El Consejo de Ministros aprueba la reforma de la ley del aborto: estos son los 24 puntos clave

No est¨¢ todo el contenido que el Ministerio de Igualdad ten¨ªa previsto, pero la reforma de la ley del aborto ha salido este martes del Consejo de Ministros despu¨¦s de seis d¨ªas de debate entre ministerios, con un c¨¢lculo aproximado para las medidas que proponen de 104 millones de euros. El Gobierno abre as¨ª la v¨ªa a la tercera reforma del derecho al aborto en Espa?a, despu¨¦s de la legalizaci¨®n en tres supuestos aprobada en 1985. La primera reforma supuso la despenalizaci¨®n total (hasta la semana 14) en la ley de plazos de 2010. La segunda la hizo el PP en 2015 y limit¨® el derecho a las mujeres con discapacidad y sub¨ªa la edad para interrumpir el embarazo sin permiso paterno de los 16 a los 18 a?os. La tercera recupera la decisi¨®n aut¨®noma de las mujeres de 16 a 18 a?os para abortar (que inclu¨ªa la norma de 2010 para determinados supuestos) e introduce como novedad la salud menstrual.

El pasado mi¨¦rcoles, el borrador del anteproyecto se filtr¨® y los acuerdos entre el ¨¢rea de Irene Montero y el resto de departamentos se tensaron en algunas cuestiones que a¨²n no estaban cerradas: las bajas para reglas incapacitantes pagadas por la Seguridad Social desde el primer momento, el permiso preparto desde la semana 36 (el ¨²ltimo mes de embarazo), la eliminaci¨®n del IVA para los productos necesarios para la menstruaci¨®n o la capacidad de los tribunales espa?oles para perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre, si son espa?oles o residen habitualmente en Espa?a.

De esos cuatro puntos del articulado, han sido los permisos para las reglas dolorosas los que se han mantenido como estaban en el texto que manejaba Igualdad. Hacienda no ha cedido ni en la eliminaci¨®n ni en la reduccci¨®n del IVA que tasa ahora a compresas, tampones y copas (el 10%) , y esta iniciativa se ha sacado del texto final ¡ªaunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo que se trabajar¨¢ para introducirlo en los Presupuestos Generales del Estado¡ª; el permiso que se concede antes de dar a luz se ha fijado finalmente en la semana 39, la ¨²ltima antes de salir de cuentas, y se ha eliminado el art¨ªculo en el que se daba potestad a los tribunales para perseguir fuera de Espa?a a las parejas que recurran al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre.

El acuerdo al que ha llegado este martes el Gobierno de coalici¨®n es solo el primer paso. Ese documento es un anteproyecto de ley que tendr¨¢ que pasar por los ¨®rganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Cuando ambos informen, volver¨¢ al Consejo de Ministros y de ah¨ª, ir¨¢ al Congreso, donde se debatir¨¢n las enmiendas que propongan los distintos grupos parlamentarios, que tendr¨¢n que llegar a acuerdos y lograr una mayor¨ªa absoluta. De ah¨ª ir¨¢ al Senado, donde tambi¨¦n previsiblemente habr¨¢ enmiendas: si hay acuerdo, podr¨¢ aprobarse; si no lo hay, deber¨¢ volver al Congreso. Aunque se tramite por v¨ªa de urgencia, como ha confirmado la ministra de Igualdad, estos tr¨¢mites supondr¨¢n meses.

Por el momento, las claves de la propuesta del Gobierno son recoger por primera vez la salud menstrual como derecho a la salud de las mujeres, establecer como formas de violencia contra las mujeres cuestiones como el aborto forzado y la esterilizaci¨®n y anticoncepci¨®n forzada, y los vientres de alquiler. Las pol¨ªticas feministas, ha afirmado Montero, son un ¡°medidor fundamental de la calidad democr¨¢tica de un pa¨ªs¡±. La normativa, seg¨²n Montero, ¡°ampl¨ªa derechos, acaba con obst¨¢culos [en el aborto], y reconoce nuevos derechos sexuales, reproductivos y menstruales para hacer m¨¢s f¨¢cil el d¨ªa a d¨ªa de las mujeres¡±.

Estos son los 24 puntos de la reforma, agrupados por grandes ¨¢reas, que Igualdad confirma que han salido del Consejo de Ministros:

Aborto

¡°Prohibir o limitar el acceso al aborto nunca ha servido para frenarlo, sino para generar m¨¢s inseguridad, sobre todo a las mujeres m¨¢s vulnerables¡±, ha recordado Montero, que ha asegurado que el trabajo del Ejecutivo ser¨¢ por un ¡°aborto libre, seguro, gratuito y la garant¨ªa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres¡±. As¨ª, el texto mantiene la ley de plazos ¡ªla que recurri¨® el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional hace 12 a?os y sobre la que, previsiblemente, el TC resolver¨¢ antes de que comience el verano¡ª, es decir, que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestaci¨®n y, a partir de ah¨ª y hasta la semana 21, podr¨¢ realizarse lo que se conoce como un aborto terap¨¦utico: una interrupci¨®n por causas m¨¦dicas, como malformaci¨®n del feto o peligro para la vida de la madre.

