La nueva ley del aborto

El anteproyecto de la nueva ley del aborto y salud menstrual aprobado el martes por el Consejo de Ministros reafirma un objetivo social de amplio alcance: remover los obst¨¢culos que persisten para la pr¨¢ctica del derecho al aborto en el sistema p¨²blico de salud y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. El proyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no logra todos los objetivos fijados en el borrador publicado hace unos d¨ªas, pero s¨ª logra devolver derechos cercenados por el PP en la reforma que hizo de la ley de 2010 aprobada por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. La devoluci¨®n a las mujeres de 16 y 17 a?os de la libertad de decidir la interrupci¨®n del embarazo sin que sea obligatoria la autorizaci¨®n de los padres tras la primera solicitud atiende a una realidad oculta y casi siempre dolorosa. La eliminaci¨®n de los tres d¨ªas de reflexi¨®n de la reforma del PP tambi¨¦n devuelve la responsabilidad a las mujeres y ambas medidas aspiran a aliviar la presi¨®n familiar, la coerci¨®n social e incluso religiosa para que puedan ser ellas mismas quienes decidan mantener el embarazo o no. El tufo paternalista que desprende la exigencia de pens¨¢rselo tres d¨ªas, tras una decisi¨®n que es siempre angustiosa y meditada, retrotrae a otras ¨¦pocas. Por lo dem¨¢s, la ley mantiene los plazos y los supuestos en los que se puede abortar en Espa?a (aborto libre, hasta la semana 14, y por causas m¨¦dicas, hasta la 21), una cuesti¨®n sobre la que el consenso social es tan alto que el PP renunci¨® a modificarla incluso teniendo mayor¨ªa absoluta. La recurri¨® al Tribunal Constitucional y se espera para este mes de junio el fallo del tribunal 12 a?os despu¨¦s de su entrada en vigor.

La experiencia y las denuncias de muchas mujeres han demostrado en este tiempo que persisten los obst¨¢culos para el derecho al aborto en demasiados sitios de Espa?a. Hasta ahora, el 85% de las intervenciones, unas 74.000 al a?o, se derivan a la sanidad privada ante la falta de profesionales en la p¨²blica dispuestos a practicarlas. Por eso, la ley se propone mejorar los equipos m¨¦dicos de las comunidades aut¨®nomas para que las mujeres no se vean obligadas a largos desplazamientos por falta de personal en sus propias zonas de residencia. En segundo lugar, y m¨¢s importante, promueve la creaci¨®n de un registro que impedir¨¢ que un m¨¦dico que figure en ¨¦l como objetor de conciencia en la p¨²blica pueda practicar abortos en la privada.

La medida m¨¢s avanzada e innovadora de la ley en el contexto europeo afecta a la salud menstrual. La ley saca del silencio una realidad que viven cada mes en torno al 15% de las mujeres espa?olas en edad f¨¦rtil. Las bajas laborales ser¨¢n un derecho para aquellas que padecen reglas dolorosas e incapacitantes, sin l¨ªmite de d¨ªas pero con control m¨¦dico. El coste de esas bajas corresponder¨¢ a la Seguridad Social, de modo que la ley elude el riesgo de que una medida que busca mejorar el bienestar de las mujeres acabe convirti¨¦ndose en un instrumento de discriminaci¨®n laboral al recaer su coste en el empresario. La partida econ¨®mica aproximada que prev¨¦ el Ministerio para la nueva ley es de unos 104 millones de euros, incluyendo medidas menos impactantes pero fundamentales, como asegurar la educaci¨®n sexual en las distintas etapas educativas o el acceso gratuito a productos de higiene ¨ªntima para mujeres en riesgo de exclusi¨®n o recluidas en la c¨¢rcel. La ministra Montero no ha logrado, en cambio, la prevista eliminaci¨®n o reducci¨®n del IVA para esos productos, aunque ha se?alado su prop¨®sito de incorporarla a la ley de Presupuestos Generales.

En el contexto de una sociedad que ha vuelto a escuchar discursos inquietantemente involucionistas y directamente machistas, la ley corrige inercias sociales discriminatorias, aborda tab¨²s impropios de este tiempo y pretende eliminar las barreras que todav¨ªa persist¨ªan para el libre ejercicio del derecho al aborto.