Madres protectoras o la privatizaci¨®n de la justicia

Las peores formas de privatizaci¨®n son las que no se ven ni se declaran. Ponen lo que es de todos al servicio de un inter¨¦s particular. Lo que debe proteger de los abusos del poder se convierte en una herramienta para realizar esos abusos. Algunas formas de esta privatizaci¨®n il¨ªcita ¡ªes decir, corrupci¨®n¡ª se hacen a escondidas: por ejemplo, los intentos de obstaculizar las investigaciones sobre la G¨¹rtel. De otras hasta se presume. Escandalizarse porque las cuentas institucionales en las redes sociales hagan propaganda pol¨ªtica parece anacr¨®nico. Pero incluso a quien desprecia el decoro deber¨ªa preocuparle que, al ver lo que se hace a pleno sol, se extienda la sospecha sobre lo que no se ve. En Catalu?a admitimos que el imperio de la ley no rija, y quienes m¨¢s creen en el Estado ¡ªen sus leyes, en sus procesos democr¨¢ticos¡ª son quienes m¨¢s pueden quejarse de que les ha abandonado.

Pero como mejor funciona la privatizaci¨®n es cuando se identifica con una causa noble. Esa causa, cuando se convierte en un dogma, justifica que los periodistas no contrasten, que los procedimientos se desprecien y que las cautelas deontol¨®gicas o democr¨¢ticas se suspendan. Permite tambi¨¦n la interferencia en la justicia. Es lo que ha ocurrido en el caso del indulto a Mar¨ªa Sevilla, exasesora de Podemos y expresidenta de la asociaci¨®n oximor¨®nicamente denominada Infancia Libre, condenada por sustracci¨®n de menores a dos a?os y cuatro meses de c¨¢rcel y cuatro a?os sin patria potestad. Al conmutar la p¨¦rdida de patria potestad por 180 d¨ªas de trabajo comunitario, el Ejecutivo hizo algo legalmente muy discutible: el indulto afectaba a una tercera persona. Seg¨²n la ministra de Igualdad, el indulto a una secuestradora era una victoria del feminismo. Era una madre protectora criminalizada a base de sospechas, dec¨ªa, cuando hab¨ªa una sentencia firme y unos hechos probados. La ministra extend¨ªa sospechas sobre el padre; una periodista lo acus¨® en la televisi¨®n p¨²blica, sin pruebas, de abusos. El Gobierno en su conjunto es responsable de la medida; una ministra celebra la decisi¨®n negando el delito. La medida tiene algo de autoindulto y, como ha escrito Rafael Latorre, es ¡°furiosamente antidemocr¨¢tica¡±. Nadie a quien le importe el feminismo deber¨ªa permitir que se use de ese modo. Y nadie a quien le importen el Estado de derecho y la protecci¨®n del menor deber¨ªa celebrarlo. @gascondaniel