Familia Real y sus altos cargos. La decisi¨®n de que Juan Carlos I mantenga su residencia en el extranjero tampoco es ajena a Felipe VI.

El decreto aprobado ayer por el Gobierno convierte en normativas para la Corona todas las medidas de transparencia que Felipe VI ha adoptado para su Casa desde que es Rey. Pero adem¨¢s establece por primera vez que el Tribunal de Cuentas podr¨¢ fiscalizar sus cuentas, como hace con el resto de las instituciones del Estado. Esta auditor¨ªa externa ser¨¢ remitida a la Casa del Rey ¡ªque podr¨¢ hacerla p¨²blica, aunque nadie ha precisado que vaya a ser a as¨ª¡ª pero no al Congreso de los Diputados, como el resto de informes del Tribunal de Cuentas, porque ser¨ªa inconstitucional seg¨²n el Gobierno. De acuerdo con el decreto, tambi¨¦n se regulan las contrataciones de la Casa del Rey y sus altos cargos deber¨¢n publicar su declaraci¨®n de bienes tanto al principio como al final del desempe?o de su cargo, como en el resto de la Administraci¨®n.

La combinaci¨®n de la iniciativa del Rey y la del Gobierno acerca a la instituci¨®n a los est¨¢ndares de transparencia, eficacia y control exigibles en una sociedad democr¨¢tica. La norma aprobada no llega a ser en propiedad una regulaci¨®n de la Corona y no agota el proceso de renovaci¨®n que necesita la monarqu¨ªa parlamentaria en materia del estatuto de la heredera o la discriminaci¨®n en el acceso al trono, ni en el tema central de la inviolabilidad del Rey, asuntos todos ellos que precisan de una reforma de la Constituci¨®n, siempre aplazada en este pa¨ªs y a la que no ayuda la polarizaci¨®n exacerbada que vivimos en estos momentos. No obstante, tampoco ayuda en la b¨²squeda de espacios para el debate entre diferentes que se excluya de informaci¨®n previa sobre cualquier reforma de la Corona a partidos con representaci¨®n leg¨ªtima en el Congreso de los Diputados. Felipe VI es rey de todos los espa?oles, tambi¨¦n de aquellos que pol¨ªticamente aspiran a otra forma de Estado. El d¨ªa de su proclamaci¨®n, Felipe VI expres¨® ante las Cortes su creencia en ¡°una monarqu¨ªa renovada para un tiempo nuevo¡±. Siete a?os despu¨¦s de su proclamaci¨®n en 2014, Felipe VI ha reforzado a la instituci¨®n con medidas coherentes con ese objetivo.