Multa a las constructoras

La semana pasada, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanci¨®n r¨¦cord a algunas de las principales empresas constructoras y de infraestructuras de nuestro pa¨ªs, acusadas de mantener, durante a?os, un sistema de negociaciones y de acuerdos entre ellas dirigidos a alterar el precio de las licitaciones de obra p¨²blica a trav¨¦s del reparto de contratos. La CNMC mantiene, desde hace a?os, una campa?a espec¨ªfica contra las pr¨¢cticas colusorias en la contrataci¨®n p¨²blica, dirigida no solo a mejorar las condiciones de competencia de ese mercado, sino tambi¨¦n a aligerar el coste de dichas contrataciones en el erario. Los acuerdos de este tipo son considerados un cartel y, como tal, suponen una infracci¨®n muy grave de la normativa europea y espa?ola sobre competencia. De acuerdo con los datos de la CNMC, este tipo de pr¨¢cticas en la contrataci¨®n p¨²blica suponen un sobrecoste de 40.000 millones de euros anuales, esto es, alrededor del 3% del producto interior bruto. La eliminaci¨®n de estos sobrecostes supondr¨ªa no solo un ejercicio de integridad de los mercados, sino tambi¨¦n de ahorros p¨²blicos que, en un pa¨ªs con un alto d¨¦ficit y una abultada deuda, no podemos permitirnos obviar.

Que esta pr¨¢ctica haya sido utilizada por grandes empresas debe ser tambi¨¦n motivo de doble reproche, pues, aparte del da?o que generan en nuestro mercado interior y en las cuentas p¨²blicas, ejercen un importante efecto lesivo sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, y contribuye a magnificar la imagen del capitalismo depredador de aquellos recursos con los que cuenta el Estado. Que estas grandes empresas, con presencia p¨²blica, se al¨ªen para subir los precios de lo que pagamos entre todos es una pr¨¢ctica ilegal y ¨¦ticamente condenable y, como tal, debe ser intensamente perseguida y castigada.

La mec¨¢nica de trabajo de la CNMC llevar¨¢, sin duda alguna, a que estas empresas busquen eludir las sanciones en los tribunales de lo Contencioso-administrativo, donde ya han muerto una parte de sus actuaciones por diversos motivos, incluyendo el de la diferente apreciaci¨®n de los hechos probados que, en ocasiones, realizan la Comisi¨®n y esta sala de la Audiencia Nacional. Para evitar que esto ocurra en el futuro, sin erosionar los derechos de los sancionados a su defensa y a la tutela judicial efectiva, es necesario dotar a la Comisi¨®n de los recursos necesarios para que su eficacia inspectora y sus procedimientos sancionadores sean m¨¢s efectivos y garantistas, pues la b¨²squeda de indicios y pruebas en los procedimientos de pr¨¢cticas anticompetitivas es muy compleja y requiere de recursos humanos y organizativos que no se pueden suplir con el compromiso de una plantilla insuficiente. El dinero que Espa?a destine a fortalecer las funciones y capacidades de la CNMC ser¨¢ dinero bien invertido y traer¨¢ resultados a medio plazo, con mercados m¨¢s competitivos, ahorros en la contrataci¨®n p¨²blica e instituciones m¨¢s s¨®lidas. Debe, en ¨²ltima instancia, la Administraci¨®n p¨²blica preguntarse si es posible mejorar los mecanismos de contrataci¨®n y vigilancia de las licitaciones p¨²blicas para que estos casos no se vuelvan a repetir.