Adem¨¢s, recoge las siguientes novedades:

• Acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en el sistema p¨²blico a trav¨¦s de dos medidas. Una es la creaci¨®n de un registro de objetores de conciencia que garantice el derecho de los profesionales y el derecho de las mujeres, y, especifica el texto, una vez declarados objetores, estos especialistas lo ser¨¢n tanto para el ¨¢mbito p¨²blico como para el privado. La otra, afianzar equipos m¨¦dicos por comunidades aut¨®nomas para un reparto geogr¨¢fico adecuado, accesible y en n¨²mero suficiente que garanticen el aborto a las mujeres que lo necesiten lo m¨¢s cerca posible de su domicilio. ¡°Se acabaron los desplazamientos a cientos de kil¨®metros de sus casas¡±, afirman fuentes de Igualdad.

• Permiso para abortar desde los 16 a?os sin necesidad de consentimiento de madres, padres o las personas tutoras. Tambi¨¦n permiso para abortar sin necesidad de consentimiento para las mujeres con discapacidad.
• Eliminaci¨®n de los tres d¨ªas de reflexi¨®n. Las mujeres ¡°pueden pensar y reflexionar lo que necesiten, pero el Estado respeta cuando hayan tomado esa decisi¨®n y no duda cuando la han tomado¡±, ha dicho Montero sobre este punto del articulado.
• Eliminaci¨®n de la obligatoriedad de recibir un sobre con informaci¨®n sobre los recursos y ayudas disponibles en caso de continuar el embarazo. Se har¨¢ ¨²nicamente si ellas lo solicitan.
• Se incluye una baja incapacitante por interrupci¨®n voluntaria del embarazo y se incorpora la provisi¨®n de asistencia y acompa?amiento integral y especializada en estos casos.

Salud menstrual

Por primera vez en una legislaci¨®n, se introduce la menstruaci¨®n de las mujeres como parte del derecho fundamental a la salud. ¡°Va a dejar de ser un tab¨², y regulamos por primera vez en Espa?a, y somos el primer pa¨ªs de Europa, que reconocer¨¢ una incapacidad¡± para las reglas dolorosas, ¡°se acab¨® ir a trabajar con dolor y se acab¨® empastillarse antes de llegar al trabajo¡±, ha aludido Montero. Entre otras cuestiones, este cap¨ªtulo incluye:

• Bajas para las mujeres que tengan reglas incapacitantes, aquellas que no permiten hacer vida con normalidad. Ser¨¢n pagadas por la Seguridad Social desde el primer momento, no tendr¨¢ un l¨ªmite de d¨ªas, no har¨¢ falta un m¨ªnimo de tiempo previo habiendo cotizado y requerir¨¢n de diagn¨®stico y control m¨¦dicos. Se denominar¨¢ ¡°menstruaci¨®n incapacitante secundaria: situaci¨®n de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patolog¨ªa previamente diagnosticada¡±, es decir, que estar¨¢n asociadas a las patolog¨ªas que entren dentro del glosario que se ha incluido en la norma.

• Los centros educativos, los que ofrecen servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusi¨®n y las prisiones deber¨¢n ofrecer de forma gratuita los productos de higiene necesarios para la menstruaci¨®n. Y, progresivamente, todas las dependencias de los organismos p¨²blicos ir¨¢n incorporando esta medida.
• Esos productos se entregar¨¢n a quienes los necesiten sin mediaci¨®n alguna y ser¨¢n lo m¨¢s sostenibles, ecol¨®gicos y respetuosos posibles con la salud de las mujeres.

Salud reproductiva

Este cap¨ªtulo introduce el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atenci¨®n del parto ¡ªexcepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o del beb¨¦ est¨¦ en riesgo¡ª, respetando la autonom¨ªa de la mujer y su capacidad para tomar decisiones sobre los procedimientos que se le van a hacer, como episiotom¨ªas (un corte en el perineo, la zona que va de la vagina al ano), ces¨¢reas y otras intervenciones invasivas. Habla tambi¨¦n de reducir el intervencionismo y reforzar las pr¨¢cticas relativas al parto respetado y garantizar que no se separar¨¢ a la madre ni a otras personas con v¨ªnculo directo de los reci¨¦n nacidos. ?Qu¨¦ se ha introducido en este apartado?

• Permiso remunerado antes del parto, desde la semana 39 y hasta el momento del nacimiento. ¡°No consumir¨¢ ning¨²n d¨ªa del permiso de maternidad¡±, detallan desde el Ministerio de Igualdad.
• Enfoque de la salud reproductiva desde la interseccionalidad y la no discriminaci¨®n, es decir, atendiendo a todas las circunstancias de cada mujer: desde la edad hasta la situaci¨®n econ¨®mica o el origen.
• Protocolos frente al aborto, la anticoncepci¨®n y la esterilizaci¨®n forzadas, atendiendo de manera especial a las mujeres con discapacidad.

Vientres de alquiler

El borrador de la nueva norma alude a los vientres de alquiler como una de las formas de violencia contra la mujer y proh¨ªbe la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios, con sanciones para los medios de comunicaci¨®n que incluyan sus anuncios. La capacidad de los tribunales espa?oles para perseguir a las personas que recurran a vientres de alquiler fuera de Espa?a ha quedado finalmente fuera despu¨¦s de que el Ministerio de Justicia avisara de que era inviable incorporarlo, porque el C¨®digo Penal no contempla como delito los vientres de alquiler.

Fuentes del Gobierno explican que el departamento que dirige Irene Montero plante¨® varias opciones, como incluir en la ley la obligaci¨®n de las administraciones de informar de que la gestaci¨®n subrogada es delito y dar la competencia a los tribunales para investigar los casos cometidos en el extranjero por personas espa?olas o residentes en Espa?a, pero el Ministerio de Justicia advirti¨® de que ninguna de estas posibilidades era viable porque no existe un delito que castigue la gestaci¨®n subrogada, informa Reyes Rinc¨®n.

Para poder perseguir penalmente a quienes contraten un vientre de alquiler habr¨ªa que modificar el C¨®digo Penal, una opci¨®n que, seg¨²n estas fuentes, no plante¨® Igualdad ni, por ahora, ha abordado el Ejecutivo. El equipo de Montero aludi¨® durante el debate del anteproyecto a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que advierte de que los vientres de alquiler suponen una ¡°explotaci¨®n inaceptable¡± para el ni?o y la madre. Seg¨²n Igualdad, esa resoluci¨®n pod¨ªa de alguna manera abrir la puerta a castigar esta pr¨¢ctica, pero se trataba de una sentencia de la Sala Civil y su repercusi¨®n se circunscribe a este ¨¢mbito, no al penal.

Salud sexual

El borrador entiende como salud sexual ¡°el estado general de bienestar f¨ªsico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la sexualidad de las personas. Es tambi¨¦n un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de la poblaci¨®n, as¨ª como para garantizar el derecho a la salud y los derechos sexuales¡±. Introduce varios puntos, entre ellos:

• Anticonceptivos hormonales, incluidos los de larga duraci¨®n, financiados por el sistema p¨²blico, cuando se dispensen en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
• Los centros de salud distribuir¨¢n la p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s de forma gratuita y en centros de servicios de salud sexual y reproductiva. Esta pastilla cuesta actualmente alrededor de 20 euros en las farmacias.
• Dispensaci¨®n de anticonceptivos de barrera en centros educativos, los que ofrecen servicios sociales y en los centros penitenciarios, en el plazo de un a?o.
• Las p¨ªldoras anticonceptivas de ¨²ltima generaci¨®n volver¨¢n a estar cubiertas por la Seguridad Social.
• Se promover¨¢n los m¨¦todos de anticoncepci¨®n masculina, ¡°para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres¡±, explican fuentes de Igualdad.

Educaci¨®n

El documento hace hincapi¨¦ en dar un ¡°mayor peso a la educaci¨®n sexual¡±, incluyendo ¡°el respeto y fomento de los derechos sexuales en todo el ciclo vital de las mujeres, sin que est¨¦ exclusivamente vinculado al ¨¢mbito de la reproducci¨®n, la fertilidad o la maternidad¡±. La ministra Montero se ha referido a esta educaci¨®n como ¡°un derecho de los ni?os y ni?as y adolescentes¡± y ha explicado que ¡°tiene que servir para tener relaciones basadas en los buenos tratos; poner el consentimiento en el centro; cuidar que la anticoncepci¨®n tambi¨¦n es responsabilidad de los hombres; combatir las violencias machistas, como la retirada del preservativo, y la prevenci¨®n de las enfermedades de transmisi¨®n sexual¡±. Cree que esta propuesta se trata sobre decidir ¡°si los primeros aprendizajes se dan a trav¨¦s de mecanismos que no cuentan con especializaci¨®n como la pornograf¨ªa violenta o si se hace desde las instituciones¡±.

En este cap¨ªtulo hay varias cuestiones:

• La educaci¨®n sexual pasa a ser obligatoria en todas las etapas educativas. Se enfocar¨¢ desde el consentimiento y las relaciones fomentadas en los buenos tratos.
• Se crear¨¢n centros p¨²blicos de atenci¨®n especializada en salud sexual y reproductiva y una l¨ªnea de atenci¨®n telef¨®nica.
• Se formar¨¢ de manera espec¨ªfica en educaci¨®n sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, trabajadores y trabajadoras p¨²blicos.
• Incorporaci¨®n de contenidos de calidad, adaptados y suficientes sobre salud, derechos sexuales y reproductivos en las carreras relacionadas con las ciencias jur¨ªdicas, las ciencias de la educaci¨®n, las ciencias sociales y en los curr¨ªculos de oposiciones vinculadas a estas.